Esta semana fue intensa para la comunidad educativa de las universidades públicas. Solo en el caso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la falta de presupuesto se evidenció en aulas a oscuras y ascensores inhabilitados.
Frente a este contexto de incertidumbre, se pusieron en práctica una serie de medidas de lucha de cara a la Marcha Federal Universitaria del próximo 23 de abril. La situación que atraviesan los establecimientos es tan crítica que hasta estudiantes autoconvocados de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), institución privada, adhirieron y llamaron a movilizarse en defensa de la educación pública.
Este jueves por la noche, en un intento fallido para frenar la movilización del 23, el Gobierno nacional informó una propuesta consensuada con representantes de las universidades nacionales nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), quienes se encuentran en pie de lucha por los recortes presupuestarios.
Previo a ello, directivos de las distintas casas de altos estudios del país aseguraron que, de repetir los montos presupuestarios del año 2023, los fondos se verían reducidos en términos reales, comidos por la inflación.
En este contexto, desde el Ministerio de Capital Humano comunicaron que las asignaciones que envía el tesoro se incrementaron en un 70% durante marzo, y que habrá otro aumento similar en el mes de mayo, contabilizando una recomposición del presupuesto de 140%. Sin embargo, desde el CIN señalaron que la propuesta es insuficiente y desmintieron el acuerdo.
“Nos parece bien que reconozcan que existe el ajuste, porque hasta hace poco lo negaban. Queremos sentarnos a dialogar, pero la propuesta sigue siendo insuficiente”, sostuvieron en un comunicado.
La propuesta y el falso acuerdo del Gobierno
Cuando la comunidad universitaria comenzó a inquietarse ante la partida presupuestaria, el Gobierno reaccionó como acostumbra. A través de las redes sociales, se desató la furia y el ataque sistemático encabezado por Javier Milei, quien apuntó contra las casas de estudio y los docentes, a quienes tildó de “adoctrinadores”.
Pero, en la noche de ayer, pusieron en práctica una nueva jugada con la intención de desarticular la marcha del próximo martes y lanzaron a rodar la idea de un falso pacto entre las partes involucradas.
“Se acordó avanzar en conjunto entre el Gobierno nacional y las Universidades Nacionales, tal como indica el artículo 2 de la Ley de Educación Superior N°24.521, en un programa de auditoría conjunta que mejore y perfeccione los sistemas de auditoría existentes”, comunicaron.
Además del 140% de actualización en el presupuesto, el comunicado adelantó una presunta reunión a realizarse en la Subsecretaría de Políticas Universitarias con el Comité Ejecutivo del CIN. El objetivo del encuentro, según señalaron, es conversar acerca de cómo avanzar en conjunto hacia “los cambios que la sociedad reclama”. Por último, el escrito asegura: “Nos comprometemos a lograr una educación universitaria de calidad”.
Un detalle no menor es que el 70% del que habla la cartera manejada por Sandra Pettovello se enfoca en los gastos de funcionamiento, sin tener en cuenta otros aspectos como los sueldos de les docentes y residentes, que durante los últimos meses quedaron por debajo de la inflación.
“La oferta del Gobierno no resuelve nada”, dijo el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti. En esa línea, aseguró que “si la situación no cambia, vamos a empezar a perder profesores prestigiosos”.
La resolución del gobierno de Milei es clásica: rechazar la existencia del conflicto y atacar a los actores. Tanto Milei como su ministro del Interior, Guillermo Francos, atacaron a les docentes. El presidente los llamó “salamines firmadores de cartas de indignación”, y acusó a la educación pública de generar “disonancia cognitiva”.
Por otro lado, Francos se preguntó si, ante los problemas presupuestarios que denuncian, les docentes no deberían plantearse “la forma de generar más recursos”. En efecto, en lugar de ofrecer una solución al conflicto, desde el Ejecutivo se limitaron únicamente a justificar el desfinanciamiento de las universidades.
En este contexto, se repite el mismo escenario que en marzo, cuando, ante la huelga nacional de docentes, el gobierno anunció un aumento del 70% para gastos de mantenimiento la noche anterior, el cual aún no llega.
La universidad responde
Durante las últimas semanas, los directivos de las universidades nacionales advirtieron que los fondos que el Gobierno asignó para este año son los mismos del 2023. Estas cifras sólo cubren las necesidades hasta mediados de año, y de no administrarse juiciosamente se podrían acabar incluso antes.
Como se mencionó, el CIN emitió un comunicado para desmentir la información brindada por las autoridades nacionales. En el mismo expresaron que se encuentran “a la espera de la invitación formal a la reunión donde se anuncie formalmente estas medidas”.
A su vez, marcaron su posición respecto a la situación de la educación y la ciencia. “La disposición de este Consejo Interuniversitario siempre ha estado y estará en virtud de nuestro convicción profunda respecto del rol estratégico que la educación pública, el sistema público de educación superior y la ciencia tienen para el país”, sostuvieron.
Aunque desde el CIN reconocieron que el diálogo es el único camino para lograr acuerdos duraderos, y que es un avance luego del silencio y los ataques gubernamentales, mencionaron que mantienen sus reclamos. Por esta razón, ratificaron la marcha convocada para el 23 de abril, porque “es una actividad de vital importancia para visibilizar la situación que atraviesa el sistema universitario y científico nacional”.