Pasadas las 21 horas del miércoles, el presidente Javier Milei comunicó a través de una breve cadena nacional pregrabada, lo que él mismo denominó “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”. El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) cuenta con 80 páginas donde se incluyen 300 medidas que planean modificar la política del país y la economía de todos sus habitantes.
El primer punto al que Milei hizo referencia fue la derogación de la Ley de Alquileres 27.551, a la que calificó como “nefasta”, y aseguró que de este modo “el mercado inmobiliario volverá a funcionar sin problemas y alquilar no será una odisea”.
Al finalizar el comunicado, miles de personas salieron a manifestarse en calles de todo el país y la misma escena se replicó el día jueves.
“El DNU me afectó principalmente como inquilina. Sabemos que hay una diferencia total entre quien tiene propiedades para alquilar y quienes no tenemos donde vivir, entonces no hay igualdad de condiciones, no se puede hablar de un contrato en igualdad si te piden lo que sea y vos estás desesperada por vivir en un lugar”, dice Nancy. Es trabajadora estatal y está preocupada por lo que sucederá con su casa.
Mientras que los contratos de alquiler ya se proponían con hasta un 400 por ciento de aumento, muches propietaries se inclinaban solo por el alquiler turístico y crecía la falta de ofertas en el mercado inmobiliario, el nuevo gobierno consideró que era una cuestión de ‘necesidad y urgencia’ derogar la norma que, por otro lado, había sido reformada hace pocos meses, con un claro beneficio al propietarie.
“Yo estoy pagando ahora, con un contrato viejo, setenta mil pesos, pero lo que más me preocupa son las condiciones en las que voy a negociar el próximo contrato, que me puedan pedir pagar en dólares, las garantías que pidan”, dice, mientras aplaude rodeada de otros vecinos de la ciudad de Florencio Varela.
La derogación de la ley contempla la desregulación total del mercado y también la posibilidad de pagar en moneda extranjera, ya que la negociación para adquirir un lugar donde vivir será un acuerdo «entre partes», sin intervención estatal ni regulación de ningún tipo, más que la del mercado. ¿Qué implica eso en un país donde la población inquilina ya sobrepasa los diez millones? ¿Cuáles son los puntos más importantes a tener en cuenta?
El fin de la Ley de Alquileres
La Ley de Alquileres fue atacada como la culpable de todos los males del mercado, por eso, los contratos de alquiler de vivienda volverán, si el DNU entra en vigencia, a los términos establecidos bajo el Código Civil y Comercial como se hacía antes de junio de 2020.
Así serían, en principio, las condiciones para alquilar vivienda en Argentina:
- Plazo: No hay plazo mínimo. Les inquilines podrán firmar contratos por una semana, un mes o dos meses.
- Dolarización: Les propietaries podrán exigir alquileres en cualquier moneda (dólar, euro, etc.)
- Ajustes: El precio de los alquileres podrá ser actualizado diariamente bajo cualquier índice (dólar, inflación, nafta, etc.)
- Garantías: Se podrán pedir todo tipo de garantías. El seguro de caución será universal.
- Depósito: El monto en calidad de depósito también será a consideración del propietarie, y podrá ser en cualquier moneda. La devolución del mismo será 60 días después de finalizado el contrato, y no será actualizado.
- Arreglos: Los arreglos de la casa pasarán a ser una obligación del inquiline.
- Expensas: Les inquilines pagarán expensas ordinarias y extraordinarias.
- Aviso de 3 meses: El propietario no tendrá la obligación de avisar con antelación ante la renovación, o no, del contrato.
- Multa: Si le inquiline finaliza el contrato antes de tiempo deberá pagar el 10% del precio total del contrato.
- Meses de adelanto: Le propietarie podrá pedir la cantidad de meses adelantados que desee.
- Compensación: Si quien es dueñe de la propiedad cobra algo que no corresponde, ese monto indebido no será descontado del alquiler.
Desde Inquilinos Agrupados, la organización de inquilines que trabaja por la representación, difusión y ampliación de sus derechos, llamaron a asambleas en todo el país. Uno de sus representantes, Gervasio Muñoz, remarcó que la Argentina se convirtió desde la sanción de DNU “en el primer país del mundo en no tener regulación de la vivienda”.
Por otra parte, Marta Liotto, ex presidente del Colegio Inmobiliario de Capital Federal, dijo en una entrevista que “desde siempre hemos sostenido que el Estado no debe inmiscuirse en un mercado que se maneja por acuerdos libres entre privados, por lo que apoyamos que se dé de baja esta Ley, que tanto daño ha hecho al sector. Verdaderamente las dos últimas leyes fueron nefastas. Nos llevaron a un escenario de oferta cero”
Pero Nancy, que alquila desde siempre, opina otra cosa: “Si bien la Ley de Alquileres no funcionaba completamente, porque las comisiones inmobiliarias nos las seguían cobrando a los inquilinos, para no tener problemas los propietarios y las inmobiliarias respetaban los tres años o el contrato anual. La ley no era completa, había que mejorarla pero teníamos algún tipo de resguardo, ahora quedamos a suerte de lo que nos puedan pedir: aumentos mensuales, sin tiempo estipulado, me preocupa mucho”, sostuvo.
La ley a la que todos culpan se vio modificada este año mediante una sanción que obligaba a incluir aumentos semestrales, en lugar de anuales, en beneficio del propietario.
La justificación del gobierno de Milei ante esta medida es sencilla y a fin a los intereses del sector privado: la desregulación generará mayor oferta en viviendas y por lo tanto, el precio de los alquileres va a bajar. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirman que esta promesa es “absurda”.
El DNU indica que los contratos vigentes deberán respetarse hasta su finalización, pero la presión por parte de propietaries e inmobiliarias para dar lugar a la firma de nuevos contratos no tardará en llegar.
Las casitas son ajenas
Entre otras modificaciones, el nuevo gobierno convirtió a Vivienda en una Secretaría que dependerá de Infraestructura. Su titular es Héctor Lostri, funcionario de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que cambió por decreto el Código de Edificación. Hoy en día hay 100 mil viviendas en obra y el objetivo parece ser que sean los privados quienes financien esas futuras viviendas.
La imposibilidad de alquilar en los centros urbanos por la escasa oferta existente pelea el podio con otro gran problema: porque mientras sube el número de personas con necesidad de alquilar, también crece la cantidad de viviendas vacías.
De acuerdo a los datos arrojados por el Censo 2022, el país tiene 2,1 millones de viviendas vacías, que representan el 11,7% de un total de 17.783.029 que existe. La presión inflacionaria y los cambios que promete la anulación de la ley solo puede augurar mayores conflictos.
Según datos oficiales: Argentina cuenta con 15.699.016 viviendas particulares ocupadas: de las cuales el 76,7% son casas, el 19,6% departamentos y el 3,7% otros tipos de viviendas. El epicentro de la crisis habitacional es CABA, donde existen 1.077.111 de personas en viviendas alquiladas: el 34,8%.
El Estado, ahora reforzado por la intervención de Milei, espera que el mercado regularice la situación. Al parecer, dicha fórmula no estaría funcionando.
Otra problemática que cobra cada vez más peso es la de Airbnb. Este fenómeno produce una ganancia suprema en comparación con el montón de alquiler que puede pagar una persona para vivir, ya que está dirigido específicamente a les turistas, quienes pagan en dólares y utilizan el espacio por un tiempo considerablemente menor que lo que un contrato de alquiler prevé.
Actualmente, más de 15.000 viviendas se retiraron del mercado tradicional de alquiler residencial para ser ofrecidas en esta plataforma. CABA y otros puntos fuertemente turísticos, como Bariloche, son el foco principal.
La plataforma ya fue regulada en grandes ciudades del mundo, como Nueva York y Berlín, pero en Argentina el camino parece ir en reversa.
“Es el peor retroceso en materia de acceso a la vivienda en alquiler en Argentina desde la recuperación de la democracia”, afirmaron desde Inquilinos Agrupados. “Es un sálvese quien pueda y sabemos que muchos no nos vamos a poder salvar porque estamos sin posibilidades ni recursos”, lamenta Nancy.
Bajo el apañe de estas medidas el único resultado que puede esperarse es mayores aumentos de precios y la inevitable expulsión a la calle de una importante cantidad de familias pertenecientes al sector asalariado.