La Universidad de Buenos Aires (UBA) denunció que, de acuerdo al presupuesto impulsado por el Gobierno, sus hospitales universitarios recibirán un 30% menos de fondos que en 2025.
A través de una resolución del Consejo Superior, la casa de altos estudios expresó su extrema preocupación por la propuesta del Ejecutivo Nacional de derogar la Ley de Financiamiento Universitario y la caída de los salarios de sus trabajadores docentes, nodocentes y científicos, que ya perdieron casi la mitad de su poder adquisitivo en los últimos dos años.
Respecto al recorte “brutal” que el Gobierno de Milei pretende llevar adelante, desde la UBA aseguraron que se verán afectadas instituciones clave en la salud pública como el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, que atienden en promedio a más de 700 mil pacientes por año.
En ese sentido, el Consejo Superior, principal órgano de gobierno de la Universidad de Buenos Aires, alertó que el insuficiente aumento nominal previsto para gastos de funcionamiento y la persistencia de la pérdida salarial proyectada para 2026 profundizan el “ahogo presupuestario” y ponen en riesgo la calidad educativa, la formación profesional y el sostenimiento de servicios esenciales, particularmente en el área de la salud.
Además, recordó que la universidad declaró la emergencia presupuestaria y reiteró la emergencia salarial de sus trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes, debido a la desactualización de las partidas asignadas y a la sostenida pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que supera el 45% en comparación con diciembre de 2023.
En la resolución también repudiaron la derogación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario, Ley 27.795, incluida en el proyecto de Presupuesto Nacional, y advierte que su eliminación “agravaría aún más” la situación crítica que atraviesan las Universidades Nacionales.
Ante este escenario, el Consejo Superior de la UBA exigió a la Cámara de Diputados y de Senadores “el rechazo y/o modificación de dicho dictamen y la aprobación de una propuesta que contemple las necesidades reales de las Universidades Nacionales y la implementación plena de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario”.