El gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad el proyecto de Ley 27.790. El mismo declaraba la emergencia y catástrofe en los municipios de Bahía Blanca y Coronel Rosales, tras las inundaciones de marzo.
La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 424/2025, el cual devuelve la iniciativa al Congreso de la Nación y deja sin efecto la creación de un fondo especial de $200.000 millones para asistencia y reconstrucción. El documento lleva la firma del presidente Javier Milei; de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El proyecto de Ley contemplaba declarar la emergencia por un plazo de 180 días y crear un fondo especial para la atención de los daños. También establecía otorgar plazos de gracia en contratos y ejecuciones para damnificados, priorizar la contratación de recursos locales en obras de infraestructura y establecer líneas de crédito preferenciales a través del Banco Nación. Además, mencionaba la articulación con el Gobierno bonaerense para librar de impuestos y tasas a los afectados.
No hay plata para Bahía Blanca y Coronel Rosales… así es el gobierno de Milei.
— Silvia Saravia (@silvia_saravia) June 24, 2025
Aunque no me sorprende el veto, habrá que ver que hace el Congreso Nacional ahora. Seguirán con el siga siga? pic.twitter.com/hwT8wglmop
Entre los argumentos, el Gobierno sostiene que las propuestas del proyecto fueron implementadas a través del Decreto 238/2025. Según explican, mediante este texto oficial se creó un fondo de asistencia directa por $200.000 millones destinados “a otorgar un subsidio para los residentes de las viviendas afectadas por las inundaciones”, como así también un régimen de subsidios llamado Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R).
En esa línea, desde el Ejecutivo aseguraron que “el 85,43% del total de inscriptos para recibir el S.U.R. ya han recibido el pago correspondiente”, mientras que “los casos bajo análisis representan el 10,55% y los rechazos únicamente el 4,01%”.
Por otra parte, el decreto remarca que la inclusión del municipio de Coronel Rosales en el programa es de “imposible cumplimiento”, ya que la zona de asistencia fue delimitada basándose en informes técnicos del Servicio Meteorológico Nacional, que identificaron a Bahía Blanca como la más afectada.
También se enfatiza en la falta de previsión presupuestaria en la ley sancionada: “El proyecto de ley sancionado no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias”.