Es imposible no alarmarse al analizar el 2025 de Argentina en materia de política ambiental. Basta con recordar lo que pasó en las últimas semanas: la presentación de la reforma de la Ley de Glaciares que el Congreso debatirá en febrero, los cambios legislativos promineros que se aprobaron en Mendoza y la apertura a la salmonicultura en Tierra del Fuego son algunos ejemplos de retrocesos.
El panorama no era muy diferente a comienzo de año. Por ejemplo, el país llegó a la COP 30 de Brasil sin presentar la actualización de sus compromisos climáticos -Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0)-. Además, en dicho evento asumió un rol contradictorio en las discusiones globales sobre cambio climático, que en ocasiones fue regresivo en materia de derechos humanos.
Mientras tanto, la crisis climática no espera. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura media argentina “superó el promedio 1991-2020, ubicando a enero-octubre de 2025 como el 4° más cálido desde 1961”.
Pero también hay buenas noticias: ante la política extractivista y negacionista del gobierno nacional, las organizaciones ambientalistas de la sociedad civil continúan su accionar. Aunque también sigue el desfinanciamiento de la ciencia local por parte del Ejecutivo, uno de los hitos más relevantes del año fue la expedición Underwater Oasis, o el “streaming del CONICET”, una investigación de ecosistemas profundos del talud continental argentino, cuya transmisión en vivo fue seguida por millones de personas.
Atención compradores: se rifan recursos naturales
Glaciares, minería en Mendoza, salmoneras en Tierra del Fuego y aprobación de un presupuesto desfinanciador. Un listado de malas noticias para el ambiente argentino que podrían datar de varios meses, pero ocurrieron solo en uno. Arranquemos por la primera.
El 9 de diciembre, la Legislatura mendocina aprobó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), del proyecto PSJ Cobre Mendocino (proyecto San Jorge). El paquete de leyes incluyó, entre otras cuestiones, el permiso para la exploración de 27 proyectos en Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) II, un Fondo de Compensación Ambiental y una Ley de Regalías (que lejos están de resarcir a la provincia por el daño ambiental que le pueden ocasionar).
En respuesta, la sociedad mendocina desató una protesta por su agua, los riesgos de contaminación, las comunidades afectadas y la fragilidad ecológica de la zona. Cabe destacar que tres de cada cuatro mendocines toman agua que proviene del acuífero Uspallata, conectado al río Mendoza y a su vez articulado hidráulicamente al río Tunuyán inferior, cuenca que se vería afectada por estos proyectos mineros.
Si esto concebía un avance contra el recurso hídrico, una semana más tarde los ataques continuarían. El pasado 16 de diciembre, el Ejecutivo nacional presentó el proyecto para modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Glaciares y Ambiente Periglacial.
Dos días después, en la reunión conjunta de las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Minería, Energía y Combustibles del Senado de la Nación, la iniciativa obtuvo dictamen de mayoría pese al contundente rechazo social. Su tratamiento parlamentario se retomará a principios de febrero, a pesar de que las autoridades legislativas habían anunciado que ingresaría al recinto este 26 de diciembre.
Durante el encuentro, disertantes especialistas coincidieron en que la iniciativa oficial debilita el carácter nacional de los presupuestos mínimos, fragmenta criterios de resguardo sobre bienes comunes estratégicos como el agua, y sienta un precedente regresivo en materia de derecho ambiental.
En simultáneo, en otra parte del país, se aprobaba otra ley que también marca un gran retroceso en los derechos ambientales. El 15 de diciembre, y después de cuatro años de su promulgación, la ley que prohibía la salmonicultura en Tierra del Fuego dejó de regir tras la aprobación de una reforma impulsada por el gobierno de Gustavo Melella.
Se trata de la ley provincial N°1355, que prohibía la cría y producción de tres tipos de salmónidos “con el fin de asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos” de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Desde mediados de este año, el Ejecutivo provincial impulsó esta reforma que consistía en derogar la ley para reemplazarla por un marco general de “acuicultura sustentable”, con principios de “innovación tecnológica, vigilancia sanitaria y desarrollo científico”.
La nueva ley habilita “el desarrollo integral de la actividad acuícola en la provincia de Tierra del Fuego, buscando un balance entre el crecimiento económico, la innovación y la protección ambiental”. A su vez le otorga atribuciones a la Subsecretaría de Pesca que antes no tenía, como la regulación de afluentes y de cualquier químico (sean hormonas, antibióticos y demás), que se vierta en cuerpos de agua. Además será, en conjunto con la autoridad provincial del agua, capaz de otorgar territorio provincial para la actividad acuícola y concesiones para la extracción de agua a empresas del sector. Asimismo, se le atribuye el control y la vigilancia ambiental de estas actividades.
Y como frutilla del postre, el viernes 26 de diciembre se aprobó en el Congreso Nacional el Presupuesto 2026 que, como no podía ser de otra manera, continúa el camino de desprotección de los bienes comunes naturales. El proyecto sostiene exenciones fiscales a la minería y subsidios a los hidrocarburos; la función “Ecología y desarrollo sostenible” representa tan solo un 0,14% del total de fondos del presupuesto; elimina los pisos mínimos de financiamiento para educación y ciencia; y seguirá recortando el presupuesto para la Subsecretaría de Ambiente.
Dime qué no haces y te diré qué política ambiental (no) tienes
Para los movimientos ambientales, estas medidas significan un retroceso histórico. No solo es negacionismo del cambio climático, sino un cambio de prioridades: los derechos colectivos a la naturaleza quedan a merced de los intereses económicos.
Este desinterés ambiental se mostró en la escasa participación oficial argentina en la COP 30 de Brasil. En un comienzo el panorama pintaba bien, ya que la Subsecretaría de Ambiente convocó previo al evento dos espacios formales: el taller “Potenciando la acción climática en Argentina a través de la cooperación internacional” y la Mesa Ampliada del Gabinete Nacional de Cambio Climático. Sin embargo, al llegar al país vecino la delegación no presentó la actualización de sus compromisos climáticos (Contribución Determinada a Nivel Nacional o NDC 3.0), que había anticipado en esas actividades.
A su vez, al hablar en la COP la representante Argentina objetó referencias a igualdad de género, proponiendo reemplazar “gender equality” (equidad de género) por la expresión regresiva “between men and women” (entre hombres y mujeres). También rechazó menciones a derechos humanos, incluyendo el derecho a la autodeterminación de los Pueblos Indígenas, y se opuso a fortalecer sinergias con la Agenda 2030 y las Convenciones de Río.
Y si en el ámbito internacional el accionar en materia ambiental es nulo, en casa la cuestión no es diferente. Según un relevamiento del Círculo de Políticas Ambientales, fueron pocos los proyectos de ley en relación a la temática que se trataron en el Congreso de la Nación.
Y a todo esto… ¿Qué onda el clima?
El Servicio Meteorológico Nacional presentó en diciembre su Reporte Preliminar del Estado del Clima en Argentina 2025. Allí explicó que en el país, tras 2023 y 2024 (los dos años más cálidos desde 1961), los primeros diez meses de 2025 también registraron temperaturas superiores a lo normal en comparación con el período de referencia 1991-2020.
“La temperatura a nivel país muestra un aumento considerable, especialmente durante los últimos 15 años, en concordancia con las tendencias a nivel global observadas en las últimas décadas”, afirmó el organismo. Destacó que la temperatura media global cerca de la superficie entre enero y agosto de 2025 fue 1.42 ± 0.12 °C superior al promedio del período preindustrial. “Esto sugiere que 2025 podría ser el 2° o 3° año más cálido registrado, solo por detrás de 2024”, agregó.
En ese sentido, desde el SMN resaltaron que las concentraciones atmosféricas de los principales gases de efecto invernadero aumentaron en 2025; al igual que el contenido de calor del océano. También que el hielo marino y los glaciares continúan retrocediendo: “En la Antártida, la extensión de hielo marino se ha mantenido muy por debajo del promedio durante lo que va del año”.
Explicaron que las precipitaciones en Argentina, entre enero y octubre de 2025, estuvieron por encima de lo normal. Cabe recordar que el pasado 7 de marzo llovieron 290 milímetros en 12 horas en la ciudad de Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires. En junio, el gobierno nacional vetó en su totalidad el proyecto de Ley 27.790, que declaraba la emergencia y catástrofe en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, y creaba un fondo especial de $200.000 millones para asistencia y reconstrucción.
Pese a su esencial función, el Servicio Meteorológico Nacional fue diezmado desde que comenzó la gestión de Javier Milei. Como explicaba el sector de Pronóstico de la Universidad Nacional de La Plata, “el estudio de la atmósfera es una tarea fundamental para el cuidado de la población ante eventos meteorológicos, la contribución de la defensa nacional, el desarrollo sustentable y el cumplimiento de compromisos internacionales en la materia”.
Algunas buenas noticias con el agua como protagonista
Más allá de esto, en 2025 también pasaron cosas buenas. En julio, Argentina ratificó el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que busca desalentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), la sobrepesca y otras prácticas destructivas.
El mar también fue estrella en 2025, ya que del 23 de julio al 11 de agosto, el programa más visto fue el streaming de una misión científica liderada por científiques del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) en colaboración con el Instituto Oceanográfico Schmidt. La expedición Underwater Oasis, o el “streaming del CONICET”, se trató de una investigación de ecosistemas profundos del talud continental argentino, cuya transmisión millones de personas siguieron en vivo.
Y en relación al agua para beber, desde la ONG Naturaleza de Derechos compartieron algunas medidas judiciales que se tomaron en contra del uso de agrotóxicos. “En 2025, una parte decisiva de la jurisprudencia reunida gira alrededor del derecho humano al agua potable, con un estándar material nítido (parámetros del Código Alimentario) y con respuestas cautelares que intentan evitar que el tiempo del proceso se vuelva cómplice del daño”, adelantaron.
“Así, aparecen decisiones que ordenan provisión urgente de agua segura (bidones), centros de distribución comunitaria y cobertura prioritaria de escuelas, centros de salud y espacios sensibles, con exigencia de arsénico en 10 μg/L y ausencia de agrotóxicos”.
Si bien la lucha por la preservación de un ambiente sano continúa, el 2025 fue un año duro en cuanto a pérdida de parámetros legales que protejan la naturaleza en el país. Restará ver si el 2026 también prioriza los intereses económicos por sobre los derechos ambientales.