Esta semana fue turbulenta en relación a los Derechos Humanos. El último jueves se difundió un comunicado de la organización H.I.J.O.S, que informó el brutal ataque a una de sus integrantes.
Asimismo, se viralizó la participación del Ministro de Defensa, Luis Petri, en la presentación de un libro sobre el Coronel Valle Laburre en el Círculo Militar. En el acto de reivindicación de la dictadura, Petri se fotografió junto a esposas de genocidas presos.
Más tarde la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa anunciaron proyectos que serán enviados al Congreso la semana entrante. Los mismos establecen un mayor despliegue de las Fuerzas Armadas, legitimación del gatillo fácil y represión ante las protestas.
Horas después de los anuncios, la vicepresidenta Victoria Villarruel, en una entrevista con el canal TN se opuso a lo anunciado por les ministros y el manejo de Javier Milei.
La vicepresidenta declaró estar en contra del despliegue militar para combatir asuntos civiles como lo que sucede en Rosario. Asimismo, reconoció que no le agradó que el tema de seguridad no estuviera a su cargo.
Todo lo nombrado sucedió nada más y nada menos que en la antesala de los 48 años del golpe de estado cívico y militar de 1976 que implicó la desaparición de 30.000 personas.
El despliegue de las Fuerzas Armadas
En el marco de un gobierno que nos retrotrae a la década del ’70, se da el anuncio de Luis Petri en conjunto con la ministra de Seguridad.
Uno de los primeros proyectos que presentaron es la modificación del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior para ampliar la capacidad de acción de las Fuerzas Armadas frente a actos de terrorismo en el país. Esto a partir de lo ocurrido en Rosario.
Asimismo, la decisión de la actuación militar sobre algún territorio argentino estará sujeta al Comité de Crisis, quien determinará si se está ante una situación terrorista. Esto en conjunto a lo que considere el Gobernador de determinada provincia.
Lo llamativo del primer proyecto es que vuelve a traer la idea de terrorismo. En primera instancia se aplicaría para Rosario, sin embargo deja la puerta abierta para que se aplique en toda Argentina si lo consideran.
En el contexto violento que atraviesa el país, la medida puede tornarse peligrosa para la ciudadanía a sabiendas que hay una mirada fijada en acallar la protesta y los reclamos que no se acomodan a la visión libertaria.
Cárcel por protestar
En esa línea, la ministra Bullrich insiste con medidas de la Ley Bases. Anunció la necesidad de la reforma del artículo 194 del Código Penal. Esto implica el aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, instiguen a cortes de calles, y obliguen a participar de las mismas bajo promesas de remuneración.
Asimismo, anunció sanciones para bloqueos a industrias o comercios, que van de 4 a 6 años de prisión. Lo cual limitaría el derecho a huelga de les trabajadores.
Durante el anuncio de dichas medidas la ministra afirmó: “Hoy le pegan a un policía, le tiran una piedra y es como si nada. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad”.
Asimismo, en relación a la legítima defensa y el cumplimiento del deber, la ministra planteó que no se permitirá la querella de las familias contra el estado.
Ley antimafias
Por otra parte, Bullrich también presentó la Ley anti mafias. Esta recaería sobre aquellos hechos individuales que son cometidos como parte de una organización, quienes cometen distintos tipos de delito que se encuentran encadenados y sujetos a un territorio.
La ley alcanzaría al narcotráfico, homicidios, sicariatos, lesiones, extorsiones, pornografia infantil, privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos. En este marco los efectivos policiales podrían detener a personas por averiguaciones de delitos a nivel nacional, requisas, incautar mercadería, allanamientos encadenados y autorización de interceptar llamados telefónicos.
Además, se sancionaría a todos los miembros de la organización basado en la pena máxima de alguno de los delitos cometidos por alguno de los miembros. En caso, que no haya una máxima, la pena deberá ser entre 8 a 12 años de cárcel. A su vez, el estado se quedaría con todo el capital de la organización.
Ahora bien, los proyectos de ley que serán enviados al Congreso hay que leerlos entre líneas. Sobre todo aquellos que plantean la ley anti mafias y el uso militar con motivo de terrorismo. No sería sorprendente que el gobierno actual las acomode para ir contra la oposición o ciudadanos no militantes en su afán de deskirchnerizar o desperonizar.
Esto tiene un complemento con la insistencia en encarcelar a quienes decidan protestar ante la profundización de la crisis.
Asimismo, se da rienda suelta a efectivos para disparar en legítima defensa con nuevos parámetros. Es de público conocimiento que los efectivos suelen abusar de su autoridad desencadenando casos de gatillo fácil como los de: Santiago Maldonado, Lucas González, Facundo Ferreira, Luciano Arruga, entre tantos otros.
Ya hay cientos de muertes en tiempos democráticos con una justicia lenta o ineficiente y con efectivos policiales que en muchos casos no tienen límites.
¿Qué realidad nos espera si se aprueban los proyectos de ley?
Desde nuestra experiencia ciudadana, se puede ver un futuro silenciado, pobre, sin capacidad de acción política y con la posibilidad de morir en manos de la policía.