Durante la mañana del 24 de marzo, el Gobierno Nacional publicó un video en relación al Día de la Memoria. Lo llamaron «Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Completa», con una duración de aproximadamente 12 minutos, expresando la posición negacionista sobre el terrorismo de Estado que Javier Milei y su gabinete defienden.
El video fue dirigido por Santiago Oría, videógrafo de La Libertad Avanza, quien anteriormente trabajó para Milei en la campaña y actualmente tiene un despacho en Casa Rosada. La idea, según se informa, habría sido de la hermana del presidente, Karina Milei.
Entre los dos, filmaron el video en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y llevaron la producción terminada al presidente para pedir autorización de publicarla.
Según el diario Página 12, Victoria Villarruel no habría estado al tanto de la estrategia presidencial, por lo que publicó un video propio con una entrevista a Isaac Barrios, vicepresidente de Celtyv, la asociación creada por la vicepresidenta junto a familiares de los condenados por delitos de lesa humanidad.
El video oficial despliega tres testimonios que desestiman los atroces crímenes de la dictadura. Cada uno de los personajes parece tener un objetivo particular en la tarea de equiparar el plan sistemático con las acciones guerrilleras de los años 70.
El espía
El video comienza con la aparición de Juan Bautista “Tata” Yofre, identificado como ‘escritor’, quien presume haber escrito más de 15 libros con esa ‘otra mirada’ sobre la dictadura.
Sin embargo, en el video publicado en las cuentas de Casa Rosada, omitieron mencionar que Yofre no solo se dedicó a escribir libros, sino que también fue titular de la Secretaría de Inteligencia (SIDE, actual AFI) durante la presidencia de Carlos Menem.
Durante su mandato, Yofre contrató al general de brigada retirado Carlos Alberto Martínez como director de la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI).
Martínez era un experto en la materia: había sido responsable de la represión clandestina, es decir, uno de los criminales más feroces de la dictadura. Se formó en la Escuela de las Américas y ocupó la Jefatura II de Inteligencia del Ejército entre 1976 y 1977.
De su paso por la SIDE, Yofre no solo se llevó amigos, sino que también se quedó con archivos del Batallón de Inteligencia 601, y posteriormente se dedicó a publicar libros.
Su siguiente emprendimiento fue el espionaje. Empezó a robar correos electrónicos privados de funcionarios como Cristina Kirchner y Daniel Scioli, distribuyéndolos a periodistas como Carlos Pagni. Por este asunto, ambos, entre otros, fueron procesados en 2012.
La causa estaba en manos de la jueza Sandra Arroyo Salgado, quien sobreseyó a los imputados debido a un error en la página 1 del expediente impulsado por ella misma, poco tiempo después de la asunción de Mauricio Macri.
Escuchar a Yofre hablar como un simple escritor, sin ninguna incidencia, es sorprendente. Durante su gestión, sin dudas, tuvo la capacidad de exponer los archivos de las fuerzas armadas y de seguridad, lo que habría contribuido a comprender de manera «completa» lo ocurrido.
Con toda la información que Yofre recopiló durante sus años en la SIDE, surge la pregunta: ¿Por qué nunca buscó publicar las listas de desaparecidos y bebés robados, cuya existencia el propio Videla reconoció?
La hija
La pieza nos presenta, en segundo lugar, a María Fernanda Viola, una tucumana hija del capitán del Ejército, Humberto Viola. Estaba junto a su hermana, María Cristina, de 5 y 3 años respectivamente, cuando el auto fue objetivo de un atentado por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en 1974.
Viola y su hija menor murieron en el acto, mientras que María Fernanda salió herida y su madre, embarazada, resultó ilesa.
Su presencia contribuye a la lógica impulsada por Villarruel: el intento por ‘recuperar’ el concepto de «víctimas», hablando de los muertos civiles producto de las acciones guerrilleras.
María Fernanda dice: «Mi papá tenía la vida jugada por ser militar. Pero, ¿y nosotras qué? ¿Dónde están los derechos humanos de mi hermana?»
Sin embargo, María Fernanda no menciona que el asesinato de su familia ya fue juzgado. Todos los integrantes del comando que atentaron contra la familia Viola fueron detenidos entre febrero y abril de 1975, y puestos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.
José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador, Fermín Núñez y Miguel Vivanco fueron condenados a reclusión perpetua a finales de 1976. Francisco Carrizo recibió su sentencia en 1982.
Por aquellos años, la reclusión perpetua se limitaba a un máximo de 20 años por una ley de 1984, aprobada durante el gobierno de Alfonsín, que computaba 2 días como 3, reduciendo los días anuales. Por lo tanto, partiendo desde la fecha de detención, Carrizo, Emperador y Paz fueron liberados condicionalmente en 1988, y Núñez en 1989; Vivanco había fallecido en prisión.
Cristina Picón, la madre de María Fernanda, intentó reabrir el caso durante los años kirchneristas: no estaba de acuerdo con las políticas del gobierno, pero la respuesta judicial fue que el caso ya había sido tratado y los responsables, condenados.
Como no lograron la reapertura, la familia Viola llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016, durante el gobierno de Macri, cuando aconsejaban a los genocidas hacer reclamos ante los organismos internacionales. Un abogado de Celtyv lleva adelante la causa.
La mención al caso Viola es un claro mensaje tanto a los tribunales de justicia locales como a los organismos internacionales. Es un mensaje que dice: «Aquí estamos».
El arrepentido
El testimonio final es de Luis Labraña, un exmilitante montonero, quien se adjudica haber «inventado» la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos.
Labraña menciona una discusión con personas que no identifica, acerca de la cantidad de víctimas contabilizadas, con el fin de conseguir financiamiento por parte de los Países Bajos.
«Fuimos a ver a la mujer del primer ministro y a una diputada para pedirles dinero para las Madres. Había 4000 personas desaparecidas, y ellas les dijeron que 4000 no era un genocidio. Un mes después determinamos un número. Yo dije que pongan 30 mil», dice Labraña.
Sin embargo, el nombre de Luis Labraña no aparece en ningún archivo y no hay datos oficiales acerca de su participación en los viajes de las Madres a Holanda, durante 1979.
Su presencia significa un ataque directo a las Madres de Plaza de Mayo y a su militancia por los derechos humanos, cuando ataca la cifra de desaparecidos, explicando que fue una forma de conseguir plata.
Además, invitarlo en su condición de ‘exmontonero’ implica desacreditar la violencia estatal ejercida desde el gobierno militar, argumentando con ‘la violencia de aquellos años’ explicada por uno de esos guerrilleros, ahora recuperado.
El video, lejos de abrir el campo de la Memoria para las víctimas de los ataques guerrilleros, solo menciona los delitos de las organizaciones armadas, omitiendo por completo los salvajes crímenes de los genocidas dictadores. Su única intención, parece, es justificarlos y argumentar en contra del consenso social sobre la última dictadura militar.