La senadora nacional Carolina Losada (UCR) logró dictamen favorable en comisiones para su proyecto de ley contra las «falsas denuncias», lo que habilita su tratamiento en la cámara alta. Aunque la figura ya existe en el artículo 245 del Código Penal, la propuesta de Losada busca agravar las penas específicamente cuando se trate de casos de violencia de género y abuso sexual.
El proyecto no nace de forma aislada. A fines de 2024, Losada y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona —abogado defensor de José Alperovich, condenado por abuso sexual— encabezaron una jornada en el Senado donde se expuso la retractación de una adolescente cuyo progenitor había sido condenado con vasta carga probatoria. Este uso político del sistema judicial marca el tono de una iniciativa que, según datos de la ONU, apunta a un fenómeno marginal: las denuncias falsas en Argentina representan apenas el 0.3%.
Desde la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), su presidenta Melisa García subrayó la falta de necesidad jurídica de la norma y el peligro de su aplicación. «Ya tenemos en nuestro Código Penal la figura de la falsa denuncia. Este proyecto busca algo más: dejar el mensaje de que las denuncias por violencia sexual hacia niñeces tienen un componente de falsedad«, señaló.
Sara Barni, referente de la organización Red Viva, advirtió que el mensaje del proyecto es disciplinador: «Si se crea un agravante penal específico, el mensaje es claro: denunciar puede tener consecuencias penales adicionales. Funciona como una mordaza para muchas mujeres que ya sienten miedo de acudir al sistema judicial«.
Una narrativa con fines políticos
Para Barni, este proyecto es la reformulación de un discurso que intenta instalarse hace años. “Lo que vemos hoy es un nuevo intento de reinstalar una narrativa que resulta políticamente eficaz: que los hombres acusados de violencia o abuso aparezcan públicamente como víctimas de acusaciones injustas«, explicó Barni y agregó: «es funcional a un lobby que necesita reinstalar la idea de que el verdadero problema no es la violencia dentro de las familias sino las denuncias de quienes la señalan«.
Según la especialista, este relato desplaza el foco de los delitos reales: «Investigaciones recientes muestran la existencia de redes organizadas de violencia sexual que funcionan como ‘academias de violadores’. La pregunta que deberíamos hacernos es por qué el foco político se coloca sobre quienes denuncian y no sobre estas formas cada vez más organizadas de violencia«.
En la misma línea, para la referente de Abofem el proyecto es «preocupante» y es «un claro reflejo de todo lo que se viene acompañando desde estos últimos años en este actual gobierno que viene desalentando la existencia de la violencia de género y la eliminación de todo tipo de política pública«.
En cuanto a los dichos de la senadora Losada, quien aseguró que cualquier persona puede ir presa por una falsa denuncia, la referente de Red Viva desestimó esa posibilidad. “No estamos frente a un sistema que cree solo en el relato, lo que existe en la práctica es un recorrido probatorio extremadamente exigente», explicó.
Del mismo modo, la abogada García alertó sobre una «trampa» procedimental que mezcla la falta de pruebas con la mentira deliberada: “El sistema probatorio para casos de violencia es extremadamente lento y muchas veces insuficiente. Al colocar este agravante, corremos el riesgo de que, cuando un proceso no logra probar el hecho y termina en sobreseimiento, sea leído automáticamente como una falsa denuncia. Eso solo logra dejar impunes a los violentos”.
Desalentar la búsqueda de justicia
La realidad de quienes denuncian dista mucho del beneficio que el proyecto de ley presume. “Las mujeres que denuncian pasan por un proceso extremadamente revictimizante, en un sistema judicial frío que quita de la mesa los efectos traumáticos y la subjetividad”, explicó la presidenta de Abofem.
Al respecto, Garcia sostuvo que el proyecto «está funcionando como un gran factor disciplinador y re-victimizante en sí mismo» y aclaró que «al no existir estadísticas colocan que hay una gran cantidad de denuncias falsas y un montón de hombres que se les ha arruinado la vida y por ende necesitan legislar sobre esto».
En ese sentido, explicó que «lo que buscan es impunidad a través de la desinformación, impunidad con el fin de seguir avanzando sobre niñas, niños y adolescentes y sobre las mujeres desde un punto de vista muy negativo».
Para ambas especialistas, el avance de esta ley representaría un retroceso crítico en términos de derechos humanos. Mientras que ONU Mujeres estima que el 77% de las mujeres en nuestro país no se anima a denunciar, la respuesta legislativa parece orientada a profundizar ese silencio.
Dado que las denuncias falsas ya están penadas por ley, Barni asegura que este proyecto «busca instalar la idea de que las denuncias en estos contextos tienen una presunción de falsedad o de manipulación«. Para la activista, «esa construcción discursiva es muy poderosa porque impacta directamente en la percepción social y en la manera en que operadores judiciales y opinión pública interpretan los casos».
En ese sentido, Barni concluye: «Si una norma genera más temor a denunciar violencia dentro de las familias, el sistema se aleja de sus principios. El interés superior de niñas, niños y adolescentes corre el riesgo de quedar subordinado al reclamo de contacto de los adultos».