El presidente de Argentina, Javier Milei, desató un nuevo debate institucional al nombrar por decreto a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La decisión, tomada sin la aprobación del Senado, fue justificada por el Gobierno como una medida para «normalizar el funcionamiento» del máximo tribunal, que desde hace meses opera con solo tres jueces. Sin embargo, opositores y expertos en derecho calificaron la maniobra de inconstitucional y advirtieron sobre sus implicancias para la separación de poderes.
Un decreto que genera polémica
El anuncio fue realizado el martes a través de un comunicado de la Oficina del Presidente, donde se señaló que la decisión se basa en el artículo 99 de la Constitución Nacional. Dicho artículo permite al presidente llenar vacantes «en comisión» cuando el Senado está en receso, aunque especialistas en derecho constitucional señalan que esta disposición no es aplicable a los jueces de la Corte Suprema.
Desde el peronismo, el senador José Mayans advirtió en noviembre pasado que cualquier magistrado que acepte ser designado por decreto enfrentaría un pedido de destitución en el Congreso. Organismos de derechos humanos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), también rechazaron la medida y alertaron sobre un «retroceso institucional»
Un tribunal incompleto y un proceso estancado
La Corte Suprema de Justicia está compuesta por cinco jueces, pero dos vacantes quedaron sin cubrir tras la jubilación de Elena Highton de Nolasco en 2021 y Juan Carlos Maqueda en 2024. A pesar de que el Ejecutivo envió los pliegos de Lijo y García-Mansilla en marzo del año pasado, el proceso quedó trabado en el Senado debido a la falta de consenso.
El oficialismo argumenta que el Congreso no cumplió con su responsabilidad de tratar las nominaciones, mientras que desde la oposición señalan que el propio Gobierno no logró los acuerdos necesarios para avanzar con el proceso. Ante este escenario, Milei optó por recurrir a una vía rápida y evitar el filtro legislativo.
Los perfiles de los jueces designados
- Manuel García-Mansilla: Académico y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Sus posturas conservadoras en temas como el aborto legal generaron críticas desde sectores progresistas.
Ariel Lijo: Juez federal con amplia trayectoria en Comodoro Py. Su nominación fue resistida por la oposición debido a sus vínculos políticos y su rol en causas judiciales de alto impacto.
Ambos magistrados asumirán «en comisión» hasta la finalización del próximo período legislativo, aunque el Gobierno intentará que el Senado ratifique sus designaciones de manera definitiva.
Reacciones y posibles consecuencias
La decisión de Milei no solo generó rechazo en la oposición, sino también en el ámbito jurídico. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez consideró que la medida es «nula de nulidad absoluta» y que podría ser impugnada en los tribunales.
Por su parte, el presidente del Colegio Público de la Abogacía, Ricardo Gil Lavedra, afirmó que esta decisión «afecta seriamente la independencia judicial» y que el Senado no está obligado a aprobar las nominaciones presidenciales si no hay consenso político.
El Gobierno, en cambio, defiende la medida como una acción necesaria para garantizar el normal funcionamiento del Poder Judicial. Según el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la Corte «debe contar con cinco jueces para operar de manera eficaz» y sostuvo que «el Presidente tiene la facultad de hacer estos nombramientos en comisión».
Un escenario incierto
La jugada de Milei podría abrir un nuevo frente de conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso. Con la oposición dispuesta a impugnar las designaciones y organismos jurídicos analizando acciones legales, el futuro de la Corte Suprema queda en un limbo.
En un contexto marcado por la crisis económica y el escándalo del «criptogate» que salpica al Gobierno, la decisión de avanzar con estas designaciones por decreto, podría sumar tensión al ya convulsionado escenario político argentino.