A dos décadas del asesinato de la joven tucumana, Paulina Lebbos, los jueces absolvieron a César Soto (ex pareja de la víctima) y Sergio Kaleñuk, señalados como los autores materiales del hecho. La familia de la víctima y el movimiento feminista denuncian un entramado político y judicial diseñado para proteger a los responsables.
Veinte años de lucha, marchas, irregularidades y dolor no fueron suficientes para que el Estado tucumano brinde una respuesta a la familia de Paulina. El tribunal, compuesto por los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, junto con el accionar del fiscal de cámara Carlos Sale, determinó que no había elementos suficientes para una condena, cerrando así un nuevo capítulo de un expediente marcado desde el día cero por la corrupción y el encubrimiento estatal.
«El caso de Paulina Lebbos no es solo la historia de un femicidio. Es la historia de un Estado patriarcal que protegió a los responsables, destruyó pruebas y condenó a una familia a vivir sin verdad, ni justicia», afirmó Soledad Deza aboagada que acompaña víctimas de violencia.
El crimen y el pacto de silencio
Paulina Lebbos desapareció el 26 de febrero de 2006 luego de salir a festejar con sus compañeras de facultad tras aprobar una materia. Su cuerpo fue hallado días después, mutilado, a la vera de la ruta provincial 341.
Desde aquel momento, durante la gobernación de José Alperovich, se puso en marcha una aceitada maquinaria de encubrimiento. A lo largo de estos 20 años, la causa tuvo a fiscales apartados y condenados (como Carlos Albaca, por incumplimiento de deberes), pruebas adulteradas, pistas falsas y funcionarios policiales y gubernamentales condenados por encubrir el crimen. Sin embargo, la gran deuda pendiente de la Justicia siempre fue condenar a quienes efectivamente le arrebataron la vida a la joven.
El fallo fue un golpe devastador para la familia Lebbos, que lleva dos décadas transformando el dolor en una lucha colectiva incesante. Leticia, la hija de Paulina, quien creció atravesada por la búsqueda de justicia para su madre, fue contundente respecto al rol de las instituciones: «A mi mamá la asesinaron y el Estado decidió no saber quién fue«, sentenció tras conocerse la absolución.
Por su parte, Alberto Lebbos, padre de Paulina, ratificó que no bajarán los brazos. Pese al revés judicial, advirtió frente a los medios que «esta lucha sigue» y adelantó que continuarán apelando y exigiendo que los verdaderos responsables paguen por lo que hicieron.
En ese contexto, el crimen de Paulina Lebbos continúa siendo un símbolo de la impunidad en Tucumán, la misma tierra donde desapareció Marita Verón. Durante años, Alberto Lebbos apuntó contra el ex gobernador José Alperovich por el supuesto encubrimiento y las redes de poder que, según denunció, buscaron garantizar impunidad en la causa de su hija. Las acusaciones cobraron todavía más peso luego de que Alperovich fuera condenado por abuso sexual, un fallo que volvió a exponer las tramas de poder, violencia y protección política denunciadas históricamente por familiares y organizaciones feministas.
«La impunidad también es violencia»
La noticia generó una rápida respuesta desde los feminismos. A través de un comunicado, la asamblea Ni Una Menos Tucumán expresó su total repudio al «vergonzoso fallo absolutorio».
«Tucumán quedó marcado para siempre por la desaparición de Paulina», señala el documento, recordando que «gobernaba entonces José Alperovich (hoy preso en su domicilio por abusos sexuales) y el poder actuó para cuidar a los suyos». Desde la organización denunciaron que «las pruebas estaban, pero faltó decisión política y judicial para profundizar la investigación».
Además, las agrupaciones feministas enmarcaron este fallo en un contexto actual de retroceso de derechos, marcado por «la retirada del Estado nacional y provincial de las políticas públicas de prevención y atención de las violencias de género».
La exigencia es clara: juicio político a los responsables del encubrimiento dentro del Poder Judicial, una nueva investigación y castigo efectivo para los femicidas. Como reza el cierre de su comunicado, el grito sigue siendo el mismo en las calles tucumanas: «Por Paulina. Por las que nos faltan. Por las que vienen. Vamos a seguir en las calles, porque sin justicia no hay democracia y porque la impunidad también es violencia».
Mientras tanto, la provincia de Tucumán volvió a quedar atravesada por la violencia de género en el inicio de 2026. Los femicidios de Juana Bustos, Tamara Sánchez y Erika Antonella Álvarez encendieron nuevamente las alarmas en una provincia marcada por las denuncias de falta de protección estatal y respuestas tardías frente a las violencias machistas.