El lunes 5 de febrero comenzó el juicio contra el guardiacárcel Gerardo David Bazán, acusado de haber incitado al suicidio a su pareja, Ana Carolina Picone. Se trata del primer caso en el que se lleva a debate oral una acusación de estas características en la provincia de Tucumán.
Cristina Isabel del Valle Ruiz, madre de Ana, se acercó a la Fundación María de los Ángeles, desde donde la acompañan en su reclamo de justicia. En diálogo con este medio Antonio Lucena, abogado de dicha organización y representante de la familia, sostuvo que “desde un primer momento el suicidio de Ana no quedó controvertido, pero del análisis de las pericias al celular surgieron un montón de conversaciones referidas a amenazas, a maltrato físico, psicológico y cuestiones que daban cuenta del entorno de violencia de esa relación”.
El 17 de junio de 2022, Picone se encontraba en la vivienda que compartía junto al guardiacárcel y a su hija de un año, ubicada en El Colmenar, cuando se quitó la vida con el arma reglamentaria de Bazán. Durante la investigación surgieron elementos que prueban el contexto de violencia de género en el que vivía Ana, razón por la cual la causa está caratulada como “instigación al suicidio”.
📣 Esta semana comenzó el Juicio por la muerte de Ana Carolina Picone. Por primera vez en Tucumán se está realizando un debate oral y público por el delito de Instigación al Suicidio. pic.twitter.com/FjXfNcvDmx
— Fundación María de los Ángeles (@fundacionmdla) February 8, 2024
Sobre el juicio
El abogado confirmó que hasta el momento declararon familiares, compañeres del trabajo de la joven y especialistas que tienen que ver con la parte técnica. “Creemos, por cómo se vienen desarrollando las testimoniales, que los alegatos finales y la sentencia va a ser el día martes”, sostuvo Lucena.
Entre los elementos probatorios que se expusieron en las audiencias hay chats que apoyan la hipotesis de instigación al suicidio. “Quiero verte morir agusanada como te mereces. Agonizando toda la eternidad para pagar”, se puede leer en uno de ellos.
Durante la primera jornada, la principal testigo fue Cristina, madre de Ana, quien en su declaración habló de la violencia ejercida sobre la joven. “Yo le había alquilado un departamento y por las noches él iba a molestarla. Una vez me llamó pidiéndome que vaya a buscarla; cuando llegué ella estaba golpeada y había cosas rotas”, relató. Además, contó que Bazán la celaba constantemente y no le gustaba que trabajara ni compartiera tiempo con compañeres.
Este viernes declarará la licenciada que hizo la autopsia psicológica por parte del Ministerio Público, también lo hará otra psicóloga que hizo el mismo estudió pero por parte de la defensa. “Estimamos que las pruebas que tenemos son suficientes, creemos firmemente en la culpabilidad del señor Bazán, y esperamos, por supuesto, que el juez tome una decisión acorde a lo que nosotros vamos a alegar”, expresó el abogado de la familia.
Créditos: Fundación María de los Ángeles.
¿De qué trata la instigación al suicidio?
En Tucumán existe un antecedente de condena por instigación al suicidio, pero fue a través de un juicio abreviado y hay otro expediente que aún permanece en la etapa de instrucción. El 27 de junio de 2023, Julio Antonio Soria fue sentenciado a dos años de prisión por haber incitado al suicidio de su ex pareja, Rosa del Valle Poma. Ambos casos han sido investigados por el fiscal de Homicidios I, Ignacio López Bustos.
El delito de instigación al suicidio es regulado por el Código Penal argentino. “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años, el que instigare a otro al suicidio o le ayudare a cometerlo, si el suicidio se hubiese tentado o consumado”, establece su artículo 83. El abogado explicó que el delito de la instigación al suicidio no tiene los agravantes que tiene el homicidio.
Para poder imputar a Bazán fue fundamental la “autopsia psicológica”, una pericia que se realiza para poder determinar el perfil de la víctima. El informe señala que Ana no presentaba “rasgos compatibles con los caracteriales prototípicos suicidas. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de un pasaje al acto autolesivo a partir de la manipulación permanente por parte de quien fuera su pareja”, expuso la psicóloga Lina Natalia Córdoba.
Para Lucena, “es importante dejar un precedente en este tipo de casos” ya que “posterior al suceso de Ana, por lo menos ha habido dos situaciones más, entonces, es más que importante poder sentar una opinión jurídica en cuanto a cómo es que la justicia puede tener un enfoque y un fallo sobre este tipo de situaciones”, explicó.
Créditos: Fundación María de los Ángeles.
Ana y una historia de violencias
El 17 de junio de 2022, Ana Picone murió de un disparo en la cabeza. Tenía 29 años, era policía y madre de una niña de un año. Pasaron dos horas entre que sucedió el disparo y su pareja llamó a la policía. Antes llamó a su hermana y arrastró el cuerpo.
Ana tenía medidas de restricción perimetral, varias denuncias acumuladas en diferentes comisarías y un informe de la Oficina de Violencia de Género que señalaba que se trataba de un caso de riesgo crítico. “Siempre desde mi lugar de abogado en estos casos, trató de luchar un poco contra el concepto de tóxico, hablan de la toxicidad y yo digo no, hablamos de violencia”, sostuvo el abogado.
A través de las redes sociales, familiares y amigas de Ana describieron que la joven y el acusado mantenían una relación violenta. “Él era celoso, tóxico, violento, y posesivo”, relató una de sus amigas a través de su cuenta de Instagram y agregó: “no la dejaba tener amigos ni amigas, le preguntaba qué hacía, dónde y con quién estaba”.
Según la hipótesis del fiscal Ignacio López Bustos, Bazán persuadió a través de violencia y humillaciones a Ana hasta llegar a su muerte. “Durante más de tres años la relación estuvo signada por la desigualdad de poder, donde Bazán ejercía violencia física y psíquica en contra de aquella atentando gravemente la libertad, la dignidad, la integridad física, psicológica, económica y la seguridad tanto en ámbitos familiares, sociales, como laborales”, sostuvo al inicio del juicio.
Por su parte, el abogado de la familia apoya esta idea y, ambos, pedirán la pena máxima para este tipo de delitos, la cual es de 4 años de prisión efectiva. “Esto sucedió producto de la inducción, de la persuasión constante, de la violencia y la presión sostenida en el tiempo que Bazán ejercía sobre Ana”, agregó el abogado querellante, Antonio Lucena.