Un oficial del Ejército de Brasil volvió a complicar a Jair Bolsonaro cuando confesó ante la Policía Federal que el por entonces mandatario presentó a los jefes de las Fuerzas Armadas un plan de golpe de Estado para no reconocer la victoria electoral del actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.
La voz cantante, en este caso, está en Mauro Cid, ex edecán y mano derecha de Bolsonaro, quien tras hacer un acuerdo con la Justicia para su libertad condicional comenzó a declarar ante la Policía Federal.
Según reveló el sitio de noticias UOL, Cid era el principal ayudante personal de Bolsonaro en la presidencia y contó que la estrategia golpista fue llevada por el asesor especial en asuntos internacionales, Filipe Martins.
Martins es un referente de la extrema derecha reaccionaria brasileña y el asesor de más confianza del exmandatario. También es reconocido por reproducir el gesto de los supremacistas blancos de Estados Unidos en plena sesión del senado.
El plan tenía la intención de anular las elecciones en las que Lula se impuso 50,9% a 49,1%. Según relató Cid, Bolsonaro consultó con un abogado constitucionalista llevado por el propio Martins, el cual encontró en el artículo 142 de la Constitución un motivo para que los militares detuvieran a los jueces del tribunal electoral.
Según Cid, Bolsonaro recibió luz verde al plan de parte de apenas uno de los jefes militares. Se trataba del entonces titular de la Marina, almirante Almir Garnier, un confeso bolsonarista que se negó a transmitir su cargo al sucesor designado por Lula.
Un nuevo revés judicial
Cabe recordar que la justicia electoral de Brasil determinó el 1 de julio por mayoría inhabilitar al expresidente Jair Bolsonaro para presentarse a cargos públicos hasta 2030, al declararlo culpable de “abusos de poder” por difundir mentiras y sospechas infundadas sobre el sistema de comicios brasileño ante embajadores de países extranjeros.
La situación ocurrió el año pasado cuando, a tan solo tres meses de los comicios, Bolsonaro expuso en una reunión con 40 embajadores, transmitida por canales oficiales, donde argumenta su teoría contra la fiabilidad de las urnas electrónicas.
Quien tomó la posta fue el fiscal general adjunto de las elecciones, Paulo Gonet mostrándose a favor de la inhabilitación del dirigente de derecha. Según él, “están demostrados” los elementos que justifican sacar a Bolsonaro de las elecciones, como desviación de propósito, búsqueda de ventaja en la disputa electoral de 2022, además de la gravedad de la conducta.
Además, un hacker que trabajó para una diputada de ultraderecha había confesado hace unas semanas que Bolsonaro, le sugirió invadir las redes de la justicia electoral a fin de demostrar la supuesta fragilidad del sistema de votación.
Por último, el exmandatario también está implicado en el intento de golpe a principio de año. Cuando miles de simpatizantes de distintos sectores de ultraderecha asaltaron las sedes de los tres poderes en un intento de forzar un golpe de estado al por entonces prematuro gobierno de Lula Da Silva. Los ultraderechistas irrumpieron de manera violenta y saquearon los edificios del Congreso brasileño, el Palacio de Planalto (sede del Poder Ejecutivo) y el Supremo Tribunal de Justicia en Brasilia. Sin reconocer el resultado de las elecciones y con la excusa de un supuesto fraude dañaron gravemente los edificios asaltados.