La Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras publicó su informe anual sobre Cambio Climático y advirtió que los desastres naturales generaron pérdidas económicas por 100.000 millones de dólares en América Latina y el Caribe durante los últimos 10 años. Al respecto, afirmaron que del total, solo 19.000 millones estaban cubiertos por seguros. “La brecha de protección del 81% convierte a la región en una de las más desprotegidas del mundo frente al avance del cambio climático, apenas superada por Asia”, agregaron.
En ese sentido, Sustentabilidad Sin Fronteras explicó que, a nivel mundial, la mitad de las pérdidas por catástrofes naturales cuenta con algún tipo de cobertura. Sin embargo, cuatro de cada cinco dólares perdidos en América Latina no tienen red de contención. Para dar cuenta de la magnitud de la problemática, mencionaron la sequía histórica que golpeó a la Argentina y “generó pérdidas superiores a 20.000 millones de dólares y los siniestros consumieron el 92% de las primas del ramo agropecuario”. Un año después, el sur de Brasil sufrió inundaciones que causaron daños por 5.000 millones de dólares, de los cuales solo 1.400 millones estaban asegurados.
El informe también señala que las pérdidas aseguradas por catástrofes naturales aumentan entre un 5% y un 7% anual a nivel mundial, impulsadas por la mayor frecuencia e intensidad de tormentas, inundaciones, incendios y sequías vinculadas al cambio climático.
Durante 2025, las pérdidas económicas globales derivadas de desastres naturales alcanzaron los 260.000 millones de dólares. De ese total, 127.000 millones correspondieron a pérdidas aseguradas, superando por sexto año consecutivo la barrera de los 100.000 millones.
Frente a este escenario, organismos internacionales de supervisión del sector advierten que el impacto del cambio climático podría sobre el capital de las aseguradoras podría oscilar entre un 7% en un escenario de transición ordenada y un 50%, dependiendo si la acción climática sigue siendo insuficiente y tardía.
La presión sobre el sistema ya comenzó a generar consecuencias concretas. Varias compañías aseguradoras optaron por retirarse de zonas consideradas de alto riesgo o elevar significativamente el valor de las primas, lo que en muchos casos vuelve inaccesible la cobertura para hogares y pequeños productores rurales.
En ese marco, el informe sostiene que reducir la brecha de protección requerirá una articulación más fuerte entre gobiernos y el sector asegurador. Entre las medidas propuestas aparecen el desarrollo de productos específicos frente a riesgos climáticos y regulación urbana que evite radicaciones en zonas de riesgo.