Mediante un fallo de la justicia porteña, el Gobierno de la Ciudad deberá realizar una evaluación patrimonial antes de demoler edificios. Esta sentencia fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad N° 10, a cargo del Dr. Aurelio Ammirato.
La medida alcanza a 141.000 edificios anteriores a 1941, que antes de ser demolidos, deberán ser evaluados por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) para su protección según criterios establecidos en el Código urbanístico. Luego tendrán que ser tratados en la Legislatura para su protección mediante una nueva ley.
En marzo de 2021 se realizó la primera evaluación de esos 141.000 edificios construidos antes de 1941. Esta fecha fue elegida porque ese año se realizó un catastro que registró todos los inmuebles de la Ciudad, con sus fotos correspondientes. De todos esos, el CAAP seleccionó 18.195 inmuebles para ser tratados en la legislatura. Sin embargo, desde la Asociación Civil Basta de Demoler informaron que muchos de los proyectos de ley perdieron estado parlamentario y el patrimonio histórico quedó en un verdadero “limbo legal”.
A esto se le suman la falta de criterio del CAAP y la flexibilización de la protección legal por parte de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR). “Está diluyendo las políticas de protección y gestión del patrimonio arquitectónico porteño como la ley 3056 que establece este Régimen de Prevención Preventiva del Patrimonio Porteño”, afirmó la asociación en un comunicado.
En este marco, Nota al Pie conversó con el arquitecto Mauro Sbarbati, integrante de la ONG Basta de Demoler. Junto a otras organizaciones como el Observatorio por el Derecho a la Ciudad, SOS Caballito, la Fundación Ciudad y vecines, documentaron y llevaron a la Justicia todo tipo de irregularidades en la aplicación del régimen de protección patrimonial.
Además, denuncian que muchos de los permisos de obra del Poder Ejecutivo fueron cuestionados por flexibilizar la protección legal votada por la Legislatura.
El patrimonio histórico en peligro
Conjuntamente al fallo judicial, Basta de Demoler exige el tratamiento de los proyectos de ley con los inmuebles seleccionados por el CAAP para que queden protegidos con fuerza de ley. Asimismo, solicitan que se realice una auditoría al CAAP y a la DGUIR “por la falta de transparencia con la que se está modificando para siempre la escala e identidad de Buenos Aires”.
En este sentido, Sbarbati comentó: “Desde el 2009 venimos militando la Ley 3056 para que se haga un catálogo definitivo de todos los edificios anteriores al año 1941 en toda la Capital”. “Esta ley es un régimen de protección especial de patrimonio porteño, por lo que debería hacerse un catálogo definitivo con la consulta de los vecinos en cada una de las comunas. Y eso no está sucediendo exactamente”, explicó.
En un primer relevamiento del CAAP, el organismo que debe hacer dicho catálogo, se eligieron 18.000 edificios. “Están en un limbo patrimonial porque esos edificios después en la legislatura no fueron tratados para su protección con fuerza de ley”, afirmó el entrevistado. A ello agregó que “muchos de estos proyectos de ley que envió el Ejecutivo con edificios elegidos por el CAAP, al final no fueron tratados en la legislatura y todo el espíritu de la ley queda como en la nada”.
Respecto a la decisión judicial, aseguró: “Nosotros estamos muy de acuerdo con este fallo de primera instancia en la justicia porque es un amparo que pedimos nosotros hace varios años. Veíamos que no estaba funcionando bien el mecanismo del CAAP”. Además, porque “la Secretaría de Desarrollo Urbano flexibiliza la protección de edificios que ya están protegidos por ley, que ya están catalogados”.
En esta línea, y para finalizar, sentenció: “Hace arquitectura partitaria arriba de edificios que ya son históricos. Entonces te aparece una torre en un edificio que es histórico, o una torre en una cuadra de edificios históricos”.