La Iglesia Católica volvió a intervenir en el debate público y expresó su rechazo al proyecto de ley sobre la “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, promovido por el Gobierno nacional. A través de un comunicado conjunto, la Comisión Episcopal de Pastoral Social, Cáritas y ENDEPA solicitaron a diputados y senadores que voten en contra de la propuesta.
En la carta abierta dirigida al Congreso, las organizaciones eclesiásticas advirtieron que la normativa podría generar consecuencias profundas sobre el acceso a la tierra, los recursos naturales y la autonomía de las comunidades rurales e indígenas.
Preocupación por la soberanía y los recursos naturales
Uno de los puntos centrales de la crítica apunta a la flexibilización en la compra de tierras por parte de extranjeros, lo que, según señalaron, podría abrir la puerta a una mayor concentración de territorios vinculados a reservas estratégicas de agua y otros bienes naturales.
“Creemos que atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos y de nuestros bienes comunes”, remarcaron desde las entidades.
Además, cuestionaron la posible eliminación de restricciones ambientales que hoy impiden el uso inmediato de terrenos afectados por incendios forestales, una medida que consideran peligrosa por su potencial para incentivar la especulación inmobiliaria.
La tierra como identidad y derecho
En el documento, los referentes eclesiásticos recordaron que para muchas comunidades campesinas, rurales e indígenas la tierra representa mucho más que un bien económico: es identidad, memoria y futuro.
Bajo esa mirada, insistieron en que el Estado debe mantener su capacidad de regulación para proteger el interés colectivo y evitar que sectores vulnerables queden expuestos frente a intereses privados.
La crisis habitacional, otro eje del reclamo
El comunicado también puso el foco en la problemática de la vivienda y reclamó políticas públicas que garanticen alquileres justos y acceso digno a la vivienda.
En ese sentido, las organizaciones plantearon la necesidad de construir un marco legal equilibrado que contemple tanto a propietarios como a inquilinos, sin priorizar exclusivamente la rentabilidad económica.
El pedido al Congreso
Finalmente, las entidades llamaron a los legisladores a debatir el proyecto poniendo en primer lugar el bien común y el futuro de las próximas generaciones.
El mensaje cerró con una apelación a la política como herramienta de justicia social y cuidado colectivo, en línea con la doctrina social de la Iglesia.