El 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Fue declarado por la Convención Internacional de las Naciones Unidas en el año 2011. Tiene el fin de proteger a todas las personas víctimas de este delito que vulnera múltiples derechos. En Argentina hubo una larga lucha llevada a cabo por organismos de Derechos Humanos. Se buscó condenar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, en la década del 70. Pero en la actualidad continúa la represión a los sectores populares y más vulnerables. Hubo más de 200 desapariciones en democracia vinculadas a las Fuerzas del Estado o a otras organizaciones.
¿Qué es una desaparición forzada?
El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos explica que “la desaparición forzada es un secuestro, un arresto, una detención, o cualquier otro acto que, además de quitarte la libertad, te priva de la protección de un juez al no informar ni dónde estás ni tu situación”. Tanto si lo hace un representante del Estado o un grupo de personas con o sin apoyo del Estado: “Siempre es un delito y se considera un crimen de lesa humanidad”, sostienen.
Desde la Organización de las Naciones Unidas explican que la desaparición forzada se usa a menudo como estrategia para infundir el terror en les ciudadanes.
Asimismo, no afectan únicamente a una región concreta, sino a todo el mundo. Este delito no se produce solamente en las dictaduras militares. Puede perpetrarse en situaciones complejas de conflicto interno. Además, se utiliza como método de represión política de les oponentes.
Desde el organismo internacional manifiestan su preocupación por el acoso a les defensores de los derechos humanos y a parientes de las víctimas; del acoso a testigues y abogades que se ocupan de los casos de desaparición forzada; y del uso por los Estados de la lucha contra el terrorismo, como excusa para no cumplir sus obligaciones. En especial, preocupa la impunidad generalizada por la práctica de la desaparición forzada.
Criminalización de las víctimas de desapariciones
Desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) denuncian hace años las muertes a manos del aparato represor. Estas no son sólo las que suceden en situación de represión a la protesta social, o hacia sectores organizados; sino también las que ocurren en los barrios, cárceles y comisarías.
Es decir, “cuando detienen personas arbitrariamente o por una contravención, que termina en asesinatos, y en los casos de gatillo fácil”. Además, dichas prácticas se descargan de manera indiscriminada sobre les más pobres y en particular les más jóvenes.
Al respecto, sostienen que “estos hechos tienen la característica de estar más invisibilizados que los primeros, y menos juzgados. No sólo en el ámbito jurídico, sino también en el de la opinión pública”. Y que “la atención se posa sobre la víctima para criminalizarla. Utilizando como argumentos la zona donde viviera, si consumía drogas, si robaba y otras acciones que no legitiman que se las mate”.
¿Qué hacer ante una desaparición?
Algunas recomendaciones que hacen desde CORREPI en casos de desaparición de una persona son:
- Realizar la denuncia inmediatamente en la Fiscalía más cercana; no hace falta esperar 48 horas.
- Llamar al 145, Programa de Rescate de víctimas de Trata.
- Comunicarse con los hospitales cercanos y con amistades, familiares y compañeres de la persona.
- Difundir la búsqueda por las redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter).
- Contactar a agrupaciones que acompañen la situación.
En el caso de sospechar que la persona desaparecida pudo haber sido detenida por las fuerzas de seguridad, hay que llamar al Centro de Orientación de Personas de la Policía (COP); acercarse a la comisaría y hablar con el Oficial o Jefe de Servicio. En el caso de que en la Comisaría digan que la persona no está, pero se sabe que la Policía se la llevó, es necesario presentar un Hábeas Corpus en el Juzgado de turno.