
La Confederación Sindical Internacional (CSI) publicó un nuevo Índice Global de Derechos, en el que sostiene que Argentina está entre los 10 peores países para los trabajadores tras su descenso a la categoría 5. De este modo, el país presenta un deterioro en su calificación por segundo año consecutivo. De acuerdo a la central sindical, “las condiciones para los trabajadores y los sindicatos se han vuelto cada vez más represivas y hostiles” bajo el gobierno de Javier Milei.
Respecto a la gestión de La Libertad Avanza (LLA), la CSI señala que “desde que llegó al poder en 2023, Milei ha impulsado una agenda antisindical que debilita los derechos de los trabajadores en favor del sector privado, desde el desmantelamiento de las estructuras de diálogo social hasta reformas laborales que socavan a los negociadores sindicales y el derecho a la protesta”.
En ese sentido, la confederación advierte que los resultados de 2026 reflejan una erosión global de los principios democráticos impulsada por gobiernos autoritarios y sectores económicos concentrados, que buscan debilitar los derechos laborales, la organización sindical y la negociación colectiva. En el caso de Argentina, la CSI describió a la Ley de Reforma Laboral como un “ataque directo a los derechos fundamentales de los trabajadores, fundamentado en un marco ideológico que trata el trabajo como un costo a minimizar en lugar de un derecho humano protegido por la Constitución y los tratados internacionales”.
Además, la central sindical hizo hincapié en las órdenes de represión de las protestas que le dan a las fuerzas de seguridad “amplios poderes para usar la fuerza y la amenaza de demandas por daños y perjuicios como medida disuasoria contra las manifestaciones legítimas, incluidas las huelgas en zonas “productivas””. Y detalla que, a lo largo del año pasado, la represión estatal provocó lesiones a al menos 1350 personas.
El informe no solo menciona las medidas restrictiva contra la protesta social, sino que también destaca interferencias en asuntos sindicales, despidos antisindicales y un creciente deterioro de las garantías para el ejercicio de los derechos laborales.
En este marco, las tres centrales sindicales de Argentina (CTA-T, CTA-A y CGT) anunciaron que denunciarán la situación ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Conferencia Internacional del Trabajo. “Desde el movimiento sindical consideramos que este informe constituye una seria advertencia sobre las consecuencias de las políticas impulsadas por el gobierno de Javier Milei. Los ataques a los sindicatos, a la negociación colectiva y al derecho a la protesta no sólo afectan a las y los trabajadores: también erosionan la calidad democrática”, expresaron.
Con el respaldo de la Confederación Sindicales de las Américas (CSA) y de la CSI, las centrales sindicales informaron que llevarán esta situación ante la OIT, “reafirmando nuestro compromiso con la defensa de los derechos laborales, la libertad sindical y la democracia”.

