“El día de ayer mi prima se quitó la vida, porque ya no aguantó, se desgastó tanto mental como físicamente”, escribió Belén Aldana García, prima de Anabelia Ayala, quien había denunciado en reiteradas oportunidades al ex futbolista Oscar Junior Benítez por violencia de género. Su muerte trae el debate acerca de los suicidios en contexto de violencia de género y la falta de ayuda de un Estado ausente.
La Iniciativa Spotlight publicó el informe “No son suicidas, son víctimas de femicidas”, un estudio sobre suicidios y femicidios identificados como suicidios y su relación con la violencia de género en Salta. En el trabajo, la antropóloga Andrea Flores señala que “el denominado suicidio feminicida y/o por razones de género se inscribe, en último término, en una experiencia de violencia que ancla en una estructura patriarcal y heteronormativa, que dista de un mero ejercicio soberano sobre sí misme, sino que resulta del inmenso sufrimiento”.
El caso de Anabelia
En el año 2023, el Observatorio de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) contabilizó siete de estos tipos de muerte violenta. El 2024 inició con la muerte de Anabelia Ayala, quien se quitó la vida el primer día del año, y también, como en los otros casos, sufría violencia de género.
Si bien la joven se suicidó en su habitación, sus padres aseguran que el responsable de su muerte es su expareja, el futbolista Oscar Junior Benítez, a quien ellos ya habían denunciado en reiteradas oportunidades por violentar a su hija. En mayo de 2023, la Justicia ordenó su detención por los delitos de coacción agravada por el empleo de arma en concurso real con daños, amenazas y desobediencia. Sin embargo, nunca fue a la cárcel, por obtener el beneficio de la prisión domiciliaria.
A pesar de la domiciliaria y de la restricción perimetral que pesaba sobre el futbolista, seguía viendo y manteniendo comunicaciones con la joven. “Él se la llevó la madrugada del 30 y mi hija volvió al otro día con los ojos hinchados y se encerró en su habitación. Después de eso, no quiso salir más”, contó el padre de Anabelia en una entrevista a Telefe.
La muerte de la joven había sido caratulada como suicidio pero su familia reclama que se investigue el hecho como un posible delito de inducción al suicidio. Mientras tanto, la investigación del caso quedó radicada en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de Almirante Brown, a cargo de Juan Manuel Baloira. Además, el abogado de la familia pidió que se revoque la prisión domiciliaria de Benítez y se lo traslade a una unidad penal.
¿Qué dice la ley al respecto?
El suicidio femicida aparece como una de las formas que puede adquirir la violencia de género. Diana Russell, activista feminista sudafricana, fue quien acuñó el término en 1996, y se refiere a las mujeres que se suicidan como consecuencia, o en contexto de, la violencia de género.
En América Latina, existe un solo país que condena el “suicidio feminicida” como un crimen, se trata de El Salvador. En Chile, por ejemplo, este debate estuvo presente tras el suicidio de una mujer que había denunciado varias veces a su expareja, pero no está respaldado en la ley. En Uruguay, del mismo modo, se trató el tema cuando el esposo de Lilián Rodríguez fue condenado luego de que ella se quitara la vida.
En nuestro país, les diputades Mayda Rosana Cresto y Ramiro Gutiérrez presentaron distintas iniciativas para incorporar este tipo de suicidios como delitos. En ambos casos se buscaba modificar el Código Penal, pero hasta el momento las iniciativas no fueron aprobadas.
Ya en un informe publicado en 2020, la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina advertía sobre los casos en que “se han detectado muertes de víctimas que fueron abusadas sexualmente y que su estado de vulnerabilidad las condujo al suicidio”. “Este Observatorio considera que es de gran relevancia que el suicidio –cuando se haya probado que hubo previamente abusos y violencia contra la mujer-, sea tratado como suicidio femicida”, aseguró la institución.
Sentencias que contemplan la violencia
Desde el observatorio de MuMaLá, denominan como suicidios feminicidas a las muertes de “mujeres que fueron abusadas sexualmente, que sufrieron violencia de género, o en situación de trata”. A su vez, remarcan los casos en que “tal estado de vulneración tuvo como desenlace un suicidio, o aparentan femicidios, y que posteriormente peritajes y autopsias arrojan que fue una muerte autoinflingida”.
En cuanto a los fallos al respecto, en 2022, los jueces de la Cámara en lo Criminal de Segunda Nominación condenaron a Bruno Vuirli Saragusti a la pena de 16 años de prisión efectiva por 11 delitos de violencia de género, entre ellos instigación al suicidio. Vuirli Saragusti fue denunciado en marzo de 2019 tras el suicidio de María José “Majo” Arias Gibert, con quien había mantenido una relación.
Como parte del fallo, los jueces remarcaron que “quedó acreditada la existencia de una relación caracterizada por la intensa y constante violencia física y psíquica que el acusado ejercía sobre M. J.”.
Además, agregaron que en la relación “reinó la manipulación, la despersonalización, el control de su vida, situándola en un profundo estado de vulnerabilidad emocional, en donde la víctima no se percibía en vínculo afectivo como persona sino como un objeto de satisfacción de las necesidades del otro, con una consecuente denigración de su autoestima y de su persona”.
Otra sentencia similar ocurrió en marzo de 2023, cuando Juan Antonio Soria fue condenado por haber instigado a Daniela Chávez a terminar con su vida, en un contexto de violencia de género. Tras un juicio abreviado, Soria fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por el delito de “instigación al suicidio” de su entonces pareja.
Además de les cinco hijes que tenían en común, Chávez estaba embarazada de tres meses en el momento del suicidio. Fue encontrada sin vida el 24 de abril de 2022. La investigación estuvo a cargo del fiscal Gonzalo Vega, y en un principio se sospechó que se trataba de un femicidio a causa de los golpes que presentaba la víctima.