La Coordinadora de Organizaciones Populares de Jujuy denunció la criminalización y persecución política contra luchadores sociales, por parte de la gobernación provincial. La entidad expresó en un comunicado que el gobernador Gerardo Morales “despliega la violencia institucional y la persecución política sobre organizaciones sociales”. La coordinadora está integrada por el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Polo Obrero Tendencia, Rebelión Popular, Movimiento Resistencia Popular y FOB La Libertaria.
Les denunciantes fundamentan su postura con el argumento de que durante la última semana “diferentes organizaciones sociales hemos recibido intimaciones, como muestra de hostigamiento, haciéndose un uso inconstitucional de la justicia”. Desde la Coordinadora, sostienen que las irregularidades “se expanden a imputaciones por delitos de contravención, luego de ejercer el derecho legítimo a la protesta y el derecho de libertad de expresión”.
Activistas que recibieron contravenciones
Hebert Lima es uno de les referentes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y relató a Nota al Pie: “La semana pasada hemos participado de una movilización en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Como consecuencia de eso se imputó a cuatro compañeros”.
El líder social señaló que “esto es un hostigamiento hacía los pobres; se trata de maniobras del gobierno de Morales para criminalizar a quienes alzamos la voz para denunciar la desocupación y el hambre”.
Similar panorama describió José Chocobar, integrante de Barrios de Pie Jujuy. “No solo las organizaciones sociales y políticas estamos sufriendo la persecución, también las sindicales”, señaló el referente.
Asimismo, indicó que “inclusive, el año pasado cuando los colectivos de mujeres salieron a reclamar por los femicidios, también sufrieron represión”. Al respecto, indico que “a la madre de una de las chicas que asesinaron, le hicieron una contravención por organizar marchas y por querer colgar unos carteles al cumplirse un año del asesinato de su hija”.
Según el entrevistado, la totalidad de estos acontecimientos podrían no responder a situaciones aisladas sino que podrían ser parte de una acción conjunta planificada. “La metodología que está usando Morales para resolver los problemas es meter miedo”, afirmó Chocobar. En este sentido, agregó: “No sabemos si es por su impotencia para resolver los problemas de la provincia; o si es algo que quiere instalar y que se consolide como forma de gobierno”.
Inspecciones gubernamentales en espacios comunitarios
La emisión de contravenciones no es la única medida que objetan las organizaciones sociales de Jujuy. También observan con desconfianza la reciente implementación de visitas de funcionarios gubernamentales a los espacios comunitarios. Según señalan, esa concurrencia se está dando con gran frecuencia en el último tiempo.
Herbert Lima relató que “desde hace tres semanas hemos notado una presencia atípica de funcionarios de diversos ministerios que se presentan constantemente en nuestros espacios tales como comedores, talleres educativos y actividades deportivas”. Al respecto, indicó que “en las últimas dos semanas hemos tenido tres inspecciones por parte del Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy. Y hemos tenido otras inspecciones por parte de funcionarios para ver si efectivamente cumplimos nuestra tarea”.
A su vez, relató: “Esos controles los sorteamos tranquilamente porque trabajamos y hacemos aquello que decimos que hacemos”. Sin embargo, cuestionó la naturaleza de esas inspecciones ya que “en el marco de cédulas de notificación, contravenciones y demás, cierra un cuadro de persecución”.
Esa mirada es compartida por José Chocobar, quien aseguró: “Lo de los funcionarios que van a apretar a las personas que trabajan en los centros comunitarios es una realidad también. Es algo que se vio mucho durante la campaña electoral y se está viendo ahora cerca de las fechas de fin de año”. El referente de Barrios de Pie Jujuy también sugirió la posible causal del hostigamiento.
“Nosotros salimos a denunciar el clientelismo porque la gobernación tiene un programa que se llama AsisteyReactiva que lo único que hace es bajar de manera discrecional recursos a sus aliados”, explicó. Según el referente comunitario, “se trata de gente que tienen trabajando para ellos pero que no hacen ningún trabajo social real”.