En el marco del 7 de marzo, día de la Visibilidad Lésbica, Amnistía Internacional alertó acerca de la brutalidad de la violencia hacia lesbianas y personas LGBTI+. La organización denunció que durante 2024, se registraron 140 crímenes de odio contra la comunidad.
Hace poco, Amnistía Internacional presentó aportes en la causa judicial por el lesbicidio de Barracas. El escrito remarca la obligación del Estado de realizar una investigación exhaustiva, diligente e imparcial, en pos de garantizar el acceso a la justicia. Tal investigación, explicaron, debe considerar el contexto de discriminación estructural en el que ocurrió el crimen y la existencia de todos los elementos que pudieran indicar que el hecho estuviera vinculado con el género y la orientación sexual de las víctimas. En este sentido, la organización reclama que se contemple las hipótesis de femicidio y crimen de odio desde los primeros pasos de la investigación, tal como lo indican los estándares internacionales en casos de violencia contra mujeres y personas LGBTI+.
Cabe recordar que por el ataque cometido por Justo Fernando Barrientos, tres de las mujeres murieron tras ser quemadas vivas mientras descansaban en un hotel-pensión. La causa judicial está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y lo Correccional N°14.
El agresor fue imputado por homicidio doblemente agravado y por lesiones graves, por el crimen contra Sofía (única sobreviviente), Andrea, Roxana y Pamela, las 4 víctimas. Aunque Sofía comentó que Barrientos las hostigaba e insultaba por ser lesbianas, la investigación no contempla que pudiera tratarse de un crimen agravado por odio de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión ni de un femicidio, figuras previstas por el art. 80 del Código Penal.
Al respecto, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, “A casi un año del crimen de Barracas, las víctimas siguen exigiendo justicia y demandan que el Estado cumpla con su obligación de garantizar medidas efectivas de prevención, protección, sanción y reparación”. Además, sostuvo que “la violencia contra personas lesbianas y LGBTI+ se agrava en un contexto marcado por declaraciones estigmatizantes y dañinas de la máxima autoridad del país, que señala a la diversidad y a la lucha por la igualdad como ‘un cáncer que hay que extirpar’ o asocia falsamente a la comunidad con la pedofilia”. “A esto se suma un grave retroceso en las políticas de protección y prevención de la violencia de género”, advirtió.
En ese sentido, desde la organización señalaron que en lo que va de 2025 se conocieron al menos 3 ataques brutales contra lesbianas en Orán, Salta; en la Ciudad de Buenos Aires y en Cañuelas, Provincia de Buenos Aires.
Día de la Visibilidad Lésbica y cifras alarmantes
Cada 7 de marzo la comunidad lésbica se moviliza en memoria de Natalia Gaitán, lesbiana asesinada en Córdoba en 2010. La fecha es un recordatorio de la lucha por la igualdad y por el derecho a vivir libres de miedo en la casa, en el barrio, en las escuelas, en el trabajo. Las lesbianas, al igual que otras personas LGBTI+, enfrentan una discriminación estructural que se manifiesta en violencia verbal, física y con consecuencias letales.
Datos del Primer Relevamiento de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica de Argentina (2023) indican que el 36% de las lesbianas experimentó intentos de “corrección” de su sexualidad por parte de profesionales de salud, y un 21% fue víctima de agresiones físicas o verbales por parte de sus familias. Además, el 31% fue atacada por vecinos o desconocidos en la vía pública.
Al respecto, organismos internacionales de derechos humanos recuerdan que las personas LGBTI+ corren el riesgo de sufrir violencia familiar y comunitaria y que, en particular, las lesbianas y las mujeres trans enfrentan un riesgo especial debido a la desigualdad de género y las relaciones de poder en el seno de las familias y de la sociedad en general.
Los crímenes de odio no son hechos aislados. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estos crímenes suelen estar precedidos por un contexto de deshumanización y discriminación hacia las personas LGBTI+ como el que caracteriza la situación en el país. A ello se suma que el Gobierno Nacional desmanteló sistemáticamente las políticas públicas que tienen por objeto garantizar y proteger los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI+.