Tras presentar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, el presidente, Javier Milei, envió el proyecto de Ley “Ómnibus” al Congreso de la Nación. Además de recortes, desregulaciones, privatizaciones, y más, propone modificaciones en la Ley Micaela. Ahora, la normativa deberá ser votada por el poder legislativo.
Bajo el nombre de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, el megaproyecto presenta varios artículos polémicos. A través de ellos se busca, por ejemplo, privatizar empresas del Estado; otorgar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo; y saltear el Congreso a la hora de tomar deuda externa y aumentar las jubilaciones. Asimismo, establece la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO); criminaliza las protestas sociales; descuida los bosques nacionales, entre otros puntos.
Por otra parte, la Ley Ómnibus reforma diversas leyes. Tal como se mencionó, una de ellas es la 27.499. Tras conocerse la medida, la Fundación Micaela García emitió un comunicado en el que sostuvieron que la decisión “implica que pierda su razón de ser”. A su vez, sostuvieron que “con perspectiva de género se puede evitar femicidios” y resaltaron que la normativa “fue votada en forma casi unánime y que pretenden borrarla de un plumazo”.
En el mismo sentido, desde el Colectivo Ni Una Menos afirmaron: “Estamos frente a una reforma constitucional de facto: la inauguración de un régimen autoritario”. En esa línea, desde Amnistía Internacional aseguraron que las propuestas “limitan tus derechos” y manifestaron estar preocupades “por la posible regresión en materia de derechos humanos que implica el avance de estas propuestas”.
5. Limita la Ley Micaela, de capacitación obligatoria en género para los tres poderes del Estado, reduciéndola a cuestiones de violencia "intrafamiliar". (Sigue)
— #VivasNosQueremos (@ColectivoNUM) December 28, 2023
¿Qué establece la ley?
La Ley 27.499, mejor conocida como “Ley Micaela”, fue promulgada el 10 de enero de 2019. Se trata de una iniciativa que fue aprobada en Diputados con 171 votos a favor y uno en contra, de Alfredo Olmedo, y en el Senado por unanimidad.
La norma establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
El nombre de la ley se eligió en conmemoración a Micaela García, una joven que fue abusada y asesinada en Gualeguay, Entre Ríos. Su femicida fue Sebastián Wagner, un exconvicto condenado a nueve años de prisión por violar a dos mujeres. Cabe mencionar que, por decisión del juez Carlos Rossi, obtuvo la libertad aunque el informe criminológico y las pericias psicológicas recomendaban no otorgarsela. Días después de su excarcelación, cometió el femicidio.
Micaela militaba en el movimiento Ni Una Menos y en el Movimiento Evita. Tras varios días de búsqueda, en abril de 2017, los medios replicaron la noticia del crimen. Como consecuencia, se generaron movilizaciones en todo el país.
Perspectiva de género: ¿Afuera?
En el mismo día que se presentó el proyecto que incluye la reforma de la ley, se confirmó la transformación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en subsecretaría. Todavía no hay novedades de quiénes serán las autoridades a cargo ni qué pasará con sus áreas y proyectos.
Ahora, mediante el megaproyecto de ley de Milei, se propone acotar la Ley Micaela a los espacios que trabajan en la materia y volver a conceptos como “violencia familiar” y “niños por nacer”: esta diferencia, no sólo desdibuja la diversidad, sino que deja por fuera otros espacios donde puede ocurrir la violencia de género como el ámbito laboral, la vía pública, los medios de comunicación, etc.
En esa misma línea, en caso de aprobarse se elimina la idea de “personas gestantes” que será reemplazada por “madres embarazadas”, rompiendo con toda noción de identidad de género. Además, las modificaciones hablan solo de niños, sin mencionar la figura de “niña” o “niñeces”. Cabe mencionar que estos cambios contradicen a las leyes vigentes de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y de Identidad de Género.
Protesta social, legítima defensa, ambiente, género: pic.twitter.com/CIfULmARtx
— Amnistía Internacional Argentina (@amnistiaar) December 28, 2023
La propuesta del gobierno busca sustituir el artículo Nº 1 de la Ley 27499, el cual establece la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para quienes “se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”.
Con la modificación, la implementación de la Ley Micaela recaería solo “en las personas que se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia”. Es decir, en la flamante Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género —que aún no tiene un responsable designado ni se aprobó la estructura del nivel inferior— que depende del Ministerio de Capital Humano. De este modo, se destruye la función clave de concientizar sobre violencia machista a funcionaries de los tres poderes.