viernes 19 de abril de 2024

El Gobierno porteño fue denunciado por usar datos biométricos sin “justificación racional”

Así lo determinó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas tras la investigación del fiscal Sergio Rodríguez. El mismo determinó que el acceso a la base de datos del Renaper, en el marco de un convenio del 2019, por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA no estaba justificado, por lo tanto podría clasificarse como ilegal.
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El fiscal Rodríguez determinó que existió una migración exorbitante de datos biométricos desde el Renaper al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA y/o la Policía de la ciudad. Crédito: El Argentino Diario.

Autoridades del Gobierno porteño fueron denunciadas penalmente por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por “violación de secreto” tras la presunta utilización de datos biométricos sin una “justificación racional”.

Según detalló la agencia de noticias Télam, la investigación estuvo a cargo del fiscal Sergio Rodríguez. El pasado jueves, el mismo resolvió, en un expediente de 31 páginas, realizar la denuncia por hechos que se encuadran dentro de la “acción pública prevista en el artículo 157” del Código Penal.

Dicho artículo contempla penas de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación al funcionario público que “revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos”.

El pasado viernes, tras el sorteo de la causa, se conoció que será el Juzgado Federal y Correcional N° 3 el encargado de investigar los hechos.

La investigación

En las actuaciones previas, el fiscal señaló que tomó conocimiento a través de notas periodísticas de posibles irregularidades en el «uso de datos biométricos por parte del Gobierno de la Ciudad» provistos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper). 

Los datos fueron suministrados en el marco de un convenio entre dicho organismo y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en 2019. Cabe resaltar que la mencionada cartera en ese entonces era conducida por Marcelo D’Alessandro, funcionario que renunció al cargo tras la filtración de chats en otra causa.

El convenio establecía que el Renaper brindaría “información disponible en sus sistemas informáticos” para «identificar y/o verificar la identidad de las personas humanas sobre las cuales el Ministerio desarrolle las tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial Nacional, Provincial y de la Ciudad Autónoma”. A su vez, el documento determinó que estaba “prohibida la utilización de la información brindada” para “fines distintos a los mencionados”

Cipoletti Digital nota
Además de la denuncia penal contra las autoridad, el fiscal inició un «sumario administrativo» contra las autoridades del Renaper. Crédito: Cipoletti Digital.

Por otra parte, Télam afirmó que el fiscal Rodríguez precisó que el delito de “violación de secretos” sanciona a todo aquel funcionarie que “se introduce o penetra de cualquier forma a un banco de datos personales sin autorización, pero no especifica la manera de acceso, admitiéndose cualquier vía de ingreso”.

En este sentido, Rodríguez observó que “el acceso/consultas” a la base de datos del Renaper por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA en el marco del mencionado convenio “parecería no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que esos accesos no estarían justificados, por lo que podría calificárselos de ilegales”.

En 2019, la ciudad de Buenos Aires incorporó el Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos (SRFP), el mismo sería contrastado con la base de datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc). Sin embargo, tal como indicó el fiscal,  “salvo orden judicial, se encontraba prohibido incorporar imágenes y registros de otras personas que no se encuentren registradas”.

Luego de analizar los datos, Rodríguez concluyó que “existió una migración en cantidades exorbitantes de datos biométricos desde el Renaper al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA y/o la Policía de la CABA con motivo de las prevenciones efectuadas o para la carga y alimentación del SRFP”. En esa línea, agregó que: “Tanto el peritaje como la propia información brindada por el Renaper dan cuenta de más de 18 millones de consultas de registros existentes en los archivos remitidos”.

Algo que llamó la atención del fiscal es que hasta 2020 el Conarc tenía 40.000 registros de personas buscadas por el Poder Judicial, mientras que los datos del Renaper revelaron que el número de consultas anuales del Ministerio de Justicia porteño fue 2.563.190 en 2019; 5.420.590 en 2020; 6.969.878 2021 y 3.367.330 en 2022.

Por esta razón, además de la denuncia penal contra les funcionarios del Gobierno porteño, el fiscal inició “un sumario administrativo” para las autoridades del Renaper por la información brindada y por no velar por el cumplimiento de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

NoticiaNet nota
La mayor cantidad de solitudes recayeron sobre la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Crédito: NoticiasNet.

Las personas buscadas

El fiscal Rodríguez informó que la mayor cantidad de solicitudes estuvieron vinculadas a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con 226 consultas. A ella le sigue el policía porteño desaparecido Arshak Karhanyan, con 92 y el presidente Alberto Fernández, con 76 consultas.

Sin embargo, el Gobierno porteño solicitó datos de otras personas. Entre ellas, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni; el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni; la diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman; el dirigente social Juan Grabois.

Asimismo, también se mencionó a dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) y personas afines al principal partido de la oposición. la presidenta del PRO, Patricia Bullrich; la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; el precandidato a jefe de Gobierno porteño Ricardo López Murphy; el diputado de Avanza la Libertad, José Luis Espert; el gobernador jujeño y precandidato a presidente del radicalismo, Gerardo Morales; el diputado radical, Facundo Manes y el precandidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei.

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