Ese día, Manuel Adorni, jefe de Gabinete, exvocero presidencial y protagonista involuntario del escándalo patrimonial que sacude al gobierno, deberá presentarse en el Senado. Primero para ser interpelado. Luego, si sus explicaciones no convencen, para enfrentar una moción de censura que podría sacarlo del cargo. Y todo eso, en tiempo récord, sin antecedentes en la historia constitucional argentina desde que la figura fue incorporada en la reforma de 1994.
Lo que ocurrió el miércoles no fue simplemente una postergación administrativa. Fue una derrota política que el gobierno intentó disimular con gestualidad en redes sociales y con un acuerdo de último momento que, en rigor, no hizo más que aplazar lo inevitable.
Y en ese aplazamiento, emergió con claridad una tensión que lleva semanas cocinándose a fuego lento: la disputa interna entre La Libertad Avanza y el PRO, con Patricia Bullrich como figura bisagra y con los operadores del llamado Círculo Rojo moviendo piezas con un objetivo que va bastante más allá del destino de un jefe de Gabinete.
El detonante: la declaración jurada de Adorni
Para entender qué pasó el miércoles en el Senado, hay que retroceder al miércoles anterior, cuando Adorni protagonizó una de las escenas más extrañas de la corta historia del gobierno libertario. Convocado por la prensa para dar explicaciones sobre el crecimiento sideral de su patrimonio, el funcionario reconoció que había omitido declarar más de medio millón de dólares en criptomonedas porque no confiaba en «la vieja política». La justificación, en boca del jefe de Gabinete de un gobierno que llegó al poder prometiendo transparencia y combate a la casta, fue recibida con una mezcla de incredulidad y sarcasmo.
Los números son contundentes: la declaración jurada de 2025 presentada por Adorni ante la Oficina Anticorrupción refleja un patrimonio total neto de 627.262.333 pesos, lo que implica un incremento nominal del 2.241% respecto de su declaración original de 2023, cuando asumió el cargo. Ajustado por inflación, ese incremento es del 415,9% real. Para justificarlo, el funcionario rectificó sus presentaciones de 2023 y 2024: en la primera incorporó criptomonedas y más de 500.000 dólares en efectivo provenientes, según dijo, de la venta de Bitcoin; en la segunda sumó el 50% de una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz; y en la correspondiente a 2025 incorporó el 50% de un departamento de casi 200 metros cuadrados en el barrio porteño de Caballito.
La presentación no calmó las aguas. Generó el efecto contrario. Adorni enfrenta actualmente dos causas judiciales: una por presunto enriquecimiento ilícito, que investiga el origen de los fondos declarados, y otra por negociaciones incompatibles con la función pública, vinculada a supuestos lazos comerciales con contratistas del Estado, entre ellos el productor Marcelo Grandío. La contradicción entre sus explicaciones públicas, en las que había asegurado que «todo está correctamente declarado”, y las rectificaciones posteriores fue la munición que la oposición necesitaba para iniciar el proceso parlamentario.
En los días siguientes, el kirchnerismo presentó en Diputados un proyecto de resolución para citar al funcionario a una interpelación, con vistas a una moción de censura. En el Senado, el Bloque Justicialista que preside el formoseño José Mayans hizo lo propio. La mancha venenosa, como la llamaron desde el propio oficialismo, había empezado a extenderse.
El mecanismo: un artículo poco conocido de la Constitución
La moción de censura no es una figura del arsenal político cotidiano argentino. Está prevista en el artículo 101 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994 junto con la figura del Jefe de Gabinete. En tres décadas, jamás llegó a aplicarse. El miércoles 18 de junio estuvo más cerca de volverse realidad que en cualquier otro momento de la historia democrática reciente.
El mecanismo es claro y, según la interpretación que primó en la reunión de Labor Parlamentaria, taxativo: no requiere mayorías especiales, no pasa por comisiones ni necesita dictámenes previos. La Constitución establece un procedimiento de dos etapas.
La primera es la interpelación: el Jefe de Gabinete debe ser citado ante el Congreso para responder preguntas y defender su gestión.
La segunda, inmediatamente posterior si así lo decide el cuerpo, es la votación de la moción de censura, que requiere mayoría absoluta, la mitad más uno de los miembros totales de cada cámara, independientemente de cuántos estuvieran presentes en la sesión, de ambas cámaras del Congreso.
Si prospera en las dos, el funcionario debe dejar su cargo.
Hay un detalle político que matiza el alcance de la figura: el Presidente podría volver a designar a la misma persona removida, dado que el mecanismo implica responsabilidad política, no judicial. Pero ese escenario, en el contexto actual, es prácticamente inimaginable.
Si Adorni llega a ser removido por el Congreso, su regreso al cargo sería una provocación institucional que ni el propio Milei, en su lógica confrontativa, podría sostener.
La interpretación sobre las mayorías requeridas fue un punto neurálgico de las negociaciones del miércoles. El peronismo sostuvo que el artículo 101 «es taxativo» y que alcanza con mayoría simple para la votación de la censura. Esa lectura fue la que terminó imponiéndose en la reunión de Labor Parlamentaria. Y eso cambia radicalmente el escenario aritmético: con 37 votos en el Senado, la moción alcanzaría. Una mayoría que, según las fuentes consultadas, ya estaba consolidada durante la tarde del miércoles y que se mantendrá si Milei no le suelta la mano a Adorni antes del 2 de julio.
La jornada: horas de presión, negociación y cesión de Milei
El miércoles amaneció con el Senado preparado para sesionar el jueves. El temario original incluía el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada una iniciativa que el propio oficialismo había impulsado y siete pliegos judiciales que habían sido dictaminados la semana anterior. Eran temas que La Libertad Avanza tenía interés en avanzar.
Pero desde la mañana del miércoles, las alarmas comenzaron a sonar en la Casa Rosada. La UCR en el Senado, con nueve legisladores, había empezado a deslizar que la situación de Adorni «es insostenible». Esas palabras, pronunciadas en corrillos legislativos, tuvieron el efecto de un detonador. Nueve votos radicales sumados al bloque peronista y a los eventuales aportes del PRO alcanzaban y sobraban para la mayoría absoluta necesaria. La matemática era implacable.
El PRO, con Mauricio Macri siguiendo la situación desde Estados Unidos donde disfruta del Mundial, también salió a presionar. Fernando de Andreis, diputado macrista, fue categórico: «Adorni no debería pasar un día más en el cargo». Su par en el Senado, Martín Goerling, fue aún más explícito: anticipó que el bloque PRO acompañaría tanto la interpelación como la eventual remoción del funcionario. Fue el primero en decirlo en voz alta y sin eufemismos.
Ante ese panorama, la Casa Rosada, que hasta el fin de semana había desestimado la posibilidad de una remoción parlamentaria como una amenaza real, encendió el modo de emergencia. Diego Santilli y Lule Menem comenzaron a hacer llamadas a gobernadores radicales y del PRO para intentar que sus senadores frenaran la embestida. El caso del senador correntino Edgardo Kueider, expulsado del cuerpo en circunstancias que todos recordaron durante esas 48 horas, fue invocado como advertencia implícita sobre los costos de confrontar con el ejecutivo.
A media tarde, con la sesión del jueves en jaque, Patricia Bullrich tomó el liderazgo de las negociaciones en la Cámara Alta. Reunió a los sectores dialoguistas en el segundo piso del Palacio Legislativo, donde funciona el bloque radical, en lo que se conoció como la reunión del «grupo de los 47»: la coalición que agrupa al oficialismo, sus aliados y la oposición dialoguista. El encuentro fue hermético. Duró casi dos horas. Y de allí salió el acuerdo que, minutos después, se formalizó en la reunión de Labor Parlamentaria convocada por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
El resultado fue una concesión dolorosa para el gobierno: la sesión del jueves quedó postergada para el 25 de junio. A cambio, el oficialismo obtuvo una semana más de tiempo. Pero el precio fue alto: la oposición logró que el expediente de interpelación a Adorni quedara incorporado como eje central del temario de esa nueva sesión.
Y que el 2 de julio, en lugar de ser únicamente la fecha del informe de gestión del funcionario, una notificación que Adorni había enviado a Villarruel el martes, minutos antes del debut de la selección argentina, en un gesto que fue leído como una maniobra dilatoria, sea ahora la fecha de su interpelación y la posible votación de su censura.
El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; la propia Bullrich, representando a La Libertad Avanza; Goerling por el PRO; Eduardo Vischi por la UCR; Carlos «Camau» Espínola por Provincias Unidas; Beatriz Ávila por Independencia; Carolina Moisés por Convicción Federal; Flavia Royón por Primero los salteños; la santacruceña Natalia Gadano; y José Mayans por Unión por la Patria estuvieron en esa mesa. Todos suscribieron, de distintas formas, el nuevo cronograma.
Mayans lo dijo sin vueltas al salir: Adorni «es una persona que no tiene la confianza del Parlamento y tiene que responder por los delitos que cometió como funcionario público. A partir de ahí se va a hacer la interpelación y moción de censura y posiblemente la separación del cargo».
La Casa Rosada vs. sus propias contradicciones
Mientras las negociaciones avanzaban en el Senado, el gobierno protagonizó una de sus escenas más reveladoras del año. Para desactivar la iniciativa parlamentaria, la Casa Rosada filtró a los bloques aliados que los días de Adorni en el gobierno estaban contados, que el Presidente estaba dispuesto a aceptarle la renuncia. El rumor corrió durante toda la jornada por los pasillos del Congreso. Pareció funcionar: varios aliados prefirieron creer que sería el propio Ejecutivo quien se deshiciera del funcionario y optaron por no forzar la votación.
Pero en simultáneo, Milei hacía exactamente lo contrario. Compartía en sus redes sociales los mensajes de gestión que Adorni publicaba para mostrarse activo. Y el gobierno dejaba trascender que llevaría al jefe de Gabinete al acto por el Día de la Bandera en Rosario. El gesto fue interpretado por los aliados como una burla. Enojó a quienes habían decidido dar crédito a las versiones sobre la salida del funcionario. Y confirmó lo que muchos ya sospechaban: que Milei no está dispuesto a ceder ante la presión parlamentaria, aunque esa presión venga de sus propios socios.
«Él considera que no hay razón o que dio una explicación razonable. Nada que cuestionar al presidente de la nación», dijo Bullrich al salir del Senado, en una frase que sonó más a justificación incómoda que a respaldo convencido. La exministra sabe que está jugando en un terreno minado. La observan de cerca desde la Casa Rosada. Y las sospechas sobre su rol en esta crisis no son menores.
El rol de Bullrich y la puja dentro del bloque de poder
Patricia Bullrich encabezó las negociaciones del miércoles. Eso, en principio, podría leerse como un gesto de lealtad institucional: la presidenta del PRO, que también es ministra del gobierno actual, bajó al llano del Senado para intentar frenar el daño. Pero la lectura es bastante más compleja.
Bullrich negoció los términos de la postergación con la oposición. Fue ella quien pidió «una semana más de tiempo» a los bloques dialoguistas. Fue ella quien articuló el acuerdo que le da oxígeno al gobierno pero que, en rigor, no resuelve nada: solo corre el problema dos semanas hacia adelante. Y fue ella quien, al mismo tiempo, no impidió que el PRO dejara en claro, a través de Goerling y de Andreis, que está dispuesto a votar la censura si Adorni sigue en el cargo el 2 de julio.
Esa ambigüedad no es accidental. El PRO, como bloque, está jugando una partida doble. Por un lado, mantiene la forma de aliado del gobierno y participa de las negociaciones institucionales. Por otro, no oculta que ha perdido la paciencia con un Ejecutivo que los margina de las decisiones, que no les consulta los nombramientos, y que los trata como socios de segunda categoría.
La crisis del Adornigate es, para el PRO, una oportunidad para recordarle a Milei que sin ellos los números parlamentarios no cierran.
Esa tensión remite a un fenómeno más profundo: la disputa de poder dentro del llamado Círculo Rojo, ese núcleo de actores políticos, económicos y mediáticos que orbita alrededor del poder ejecutivo y que, en momentos de debilidad del gobierno, se activa con una agenda propia. El escándalo Adorni no es ajeno a esa dinámica. La velocidad con la que la información sobre las declaraciones juradas del funcionario se filtró a los medios, la celeridad con la que la oposición armó sus proyectos, y la disposición del PRO a acompañar la censura son señales de una operación que excede la indignación genuina por un caso de presunto enriquecimiento.
Lo que está en juego no es solo el cargo de Adorni. Es la capacidad de Milei para gobernar sin rendir cuentas a los actores que le dieron o le facilitaron el poder. Cada vez que el gobierno se muestra frágil por un escándalo, por una derrota parlamentaria, por una crisis interna, los sectores del Círculo Rojo que juegan al «vamos viendo» ajustan sus posiciones. El Adornigate les dio una herramienta de presión concreta. Y la están usando.
Los pasos que vienen: el calendario del 2 de julio
El acuerdo del miércoles dejó trazado un cronograma que el gobierno deberá navegar con el agua al cuello.
El 25 de junio, el Senado sesionará. En el temario estará la votación del proyecto de resolución que habilita la interpelación a Adorni. También los pliegos judiciales y el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Pero el eje político de la jornada será, inevitablemente, Adorni. Fuentes de la Cámara Alta anticiparon que hay «muchas chances» de que el expediente de interpelación se apruebe sobre tablas, sin necesidad de que pase por comisiones.
El 2 de julio será, si el acuerdo se sostiene, una jornada doble y sin precedentes en la historia del Senado. Por la mañana, Adorni deberá enfrentar la interpelación: los senadores que le enviaron sus preguntas hasta el 24 de junio podrán interrogarlo sobre las irregularidades en su patrimonio, sobre las contradicciones entre sus declaraciones públicas y las rectificaciones posteriores, y sobre las causas judiciales que lo tienen como investigado. Si las respuestas no convencen al pleno, ese mismo día se votará la moción de censura.
Por la tarde, en teoría, estaba previsto el informe de gestión que el propio Adorni había solicitado presentar. Pero ese informe, como señalaron varios legisladores, quedará completamente eclipsado por lo que ocurra antes. Si la moción de censura prospera en el Senado, el expediente pasará a Diputados, donde el kirchnerismo ya tiene preparado su propio proyecto de resolución para citar al funcionario a una interpelación. La semana siguiente, el miércoles posterior al 2 de julio, la Cámara Baja también pondrá en marcha el camino de la censura.
El trámite completo, interpelación y moción de censura en ambas cámaras, requiere que los acuerdos se mantengan. Y eso, en la política argentina, nunca es garantía. El gobierno tiene una semana para intentar recomponer los vínculos con sus aliados, para ofrecer algo a cambio de que el PRO y la UCR no acompañen la censura, o para dar el paso que hasta ahora se negó a dar: aceptar la renuncia de Adorni y neutralizar el proceso parlamentario antes de que llegue a su punto de quiebre.
El gobierno ante su propia fragilidad
Lo que el miércoles 18 de junio dejó al descubierto no es únicamente el problema Adorni. Es la fragilidad estructural de un gobierno que llegó al poder con un mandato de transformación radical pero que, en el plano legislativo, depende de aliados a los que desprecia y de una oposición dialoguista a la que necesita, pero no sabe cómo retener.
La expulsión del Senado del correntino Edgardo Kueider fue recordada durante las últimas 48 horas como advertencia. Fue la última vez que el oficialismo logró mover el tablero en su favor apelando a la presión y a la amenaza. Pero ese recurso tiene límites. Y esos límites están siendo probados con el Adornigate.
Si Adorni es removido por el Congreso, algo que nunca ocurrió desde que la figura constitucional existe, el gobierno quedará en una posición de «extrema fragilidad institucional», como reconocieron las propias fuentes oficialistas que finalmente entendieron la gravedad del escenario. No solo porque pierde a un funcionario clave, sino porque el mecanismo demostraría que la oposición y los aliados disconformes pueden, cuando se unen, imponer sus condiciones al Ejecutivo. Ese precedente cambiaría la correlación de fuerzas para lo que resta del mandato.
El Presidente, por ahora, elige la trinchera. Sostiene a Adorni en las redes, lo lleva a los actos, y hace saber que no le dobla el brazo a nadie. Es su marca registrada. Pero la realidad parlamentaria tiene una aritmética propia que no responde a la lógica de X. Y el 2 de julio, esa aritmética se pondrá a prueba.
La Casa Rosada tiene menos de dos semanas para decidir si prefiere perder un funcionario por voluntad propia o que se lo quiten por la fuerza. La diferencia, en términos de poder, es enorme.