La Multisectorial Federal por la Democratización del Poder Judicial pidió el juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Integrada por diversas agrupaciones sociales, políticas y gremiales, la Multisectorial invocó diez razones que consideran causales de “mal desempeño”. Sugieren que las sentencias de los cuatro miembros de la CSJN lesionan la democracia y piden su destitución.
Multisectorial federal por la Democratización del Poder Judicial
La Multisectorial surge a partir del #1F, la manifestación que se realizó el primero de febrero frente al Palacio de Tribunales y sede de la Corte Suprema. Referentes de derechos humanos, asociaciones judiciales y organizaciones políticas y gremiales se concentraron en la porteña Plaza Lavalle. El objetivo estuvo puesto en reclamar cambios en el Poder Judicial y la CSJN. “Basta de impunidad” y “Fin del lawfare” fueron las principales consignas para transformar el sistema judicial, en general, y la Corte Suprema, en particular.
La movilización se replicó en treinta ciudades del país, dando un salto de escala. La convocatoria fue un éxito y esas mismas organizaciones sociales y políticas definieron crear la Multisectorial Federal por la Democratización del Poder Judicial.
El propósito es darle continuidad y organicidad a los reclamos. El espacio se propuso lanzar próximas iniciativas y acciones para reforzar el planteo democratizante del Poder Judicial. Así como también reafirmar el carácter plural, diverso, horizontal y federal de las convocatorias.
El Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas y el cura Francisco “Paco” Olveira firmaron el documento presentado por la Multisectorial. La CTA, Justicia Legítima, y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) son algunas de las organizaciones que conforman la mesa de trabajo que busca democratizar la Justicia.
Mal desempeño de la Corte Suprema
En esta ocasión, la Multisectorial firmó un pedido de juicio político a la Corte Suprema de Justicia de la Nación por “mal desempeño”, de acuerdo a diversas sentencias que consideran ilegítimas. El colectivo presentó diez razones concretas y agregaron que esas conductas tuvieron “consecuencias en el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que garantiza la Constitución Nacional para todos los habitantes del país”.
Las causales comprenden desde el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura hasta el que definió la aplicación del “dos por uno” para condenados por delitos de lesa humanidad. “Son las sentencias el factor esencial para el juzgamiento de los miembros de esta Corte”, resumieron desde la Multisectorial; y argumentaron que su accionar no se desarrolla conforme al derecho, sino a intereses particulares.
El documento menciona, entre otras cuestiones, que el Ministro de la Corte, Carlos Rosenkratz, votó en fallos en lo que eran parte algunas de las empresas a las que representaba cuando era abogado raso. Asimismo, desde el espacio cuestionan la tolerancia del tribunal a la denominada “doctrina Irurzun”.
Estos preceptos legitimaron la detención preventiva de dirigentes y ex funcionarios del gobierno kirchnerista. Tal doctrina está inspirada en el juez Martín Irurzun; y se fundamenta en la teoría de la Cámara Federal de que quienes habían ocupado cargos públicos tenían un poder residual que los convertía en sospechosos.
Presentación al congreso
Además, el escrito rechaza la transferencia de la Oficina de Escuchas que realizó el gobierno macrista. Estas escuchas hicieron públicas conversaciones que excedían los objetos de investigación. El documento fue llevado por el colectivo a la Cámara de Diputados. Allí, será trabajado por la Comisión de Juicio Político, presidida por la diputada Carolina Gaillard del Frente de Todos. La iniciativa también pone en evidencia el conflicto de intereses en el propio frente de gobierno, donde hay diferentes posiciones sobre la situación del Poder Judicial.