A primera hora de la misa del domingo 4 de julio de 1976, les fieles que asistían a la Parroquia San Patricio del barrio porteño de Belgrano se llevaron una sorpresa al encontrar las puertas del templo cerradas. La iglesia ubicada en Echeverría al 3900 estaba a cargo de los curas palotinos Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Duffau, pero ninguno de ellos se encontraba en el lugar.
Extrañado por las ausencias, el joven organista Rolando Savino ingresó a la casa parroquial y se topó con una escena escalofriante: cinco cuerpos acribillados, tendidos en el piso y acomodados uno al lado del otro.
Junto a los tres sacerdotes, esa madrugada de julio de 1976 también fueron asesinados los dos seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. La matanza estuvo a cargo de un grupo de tareas propio del terrorismo de Estado, que meses antes había tomado el poder a la fuerza. Tras asesinar a los religiosos, los uniformados dejaron dos notas en el lugar.
“Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria”, decía la primera, con la que les responsabilizaban por un atentado vinculado a Montoneros. En tanto, la segunda nota escrita expresaba: “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes y son M.S.T.M”. Dichas siglas estaban referidas al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, una corriente a la que ninguno de ellos pertenecía.
El hecho, conocido como la “Masacre de San Patricio” fue el mayor ataque que sufrió la Iglesia católica argentina durante la última dictadura cívico militar. También se considera una de las masacres religiosas más grandes de América Latina. A 47 años de aquel hecho, el crimen aún sigue impune.
Las principales hipótesis
El asesinato a los cinco palotinos sirvió para evidenciar los vínculos que la Junta Militar tenía con la Iglesia. De hecho, por parte del poder eclesiástico no hubo intervenciones a pesar de saber que el oficial militar Carlos Suarez Mason era responsable. A casi cuatro meses del golpe de Estado, el crimen se sumó a otros tantos que marcaron la impronta sangrienta y opresiva de la dictadura.
Versiones sostienen que una semana antes el Padre Kelly habría dicho algo que no cayó bien en la cúpula militar. Durante un encuentro religioso en el pintoresco barrio al que pertenecía su iglesia, el cura dijo haberse enterado que militares o personas cercanas a ellos se quedaban con los bienes de les desaparecides. “Quiero que sepan que dejan de ser ovejas de mi rebaño y pasan a ser cucarachas”, habría advertido Kelly.
A las declaraciones del sacerdote, se le sumaba que los seminaristas tenían un profundo compromiso social e incluso uno de ellos pertenecía a Cristianos por la Revolución. Escondido bajo el pretexto de “venganza”, el objetivo militar en realidad era exterminar a todo aquel que se antepusiera a sus ideas. De hecho, en la entonces Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) se escuchó al teniente de navío, Antonio Pernías, decir: “En la iglesia había muchas manzanas podridas que había que eliminar, como ya hicimos con los curas palotinos”.
Más allá de los crímenes, los asesinos se encargaron de que el mensaje quedara bien claro. Por eso fue que, sobre el cuerpo de Barbeito, dejaron un afiche con una caricatura de Mafalda. El poster -que los militares sacaron de su habitación para ponérselo encima- se trataba de un dibujo en el que el famoso personaje señala la porra que lleva un policía. “Este es el palito de abollar ideologías”, enunciaba la historieta.
Un periodista, el único condenado
A la complicidad de las máximas autoridades de la Iglesia Católica y de los medios de comunicación que especulaban con la idea de “grupos subversivos” se sumó el encubrimiento judicial. La primera investigación estuvo a cargo del juez federal Guillermo Rivarola quien, a pesar de los testimonios, “no logró” dar con los responsables del hecho. Sin embargo, las polémicas no terminaron ahí: el único condenado respecto al caso fue el periodista Eduardo Kimel.
La acusación contra Kimel fue por mencionar al mismo Rivarola en su libro La masacre de San Patricio (1989) y narrar el desempeño que el magistrado tuvo en el caso. “¿Se quería realmente llegar a una pista que condujera a los victimarios?”, se preguntaba el autor de la obra. Sin embargo, el fragmento que desató la persecución judicial en su contra y que hizo que en 1995 sea declarado culpable por el delito de “calumnias e injurias” decía:
“El juez Rivarola cumplió con la mayoría de los requisitos formales de la investigación, aunque resulta ostensible que una serie de elementos decisivos para la elucidación del asesinato no fueron tomados en cuenta. La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto”.
Como consecuencia, en 1995 Eduardo Kimel recibió la condena de un año de prisión en suspenso y el pago de una indemnización de 20.000 dólares.
La Ley Kimel
Tras recibir la condena, Kimel debió enfrentarse a un prolongado martirio judicial. En noviembre de 1996 la Cámara de Apelaciones anuló el fallo que lo condenaba y lo absolvió. Sin embargo, dos años después, la Corte Suprema de Justicia aceptó un recurso presentado por Rivarola y revocó el fallo anterior. De esta manera, lo regresó a la Cámara que dictó nueva sentencia y confirmó la pena impuesta para el periodista.
Desde entonces, la única persona encargada de investigar en profundidad el crimen emprendió una lucha fundamental por la libertad de expresión. El caso llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que finalmente falló a favor de Kimel y exigió al Estado argentino que anule la condena en su contra. También determinó una indemnización y una modificación en el Código Penal.
De esta manera, en octubre de 2009 el Congreso sancionó una norma que despenaliza los delitos de calumnias e injurias cuando se trata de casos de interés público. Conocida como Ley Kimel, se trató de una conquista histórica para el periodismo argentino.