Ene 1, 2023 | Zona Ambiental

La tierra para quién y para qué, el debate pendiente

"Ensayo histórico sobre el acceso a la tierra en Argentina", es el título de la investigación del Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (Milpa). Un trabajo que aborda desde la época colonial hasta la actualidad. Hace hincapié en los distintos roles del Estado. Aquí un extracto con eje en los proyectos de ley en el Congreso Nacional.
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Foto: UTT

Por Alejandro Jasinski, Julieta Caggiano, Irana Sommer, Matías Oberlin* para TriContinental

En los últimos dos años se presentaron una serie de proyectos de ley en el Congreso de la Nación que se preocupan por democratizar el acceso a la tierra y a la producción de alimentos para la población: iniciativas que nacen de diferentes sectores del agro, pequeños y medianos productores, arrendatarios y propietarios, comunidades campesinas e indígenas y población urbana empobrecida sin tierra. Los proyectos son redactados por organizaciones sociales que representan a unos u otros de estos actores, pero lo curioso, quizás, es que las fuerzas políticas que los impulsan cubren buena parte del arco político e ideológico conocido, entre la derecha y la izquierda, entre el progresismo y el conservadurismo, entre el oficialismo y la oposición.

Es que, pese a estas diferencias, comparten una preocupación: la creciente concentración de la propiedad y gestión de la tierra y la irrefrenable expulsión de familias del mundo rural. El diagnóstico es desalentador. Según los datos recopilados por el Censo Agropecuario Nacional, si en 2002 había poco más de 333.000 explotaciones, en 2018 se registró un 25 por ciento menos, casi 251.000. La gran mayoría de estas unidades perdidas eran de menos de 200 hectáreas. Como correlato, en el caso de la zona pampeana, el número de las explotaciones de más de mil hectáreas aumentó.

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Fuente: Tricontinental

El acceso a la tierra en el Congreso de la Nación

En los últimos años, se ha hecho visible el descontento y la protesta de los llamados pequeños productores periurbanos. Pero además de organizar medidas de acción, los movimientos sociales que los representan,tienen propuestas para el sector. El Movimiento de Trabajadores Excluidos Rural (MTE-Rural) y la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), por mencionar sólo dos entre muchos, plantean, por ejemplo, una asistencia financiera para garantizar el acceso a la tierra y el arraigo en calidad de propietarios en zonas rurales o «territorios periurbanos», lo que en otros tiempos ha sido más común escuchar como tierras de ejidos. Mientras tanto, desde ciertas fuerzas políticas urbanas proponen un “regreso al campo”, como solución para los trabajadores pobres de la ciudad, con una perspectiva de “movilización de población” desde el Estado, sin ofrecer la propiedad de la tierra.

Por otro lado, pequeños y medianos productores que integran la Federación Agraria Argentina (FAA), algunos de los cuales se expresan en fuerzas políticas de derecha, proponen planes de colonización y creación de propietarios como en los viejos tiempos. Es el caso de un proyecto de ley presentado en el Senado de la Nación por el senador del PRO y productor agropecuario Alfredo de Angelis, quien plantea “distribuir la tierra pública”, para que “nuevos productores puedan consolidar su vocación y aumentar el número de familias dedicadas a la actividad agropecuaria”. En este proyecto se explica que “las medidas de la reforma agraria pueden ser un instrumento apropiado para reducir la concentración de la tierra en los latifundios impedir la expulsión de los agricultores de las tierras y su consiguiente migración hacia centros urbanos.”

En paralelo, otros sectores de la derecha política, en paralelo, proponen planes de asistencia y créditos a la agricultura familiar y a las economías regionales, buscando, de acuerdo a sus palabras, eliminar la perspectiva “asistencialista” o “paternalista” del Estado, haciendo lugar al financiamiento privado, como el proyecto que obtuvo media sanción en 2019, presentado por el senador Humberto Schiavoni, también del PRO.

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Fuente: Tricontinental

Estas presentaciones acompañan en el tiempo a una conflictividad que atraviesa los mundos urbano y rural. Uno de los hechos que más concitó la atención, en este sentido, se produjo en Entre Ríos en 2020. Organizaciones políticas que expresan el interés de sectores pobres urbanos y rurales, apoyaron el reclamo de tierras de una heredera de un importante establecimiento ganadero, perteneciente a la familia de Luis Miguel Etchevehere, ex ministro de Agricultura del gobierno nacional de Cambiemos (2015-2019). Al hacerlo, promovieron el “Proyecto Artigas”, que proponía crear un polo productivo social y agroecológico en la propiedad en disputa.

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Fuente: Tricontinental

Por otro lado, comunidades indígenas y campesinas siguen sufriendo desalojos de sus tierras y reclaman el cumplimiento y prórrogas de las leyes que deben defenderlos. Muchas de estas demandas encontraron eco en el Foro Agrario Nacional, realizado en mayo de 2019, un espacio creado por distintas organizaciones sociales y políticas para debatir y elaborar un Programa Agrario Soberano y Popular. Mientras tanto, en la legislatura santafesina, la diputada del PRO Amalia Granata presentó un proyecto de resolución para denunciar “usurpaciones” de tierra y “violación de la propiedad”, para lo cual reclamó una solución policial.

En el centro de estas contradicciones, se encuentra la Ley N° 27.118, de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, aprobada a fines de 2014 y promulgada de hecho en enero de 2015, pero cuya reglamentación todavía no se efectúa. Con ella, tal como se define en la ley, se persigue la “construcción de una nueva ruralidad en la Argentina”, que tenga como protagonistas a pequeños productores, minifundistas, campesinos, chacareros, colonos, medieros, pescadores artesanales, productores familiares, campesinos y productores sin tierra, productores periurbanos y comunidades indígenas. Esta ley dispone en favor de estos sujetos políticas de acceso a la tierra que se considera un “bien social”. La ley tiene como promotora a la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de la Nación (SAFCI), encabezada en la gestión actual (2019-2023) por un referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena – Frente Agrario Evita (MNCI).

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Fuente: Tricontinental

El horizonte global: soberanía y seguridad alimentaria

Un horizonte global se dibuja en cada uno de los proyectos presentados. Con diferentes perspectivas, tanto la iniciativa del MTE-Rural como la de De Angelis llaman a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, promoviendo “la producción sostenible” y la “seguridad alimentaria”. La UTT plantea seguir las recomendaciones de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO, para aumentar el consumo de alimentos frescos, en procura de la “seguridad alimentaria y nutrición”. También hace referencia al Piso de Protección Social, sobre condiciones sociales de producción, definido por la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estos horizontes están presentes en la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Entre sus fundamentos, se subraya justamente que la FAO ha declarado al año 2014 como “Año Internacional de la Agricultura Familiar”, destacando su papel en la lucha contra el hambre y la pobreza, por la seguridad alimentaria y la nutrición, la protección del ambiente y el desarrollo sostenible.

Los conceptos Seguridad Alimentaria y Soberanía Alimentaria son los más importantes que se articulan en estos proyectos, pero sus usos no siempre son coincidentes. Y ello tiene que ver con los orígenes de los movimientos sociales rurales, que se forjaron al calor de las luchas contra la globalización neoliberal.

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Fuente: Tricontinental

En 1992, se creó la organización internacional Vía Campesina, y luego, en 1994, la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC). En 1996, la FAO definió el concepto de Seguridad alimentaria, como el “acceso físico y económico a suficiente alimento, seguro y nutritivo”. Las organizaciones nucleadas en Vía Campesina respondieron con la propuesta de la Soberanía Alimentaria, es decir, “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”.

En espejo a este proceso, en la segunda mitad de la década del noventa y en los primeros años del nuevo siglo, fueron madurando las experiencias de lucha de actores rurales en Argentina, creándose en 2003 el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI). La Ley de Reparación Histórica de 2014 es, en parte, un logro de este proceso. De allí que se retome el concepto de Soberanía Alimentaria, definido como la participación ciudadana en el desarrollo socio-productivo y la gestión territorial y producción de alimentos, teniendo en cuenta el efecto de “calidad e inocuidad” de los paquetes tecnológicos sobre el ambiente. Ello, simultáneamente, sin dejar de observar las implicancias de la Seguridad Alimentaria.

En algunos proyectos, como el del MTE-Rural, ambos conceptos se combinan, para demandar el derecho de cada pueblo, comunidad y país a definir sus propias políticas agrícolas, pastoriles, laborales, de pesca, alimentarias y agrarias, para que sean ecológico, social, económico y culturalmente apropiadas a sus circunstancias. En el caso de la UTT, el sujeto beneficiario de la ley tiene la condición de “procurar reducir el uso de agroquímicos y su toxicidad” y tomando la referencia de la FAO y la Seguridad Alimentaria, plantea la “tierra propia” como condición para acercarse a una situación de Soberanía Alimentaria.

Ahora bien, en el proyecto presentado por De Angelis se plantea perseguir la “producción sustentable”, con criterios de “seguridad alimentaria”, “bioeconomía” y “economía circular”, contemplando una “gestión eficiente” de productos agroquímicos y sus desechos. La Soberanía Alimentaria no marca el horizonte de este proyecto. El proyecto de Schiavoni, por su parte, se planteaba dar una herramienta práctica a la Ley de Agricultura Familiar, teniendo como horizonte mejorar “los niveles de eficiencia y competitividad necesarios para su supervivencia y prosperidad”, enmarcado en el objetivo general de erradicación del hambre y la pobreza, la seguridad alimentaria y la nutrición y la protección del ambiente y el desarrollo sostenible, tampoco se plantea el problema de la Soberanía Alimentaria.

*Integrantes de Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias (Milpa).

Artículo publicado en Agencia Tierra Viva.

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