El diputado de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, presentó este miércoles 10 de abril un proyecto de ley que afecta las tierras ancestrales de las comunidades indígenas del país. La iniciativa lleva por título «Derogación de la Prórroga de entrega de Tierras a Comunidades Indígenas y Nulidad de lo actuado».
Como indica el nombre del proyecto, el diputado busca eliminar derechos conquistados por los pueblos indígenas, abriendo paso a negocios y explotación de los recursos naturales argentinos. Las empresas interesadas en su mayoría son de origen extranjero, como South American Salars y Lithium One.
La propuesta de Pichetto
La propuesta legislativa busca revocar el Decreto de Necesidad y Urgencia 805/2021, emitido durante la gestión de Alberto Fernández. Este DNU abordaba la cuestión de las tierras indígenas, prorrogando el derecho de ocupación hasta el 23 de noviembre de 2025.
Además, en su artículo 6, de forma retroactiva, establece la anulación de las acciones del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y de futuras entidades con funciones similares.
En línea con esto, el organismo no estaría autorizado para declarar o disponer derechos sobre territorios, ya sean públicos o privados, en favor de comunidades sin personería jurídica y sin la intervención de las partes afectadas.
Asimismo, no tendría la capacidad de reconocer la personería jurídica de comunidades indígenas sin la previa intervención de la provincia en cuyo territorio se encuentran.
Normas legislativas que visibilizan el derecho indígena
La población indígena argentina logró conquistar distintos derechos en el tiempo. Parte de sus pilares se establecen en la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, donde se reconoce la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que históricamente ocupan las comunidades indígenas.
Además, a través de la Ley Nacional Nº 26.160, se estableció la realización de un relevamiento técnico, jurídico y catastral. Este proceso posibilita el reconocimiento de la titularidad y dominio de las tierras de los pueblos indígenas. Asimismo, esta ley estableció el derecho de posesión como una medida de emergencia.
En la misma línea, se encuentra la Ley Nacional N° 24.071, la cual establece que los gobiernos deben adoptar las medidas necesarias para identificar las áreas que las comunidades interesadas ocupan tradicionalmente y garantizar la efectiva protección de sus derechos de propiedad y posesión.
El trasfondo del proyecto de ley
Ahora bien, la búsqueda del desplazamiento de las comunidades indígenas hacia los márgenes de la sociedad está motivada por intereses económicos. Esto se acompaña de un ferviente darwinismo social arraigado en la derecha argentina y, por supuesto, también en la cosmovisión de una gran parte de la población.
De esta manera, Pichetto anunció en la red social X, que presentó el proyecto de ley para eliminar las prórrogas a la Ley 26.160, lo que, según él, detendría “los reclamos y la usurpación de tierras por parte de pueblos pseudo originarios”.
Sin embargo, la problemática de los pueblos originarios tiene una larga historia. Uno de los casos más recientes ocurrió en 2023, cuando el INAI ratificó el derecho de posesión de la comunidad mapuche Lof Limay Kuref, ubicada en la localidad de Los Molles, provincia de Mendoza.
En aquel momento, el ex gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, se opuso a la decisión del INAI e intentó que fuera declarada inconstitucional. En ese marco, expresó su desacuerdo vía Twitter, donde manifestó que el reconocimiento de las tierras mapuches implicaba detener el desarrollo hidrocarburífero, turístico, laboral e inversiones en el sur de Mendoza. Básicamente, el problema era que no se podrían realizar negocios con los pozos de petróleo ubicados en la zona
La postura del ex funcionario radical desató un gran conflicto con las comunidades Kollas y Atacama, que ocupan los territorios ancestrales del Salar de Olaroz y Salinas Grandes.
El caso de Jujuy y Catamarca
Argentina es uno de los tres países con mayores reservas de litio en el mundo, lo que despierta el interés de empresas privadas y extranjeras en la exploración y explotación de este recurso. En este proceso también participan los gobiernos provinciales. Un ejemplo reciente es el conflicto desatado en junio de 2023, cuando el Gobierno de Jujuy avanzó contra las comunidades de la zona en pos de la explotación de litio.
Es importante recordar las masivas movilizaciones que fueron brutalmente reprimidas por el gobierno provincial de Gerardo Morales. El funcionario buscaba imponer una reforma constitucional que permitiría el desalojo de “propiedades privadas no consentidas”, el control absoluto de los recursos naturales de la provincia y la limitación del derecho a protestar. ¿Te suena familiar?
De manera reciente, también se conoció sobre la represión y el hostigamiento que sufre la comunidad diaguita Peñas Negras, en Catamarca. Los miembros de esta comunidad denunciaron que la violencia proviene de los empleadores de la compañía minera, Elevado Gold, y está respaldada por la policía provincial.
En ese marco, en un intento de ingresar de manera forzosa al territorio ancestral para realizar estudios de prospección, la empresa desató un ataque policial contra algunos habitantes diaguitas, como el caso de Félix Escalante, de 80 años.