La Dirección General de Aduanas (DGA) denunció a la pesquera Fishing Group MDQ SRL por la subfacturación de 30 exportaciones de más de 700 kilogramos de merluza a Brasil, entre enero de 2021 y diciembre de 2022.
Investigadores del organismo informaron que la empresa realizó la exportación a través de “triangulaciones indebidas para ahuecar la base imponible de la operatoria y faltar a la debida liquidación de divisas en nuestro país”.
Este tipo de prácticas por parte de empresas que facturan con los recursos naturales del territorio no es nueva. Uno de los casos más controversiales se desató en plena pandemia con el grupo Vicentin, el cual en la actualidad está con medidas judiciales.
Fuga de divisas
Según la aduana, la empresa Fishing Ground Mdq Srl declaró un 30% menos el valor total de las exportaciones en relación a lo registrado en las importaciones brasileras.
La empresa realizó un registro en Argentina de 30 exportaciones de pescado congelado valuado en más de US $2 millones, mientras que en Brasil fueron registradas a un valor de más de US $2.500 millones. Esto implicó que no se documentó el ingreso de más US $600 millones a territorio argentino.
En relación a ello, el organismo comentó: “Terceras firmas emitieron otras facturas al importador brasileño por un valor 30% mayor al declarado en Argentina”.
A su vez, el ente descubrió la manera en que la Fishing obró para lograr su cometido. La exportadora usó como intermediarios a empresas radicadas en Estados Unidos y Uruguay para que finalmente todo el producto llegue a Brasil.
“La pesquera simuló ventas a los intermediarios, pero la mercadería viajó en forma directa a Brasil”, informó la Aduana.
Asimismo, afirmó que pidió explicaciones sobre lo sucedido a la exportadora. Sin embargo, la misma no pudo justificar la forma en que comercializó. Tampoco hay información de algún “valor agregado tangible aportado por los intermediarios para justificar los márgenes de facturación”.
Es a razón de esas incongruencias que la DGA denunció a Fishing Grop por declaración inexacta y por realizar un “procedimiento contencioso de 30 permisos de embarque, por transgresión al artículo 954 del Código Aduanero (incisos A y C)”. Esto lleva a que la empresa tenga que pagar una multa de un poco más de US $607 millones.
El desvío de divisas como moneda corriente
En abril, la aduana informó del mismo tipo de acción por parte de las empresas pesqueras San Salvador y Bal Fish. Las investigaciones también contemplan el periodo de 2021-2022. En estos casos, la facturación también fue triangulada y significó que aparezcan en escena intermediarios. La exportadora San Salvador tuvo como intermediarios a empresas radicadas en Estados Unidos, Hong Kong y Uruguay.
En 2022, se investigó a White Gulf por presunta subfacturación de exportaciones. La causa fue caratulada como “adulteración tributaria y contrabando, valorado en alrededor de 100 millones de dólares” debido a que “guarda relación con la triangulación de mercadería que se exporta, básicamente en este caso vinculado con merluza, pejerrey y langostino”.
La región pesquera desde lo geopolítico
Esta semana no sólo se hizo público el recurrente problema entre la aduana y las empresas exportadoras de recursos marítimos, sino también cómo impactaría que la soberanía marítima sea entregada de mayor manera a manos extranjeras. Esto a raíz de la construcción de un puerto multimodal en Tierra del Fuego a cargo de una empresa estatal china llamada Shaanxi Chemical Group. Además, se agrega que el país asiático comete pesca ilegal en territorio argentino.
En una entrevista realizada por el medio AGN Prensa, el experto en la materia César Lerena comentó que el puerto estaría enfrente de la zona tomada por los británicos que comprende más de 1 millón de kilómetros marítimos y peninsulares.
Asimismo, el puerto significaba un acceso bioceánico del Pacífico y el Índico. Ese puerto multipropósito se entiende en el marco de una estrategia geopolítica en la que hay una disputa entre Estados Unidos y China. En ese sentido, Lerena planteó que al gigante asiático le conviene tener puertos en distintas partes del mundo.
En ese contexto, Lerena aseguró que no puede haber un Estado extranjero administrando un puerto, ya que entregar puertos al comercio internacional sería el fin de la autonomía nacional.