Detenidos, incomunicados y en huelga de hambre: crece la preocupación por los voluntarios que iban a Gaza

A quince días de su detención en el este de Libia, los argentinos Lucas Aguilera y Paula Giménez permanecen retenidos junto a otros voluntarios internacionales. Los familiares denuncian aislamiento, presiones psicológicas, hostigamiento, interrogatorios intensivos y un preocupante deterioro físico tras el inicio de una huelga de hambre.
detenidos
Crédito: Nodal.

Este martes se cumplen quince días de la detención arbitraria de Lucas Aguilera y Paula Giménez, voluntarios que integraban el Convoy Global Sumud Magreb de ayuda humanitaria con destino a Gaza. Aunque la semana pasada lograron comunicarse con sus familias, tras ser detenidos en el este de Libia, no hay avances que garanticen su liberación ni el acceso de organismos humanitarios independientes.

Desde la agencia de noticias Nodal mencionaron que también están detenidos Matías Álvarez Rodríguez (Uruguay), Alicia Armesto Núñez (España), Ana Margarida França Santana Baptista (Portugal), Lauro Kwoczala (Polonia), Ashraf Khoja (Túnez), Jenelle Jones (Estados Unidos), Domenico Centrone y Leonarda Alberizia (Italia).

Según sus familiares, permanecen aislados, incomunicados y sin contacto entre los propios detenidos. A ello se suma, de acuerdo a los testimonios, presiones psicológicas, interrogatorios intensivos, hostigamiento y otras prácticas incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Tampoco cuentan con acceso pleno a asistencia jurídica ni con información suficiente sobre su situación procesal.

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Los seres queridos informaron que, a causa de su detención arbitraria y los tratos recibidos, los detenidos iniciaron una huelga de hambre. Algunos de ellos mantienen además una huelga seca, sin ingerir alimentos ni líquidos, lo que agrava de manera acelerada el riesgo para su salud, integridad física y vida. Como consecuencia de esta medida, varios sufrieron desmayos, deterioro físico, pérdida de peso y debilidad extrema.

Según el testimonio difundido del voluntario Matías Álvarez, las y los voluntarios permanecen detenidos arbitrariamente en un complejo penitenciario aislado para civiles, administrado por el Ministerio del Interior y señalado localmente como un “black site” o centro de detención clandestino. La falta de supervisión independiente, de garantías mínimas y de acceso humanitario agrava la preocupación por su integridad física y psicológica.

Hasta el momento, las autoridades no permitieron el ingreso de equipos médicos independientes ni visitas humanitarias internacionales. Según la misma información, son los propios médicos voluntarios del convoy quienes intentan asistir y monitorear a sus compañeros detenidos, aun encontrándose ellos mismos en condiciones de agotamiento físico y psicológico.

De acuerdo con Global Sumud, las personas detenidas habrían sido informadas de una eventual comparecencia judicial, en un contexto atravesado por comunicaciones contradictorias, promesas reiteradas de liberación incumplidas y ausencia de información clara sobre su situación procesal. Estos elementos refuerzan la necesidad de acceso inmediato a asistencia legal independiente, observación internacional y verificación humanitaria urgente.

Ante la gravedad de la situación, se exige una visita humanitaria internacional inmediata e independiente que permita verificar sus condiciones de detención, constatar su estado de salud y garantizar su integridad física y psicológica. También se reclama el ingreso de equipos médicos independientes; acceso a información oficial, pública y verificable sobre su estado de salud y situación jurídica; acceso pleno a asistencia legal; el cese de las condiciones de aislamiento, incomunicación, hostigamiento e interrogatorios intensivos; acceso consular pleno para todas las nacionalidades involucradas; y la inmediata liberación de los voluntarios detenidos.

En el caso de los argentinos, se le exige al Estado argentino, a las cancillerías de los países involucrados, a Naciones Unidas, al Comité Internacional de la Cruz Roja y a todos los organismos competentes que intervengan de manera inmediata y activa para garantizar la protección de las personas detenidas y prevenir consecuencias irreparables para su salud e integridad.

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