domingo 14 de abril de 2024

Patagonia en venta: ¿cuál es el vínculo que conecta la compra ilegal de tierras en Santa Cruz con la derecha argentina?

En 2019, el magnate chileno Ibañez Bulnes se adueñó de 60 mil hectáreas santacruceñas gracias al fraude y las flexibilidades del macrismo. Si bien la causa se encuentra pausada, ahora la lupa se encuentra en sus socios argentinos, quienes mantienen lazos estrechos con representantes de Cambiemos y La Libertad Avanza.
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Estancia El Cóndor, territorio santacruceño en manos del empresario chileno Ibañez Bulnes Créditos: zoom.me

Desde hace cuatro años que 60 mil hectáreas de la tierra patagónica de Santa Cruz están en manos del magnate chileno Maximiliano Ibáñez Bulnes. El empresario avanzó con la compra ilegal de tierras argentinas a partir del fraude: Bulnes en compañía de sus socios burlaron la Ley de Tierras, que establece los límites de adquisición de territorios en manos extranjeras y de las zonas fronterizas. 

Recientemente, se ha dado a conocer que quienes están involucrados en la causa: Ibáñez, el abogado Jorge Pérez Alati y el testaferro Ezequiel Braun Pellegrini, se han visto implicados tanto con la derecha de Cambiemos como con la derecha liberal de Javier Milei

Las tierras en cuestión representan una de las zonas limítrofes con Chile, esta posee múltiples recursos naturales, bosques nativos, ríos, el lago San Martín y un glaciar.  Allí también se ubican las estancias Melenik, Veranada de Jones y El Cóndor,  que solían ser administradas por Cielos Patagónicos SA

Aunque no es un hecho aislado, Santa Cruz ha sido expresión de múltiples saqueos extranjeros. Las tierras en manos de extranjeros no pueden superar el 15% a nivel nacional, provincial y departamental, mientras que una misma nacionalidad no puede tener más del 4,5% de una provincia o del país. Sin embargo, la provincia santacruceña tiene 5.536 hectáreas pertenecientes a dueños chilenos. 

Esta causa representa una disputa por el patrimonio provincial y nacional, que todavía no ha logrado ningún tipo de avance. Si la transacción no se revierte antes que caiga la causa, los campos se convertirán en una expansión hotelera tal como lo anunció Ibáñez Bulnes. El fiscal de Estado de Santa Cruz, Fernando Tanarro, anunció que ha recibido la notificación para llevar adelante una nueva ronda de testimoniales: los accionistas de clase B que vendieron sus acciones en Cielos Patagónicos SA.

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Epígrafe: Maximiliano Ibáñez Bulnes, magnate chileno duelo de Córpora Sociedad Anónima, acusado de fraude en la compra ilícita de territorio santacruceño

Cómo fue la maniobra del fraude 

En 2019 las estancias Melenik, Veranada de Jones y El Cóndor fueron vendidas por accionistas clase A al magnate chileno, Maximiliano Ibáñez Bulnes, dueño de Córpora Sociedad Anónima, un holding que tiene unas siete empresas inscriptas en el registro de sociedades extranjeras de nuestro país. Sin embargo, como la acción no era legal, simularon una venta a través de argentinos y pusieron todo en un fideicomiso. 

La oferta de compra a favor del fideicomiso para comprar las estancias, bajo la administración de Cielos Patagónicos SA, se realizó a partir de una empresa creada y registrada en Argentina, Inversores Aluquina, controlada por Córpora SA. Así, Ibáñez Bulnes, al hacerse de la mayoría del paquete accionario de Cielos Patagónicos, creó un fideicomiso a nombre del testaferro Ezequiel Braun Pellegrini

De esta manera, además de una extraña renuncia del directorio, el magnate logró desplazar a los accionistas minoritarios, Tjomme y Carlos Wagener– quienes participaban del directorio con el fin de garantizar la conservación de la zona, sin ganancias propias-,  a partir de una asamblea extraordinaria de la cual no fueron siquiera notificados. 

A partir del conflicto con los Wagener, su abogado Eduardo Barcesat interfirió para difundir lo ocurrido. Hace algunas semanas, Barcesat denunció a Jorge Pérez Alati, abogado que integra el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV), por orquestar todo el fraude desde su propio estudio. Según el abogado de los exsocios, Pérez Alati fue “quien armó las máscaras de todo esto”. 

La adquisición ilegal de los 50 kilómetros de tierras comenzó en 2016, cuando Mauricio Macri asumió la presidencia argentina, y se terminó cristalizando en 2018, año en que la alianza de Cambiemos interfirió en la Ley de Tierras, impulsando flexibilizaciones y pases libres. Esto permitió que la operación ilícita del magnate chileno y sus aliados logre la autorización de Zona de Fronteras y del Registro Nacional de Tierras Rurales.  La Ley de Tierras fue impulsada en 2011 por la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para poner un freno a la extranjerización de tierras y recursos naturales.

Compra ilegal de tierras en zona de recursos naturales argentinos 

A 255 metros de altitud en los Andes patagónicos se encuentra la zona extranjerizada que abarca más de 45 kilómetros. En aquella zona, se forma un importante lago interno, laguna Corazón, y más de 60 lagos y lagunas; además del glaciar Andrés Johnson. A su vez, ahí se ubica el lago San Martín, con más de ocho brazos, uno de los más irregulares y mayor tamaño de la Patagonia argentina. Según expertes del Centro de Estudios Científicos, el brazo del glaciar O’Higgins es el más profundo en el continente americano y el quinto en el mundo. 

Por su parte, la estancia El Cóndor incluye cinco ríos caudalosos: Cóndor, Condel, Grande, Martínez de Rozas y Gallo. Además, en aquel predio se encuentra el “Cordón pilotos de Malvinas”, llamado así en honor a los pilotos que participaron en el conflicto bélico por Malvinas entre Argentina e Inglaterra. 

Aquellas 60 mil hectáreas forman parte del patrimonio de la provincia y del país. Según la reforma constitucional de 1994, las riquezas naturales son patrimonio originario de las provincias. Por esta razón, la causa además tiene como querellante a la Fiscalía de Estado de la provincia de Santa Cruz, que hasta ahora sólo consiguió que se allanara el domicilio legal de las empresas vinculadas a la compra: las oficinas de Pérez Alati. 

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Jorge Pérez Alati, abogado involucrado como el orquestador de la causa ilícita, participa del espacio que niega los crímenes de lesa humanidad junto a Victoria Villarruel. Créditos: La opinión austral

Ibáñez Bulnes y sus colaboradores 

Maximiliano Ibáñez Bulnes es hijo de tres generaciones dedicadas a la venta de alimentos,  fundó una cadena de comida orgánica y se dedica a invertir en el sector turístico con la cadena hotelera Explora. Este año, el grupo hotelero anunció la venta de lotes de hasta 1 millón de dólares para la reserva ecológica privada de 6 mil hectáreas en Torres del Paine. 

Por su parte, Pérez Alati, el autor de la maniobra que le permitió al magnate chileno hacerse de tierras extranjeras, integra el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, (CELTYV), junto a la vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel. Un espacio que niega los crímenes de lesa humanidad que cometieron las fuerzas militares de la mano de la pata civil, bajo la premisa de una “memoria completa”.  

En tanto, quien presta su nombre en el fideicomiso es Ezequiel Braun Pellegrini, familiar de los Miguel Braun y Marcos Peña. Estos se desempeñaron como secretarios de Comercio y jefe de Gabinete en la administración de Macri, respectivamente.

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