martes 7 de mayo de 2024

Desalojos violentos a la comunidad indígena de Bajo Hondo

La Comunidad Yaku Kachi de Bajo Hondo resiste el desalojo tras el accionar violento de la policía provincial.
Desalojo Foto Facebook Mocase
Descomunal despliegue policial. Créditos Facebook Mocase, Vía Campesina.

La Infantería provincial, con una orden de la jueza Falcó de 2019 con más de 50 efectivos trata de desalojar la Comunidad Yacku Cachi; del pueblo Guayacurú en el Bajo Hondo en la provincia de Santiago del Estero. La comunidad resiste el desalojo. “De nuestro territorio no nos movemos”, afirmaron.

Con el apoyo de más de 300 vecines de la zona, resisten desde hace más de 10 horas y exigen a la jueza  Rosa Falco y al Comisario Marcelo Pato, que suspendan el desalojo. “Serán los responsables de cualquier daño que sufran los niños y niñas que viven en el lugar; violando la convención internacional de sus derechos con rango constitucional”, declararon.

Acompañan Organismos de DDHH

Acompañan el pedido los organismos nacionales de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, la Secretaría De Derechos Humanos de la Nación, la Secretaría de Agricultura familiar Campesina Indígena de la Nación. “Piden la suspensión por clara violación de la Ley 26.160 y al derecho constitucional que protege las Comunidades Indígenas”, aclararon mediante un comunicado desde la organización Mocase Vía Campesina.

También informaron que “de manera violenta han sacado a dos de las familias del territorio comunitario, tirando en el camino todas sus pertenencias; pero ya hemos tomado la decisión de no dejar desalojar ninguna familia más”. 

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Piden la suspensión del desalojo. Créditos: Facebook Mocase Vía Campesina.

Despliegue policial descomunal

Además detallaron que: “El despliegue policial es descomunal, abusivo y busca meter miedo a las comunidades organizadas. Están violando claramente los derechos de las niñas, niños y adolescentes plasmados en el Ley Nacional de Protección integral, y la Convención Internacional de la Infancia con rango constitucional”.

Por su parte la Presidenta del INAI, Dra. Magadalena Odarda, solicitó a la jueza Rosa Falco que suspenda de forma inmediata el desalojo por ser contra la Ley Nacional 26.160 de Relevamiento Territorial de los pueblos originarios (a la cual adhiere la provincia) y de los derechos constitucionales de los mismos.

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