El Gobierno nacional avanza en una posible modificación de la Ley de Etiquetado Frontal, aprobada en 2021, y analiza eliminar los octógonos negros que advierten sobre excesos de azúcar, sodio, grasas saturadas y calorías en productos ultraprocesados. La iniciativa, impulsada por la administración de Javier Milei, despertó críticas de especialistas en nutrición, organizaciones sociales y referentes sanitarios.
Desde el Ejecutivo sostienen que el objetivo es reducir regulaciones y aliviar costos para la industria alimenticia. Sin embargo, distintos sectores advierten que la medida podría afectar el acceso de los consumidores a información clara sobre los alimentos que consumen diariamente.
Una ley respaldada por la comunidad científica
La Ley de Etiquetado Frontal fue sancionada tras un amplio debate parlamentario y contó con el apoyo de organismos médicos, científicos y asociaciones vinculadas a la salud pública. La normativa obliga a las empresas a incorporar sellos visibles en envases de alimentos y bebidas con altos niveles de nutrientes críticos.
Según especialistas, el sistema permitió que muchos consumidores identificaran con mayor facilidad productos con exceso de azúcar, grasas o sodio, promoviendo hábitos alimentarios más saludables. Además, remarcan que los octógonos funcionan como una herramienta preventiva frente al avance de enfermedades no transmisibles, como la obesidad, la diabetes y la hipertensión.
Preocupación por el impacto en niños y adolescentes
Uno de los principales cuestionamientos al posible cambio es el impacto que podría tener sobre las infancias y adolescencias. Organizaciones que trabajan en alimentación saludable sostienen que eliminar las advertencias visibles dificultaría la identificación rápida de productos poco saludables, especialmente en un mercado dominado por alimentos ultraprocesados.
En este sentido, nutricionistas y especialistas remarcan que el etiquetado frontal también cumple un rol educativo, ya que facilita decisiones de compra más informadas dentro de las familias.
Críticas a la desregulación impulsada por el Gobierno
La posible flexibilización de la ley se enmarca dentro de una política más amplia de desregulación económica impulsada por el Gobierno nacional. No obstante, distintos sectores cuestionan que, en este caso, la reducción de controles podría tener consecuencias directas sobre la salud de la población.
Además, recuerdan que el sistema de advertencias nutricionales es recomendado por organismos internacionales y ya fue implementado en varios países de la región como una estrategia para combatir enfermedades asociadas a la mala alimentación.
Mientras continúan las discusiones sobre los cambios regulatorios, crece la preocupación entre especialistas y organizaciones sociales por el futuro de una de las principales políticas de información alimentaria implementadas en los últimos años.