La asituación en el INTI no es un hecho aislado, sino la culminación de una serie de políticas de ajuste y desarticulación que se han venido implementando en el organismo.
En diciembre de 2025, el Gobierno disolvió el Servicio Argentino de Calibración y Medición (SAC), un área estratégica que funcionaba desde 1985 y brindaba servicios esenciales a empresas e instituciones. Esta medida, justificada por una supuesta «superposición» con el Organismo Argentino de Acreditación (OAA), generó preocupación por la privatización de servicios y la pérdida de capacidades críticas del INTI.
Posteriormente, en abril de 2026, el Consejo Directivo del INTI dispuso la cesación de la prestación de más de 900 servicios tecnológicos, lo que fue calificado por la diputada Julia Strada como una «aniquilación» del instituto y una «política sistemática de desarticulación». A esto se suma el desfinanciamiento, con un presupuesto 48% menor que hace dos años, y la pérdida de más de 750 puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025, equivalentes al 25% de su planta total.
La preocupación se intensificó con la confirmación interna por parte del presidente del INTI, Miguel Romero, de que el Ministerio de Transformación y Desregulación del Estado, liderado por Federico Sturzenegger, solicitó una reestructuración profunda que incluye recortes significativos de personal, afectando a cerca de un tercio de la planta.
La protesta está convocada para el lunes 22 a las 10.
El «Banderazo» del 22 de junio y la respuesta de la dirección del INTI
Frente a este panorama, la Multisectorial del INTI convocó a un «Banderazo» en la puerta del instituto (Avenida General Paz 5445) para el lunes 22 de junio, coincidiendo con la previa del partido Argentina vs. Austria.
El objetivo es exigir la anulación de la estructura que implica 781 despidos, una decisión que actualmente se encuentra frenada por una medida cautelar. La consigna de la protesta es «PARA QUE GANE ARGENTINA HAY QUE SACAR A ADORNI», en referencia a la crítica situación económica y la política de ajuste del gobierno.
Los trabajadores señalan que el lunes, mientras el país alienta a la selección, ellos levantarán las banderas de una «Argentina campeona en desarrollo científico y tecnológico, en industrialización y trabajo calificado y con derechos, en salud, educación, derechos sociales y en igualdad de oportunidades».
Además del banderazo, se realizará una asamblea a las 10 para debatir los pasos a seguir, incluyendo la reactivación de líneas de trabajo eliminadas, como la verificación de surtidores, alcoholímetros y radares, y el alta de 1000 servicios dados de baja en abril, lo que implica un incumplimiento de la medida cautelar.
Como respuesta a la protesta, un llamado al «trabajo remoto, por parte de la Dirección del INTI.
Las autoridades del INTI emitieron un comunicado indicando que el lunes 22 de junio cerrarán las puertas del instituto, sin ofrecer explicaciones. Esta decisión, que impone una dispensa a todo el personal con prohibición de ingreso y la realización de tareas a distancia, es vista por los trabajadores como un intento de desactivar la protesta y evitar la visibilización del conflicto.
Giselle Santana, integrante de la Multisectorial del INTI, expresó la conmoción y la incertidumbre que esta medida ha generado, especialmente en un contexto de amenaza de 800 despidos.
Inviabilidad técnica y riesgos para la sociedad
La preocupación por el desmantelamiento del INTI no se limita a los trabajadores. Directivos intermedios del organismo han advertido sobre una «situación de inviabilidad técnica, ética y operativa» si se concretan los despidos de más de 700 trabajadores. En un comunicado, expresaron su «rechazo categórico» a cualquier medida que afecte las capacidades centrales del instituto, subrayando que el INTI no es una estructura burocrática, sino un pilar del sistema científico-tecnológico cuyo valor principal radica en su personal altamente calificado.
Una reducción drástica de la planta implicaría la pérdida de capacidades críticas en áreas como metrología, certificación y asistencia tecnológica, convirtiendo laboratorios y plantas piloto en «infraestructuras vacías» y afectando directamente la soberanía tecnológica del país. Además, se alertó sobre las consecuencias para el entramado productivo, especialmente para las PyMEs que dependen de la transferencia tecnológica del INTI, y sobre los riesgos en materia de salud y seguridad pública.
Funciones como el control de materiales en contacto con alimentos, la verificación de productos de uso masivo y la validación de equipamiento médico podrían verse comprometidas, incrementando el riesgo sanitario para la población.
Los mandos medios también dejaron abierta la posibilidad de un quiebre en la conducción interna si las medidas avanzan, al considerar que su permanencia en los cargos perdería «sentido institucional y moral».
Responsabilizaron directamente a las autoridades por las consecuencias de un eventual recorte, advirtiendo que la paralización de servicios estratégicos o la pérdida del patrimonio científico-tecnológico nacional será de exclusiva responsabilidad de quienes impulsen estas medidas.
La situación en el INTI refleja un conflicto profundo entre la política de ajuste del gobierno y la defensa de un organismo vital para el desarrollo industrial y tecnológico de Argentina. El «Banderazo» del 22 de junio representa un punto álgido en esta disputa, donde los trabajadores y parte de la dirección interna buscan visibilizar los riesgos de un desmantelamiento que, según advierten, podría tener «consecuencias irreversibles para el país».