En los últimos días, el Gobierno confirmó que son más de 15 mil las bajas en el empleo público nacional y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) prepara un nuevo paro en respuesta. “Acá no sobra nadie”, reclaman y defienden su derecho a trabajar.
Por su parte, sin ningún tipo de remordimiento, el presidente Javier Milei celebra esta medida como una variable más del ajuste.
Aunque el costo de la política de la crueldad no es gratuito y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse (a cargo del recorte del empleo público), tiene que lidiar con la crisis política. En 20 días, sufrió la renuncia de dos funcionaries: la subsecretaria de Trabajo y el secretario de Transformación del Estado.
A pesar de que atravesamos una crisis económica, no existe un rechazo social mayoritario a los despidos masivos en el Estado. Esto se debe a que a partir de premisas falsas se instaló en el sentido común un desprecio a la figura del trabajador estatal.
Estigmas como el alto costo, la improductividad y la baja calificación de les trabajadores del sector público son repetidas hasta el cansancio por parte de los medios de comunicación hegemónicos, algunos espacios políticos e incluso del mismo presidente.
Sin embargo, los datos muestran otra realidad: el empleo privado supera ampliamente el público, más de la mitad de les empleades del Estado son profesionales y el pago de salarios trabajadores representa apenas el 11% del gasto público.
Repasamos estos y otros datos importantes revelados en un informe del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), realizado en junio del año 2023.
Una radiografía del empleo público
“La gente quiere orden y cambio, que no haya más empleados públicos que privados”, declaró la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a comienzos del 2023.
Lo cierto es que la cantidad de personas con empleo público es mucho menor: casi 3.400.000, frente a un total de empleades que asciende a 13.375.200.
Por otro lado, ese total se divide en los distintos niveles jurisdiccionales del país: un 13% trabaja en el sector público municipal, un 66% en el provincial y un 21% en Nación.
Del total de 711 mil empleades nacionales, 395 mil corresponden a la Administración Pública Nacional (APN), compuesta por un 51% de personal militar y de seguridad y un 49% de personal civil.
El resto se divide en empresas públicas o con participación estatal, organismos, bancos y docentes de universidades nacionales.
Además, el sector público registra algunas ventajas sobre el privado. En primer lugar, respecto a la paridad de género: una leve mayoría de les trabajadores son mujeres, un 55,5%. Contrario a lo que ocurre con el empleo privado, donde las mujeres representan menos del 40%.
En segundo lugar, el porcentaje de trabajadores con estudios técnicos y profesionales es mucho mayor en el sector público: un 50,6% contra el 17,6% del sector privado.
También existe la creencia de que durante los últimos años el trabajo estatal creció de manera desmedida. El sector público registró un crecimiento del 3,2% en 2023, frente a un 2,2% del privado, lo que en números absolutos representa la creación de 108 mil empleos estatales y 139 mil empleos privados.
¿El empleo público es demasiado costoso?
Para avanzar en el despido masivo de trabajadores del sector público, habría que considerar que el gasto público destinado a costos laborales es de una magnitud exorbitante. La realidad es que el pago de salarios al personal representó sólo el 11% del gasto primario en 2022.
Además, las áreas a las que se les destinó más recursos en concepto de salarios ese año fue a Defensa (114.796 empleades) y Seguridad (100.316 empleades), seguidos de Economía con 30 mil trabajadores.
En comparación, el costo laboral es similar al del sector privado, donde el pago de salarios representa un porcentaje cada vez más bajo.
Según un informe de Centro de Economía Política (CEPA), en 2021 las grandes empresas de la Argentina redujeron el costo laboral a un 12,2%, en relación a las ventas.
Por lo tanto, no existe un alto nivel de costos que justifique que el empleo público sea una variable de ajuste, mucho menos considerando que el crecimiento del desempleo agrava la crisis socioeconómica.
En cambio, puede que esta medida responda al capricho ideológico de quienes sueñan con la destrucción del Estado.