La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) continúa con su pedido para que el Gobierno de la Ciudad detenga la instalación de cámaras en escuelas porteñas. El gremio se ampara en la Resolución 627-2011, la cual prohíbe la instalación de este tipo de dispositivos de control en las instituciones. Y, a su vez, agregan que los recortes en el área educativa son una de las causas de esta medida que vulnera la intimidad de les niñes, adolescentes y docentes.
Para conocer más al respecto, Nota al Pie dialogó con Fernando Aníbal Protto, profesor de la Escuela Media de la Ciudad y delegado sindical de UTE, quien considera que la instalación de cámaras tiene que ver con dos cuestiones: el control y los recortes presupuestarios.
La vigilancia en escuelas porteñas como método
Sobre ello, Protto señaló que como estas cámaras van a estar prendidas todo el día y grabarán las veinticuatro horas no sólo vulneraría el derecho a la intimidad de les alumnes, sino también la imagen de estudiantes y docentes. Razón por la cual el entrevistado insistió que detrás de esta cuestión hay un tema de vigilancia.
Según indicó el delegado sindical, fue él mismo quien recurrió a la organización escolar y familiar para “evitar que pongan cámaras en aulas, en espacios digitales, tecnológicos, en los patios o, incluso, en la entrada de los baños”. Además, Protto reveló que también reclaman “mejores condiciones edilicias, más personal en las escuelas, la vuelta del casero y mayor presupuesto educativo”.
Los recortes, la estrategia de Acuña
Lo cierto es que la problemática de la instalación de cámaras en escuelas porteñas pone en la mira a la cartera de la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña. Así, según explican desde UTE, una de las razones por las que se terminan instalando estos dispositivos tiene que ver con los recortes del presupuesto educativo en CABA.
Tal es así que, durante la última década el presupuesto destinado al área educativa bajó casi 10 puntos. Por ejemplo, en la infraestructura escolar, el recorte entre 2019 y 2021 fue de un 78,1%. Y, si bien hubo una ampliación en 2022 que quedó en $3.240 millones, en la ejecución presupuestaria del segundo trimestre, de acuerdo a lo que dice el sitio web del Gobierno porteño, sólo se ejecutaron $1.064 millones.
Respecto a la falta de seguridad y presupuesto en los establecimientos de CABA, Protto contó a este medio que desde hace unos años el Gobierno de la Ciudad dejó de tener personal de seguridad privada en casi todas las escuelas porteñas, especialmente primarias. También contó que pasaron de tener caseros a contar únicamente con personal de limpieza porque para ellos, según el entrevistado, “tener casero implica un gasto que no están dispuestos a realizar”.
Por otro lado, el delegado sindical de UTE mencionó la existente tercerización del personal de limpieza, lo cual, a su vez, genera problema en la falta de higiene de muchas instituciones escolares. “Tal vez tienen uno, dos o tres personas como mucho en edificios realmente grandes o cuando falta alguien no es reemplazado automáticamente”, detalló.
En este sentido, agregó que “hay escuelas que no cuentan con personal necesario para sostener la higiene del espacio escolar, desinfectar los baños, sanitizar las aulas”. Esto puede llevar a enfermedades como el COVID, la gripe, las tuberculosis, los piojos o el dengue, que se pueden contagiar en estos lugares.
En tanto, otro de los problemas que proviene de los recortes se ve en las manutenciones de las escuelas. Sobre ello, el delegado de UTE señaló: “Muchas escuelas se mantienen gracias al aporte que realizan las cooperadoras y el trabajo de los padres. En otras esto es casi inexistente y eso genera su deterioro”.
Por esa razón también se paran obras en las escuelas. Debido a que las mismas son tercerizadas, muchas veces no se les paga a la empresa y no terminan el trabajo. Hubo muchas escuelas donde sucedió esto, no sólo porque no pagaron, sino también por empresas que quebraron en medio de la obra.
Respecto a esto último, sostuvo que se trata de “otra clara demostración de cómo el gobierno de la ciudad realiza recortes que parecen mínimos dentro de una lógica de un plan de ajuste”. “Una lógica donde la educación y las instituciones educativas les importa poco”, sentenció Pratto.
Sobre la Resolución 627-2011
El cinco de mayo del 2011, el entonces jefe de Gobierno, Mauricio Macri firmó el decreto Nº 216/11 que tramitaba la contratación del Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica, con destino a las dependencias y bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este contrato era para 92 escuelas.
El monto total de esta licitación era de $ 496.403.693,08, que hubiese salido de las partidas presupuestarias del 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015, y que iban a las siguientes empresas de seguridad: Murata S.A; Verini Security S.A; Yusión S.R.L; U.T.E; Briefing Security S.R.L. Impes U.T.E; Comahue Seguridad Privada S.A; Líderes Consultores de Seguridad S.R.L.
Sin embargo, tras un amparo presentado por UTE y el Observatorio de Derechos Humanos, en respaldo de les padres de cuatro niñes que asistían a dos de las escuelas, la jueza Elena De Liberatori suspendió la medida porque consideraba que vulneraba el derecho a la intimidad de les niñes y adolescentes.
Tomando en cuenta ese caso, el 9 de septiembre del 2011, el Ministerio de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que presidía Guillermo Montenegro, publicó la resolución N.º 627-2011.
La misma expresaba: “Instrúyese a Murata S.A., Verini Security S.A., Yusión S.R.L, U.T.E., Briefing Security S.R.L. Impes U.T.E.; Comahue Seguridad Privada S.A; Líderes Consultores de Seguridad S.R.L. para que se abstengan de proceder a la instalación de cámaras de imagen en el interior de establecimientos educativos y/o cualquier otro donde pudieren resultar afectados los derechos a la intimidad y privacidad de niños, niñas y adolescentes”.
En noviembre de 2022, la jueza Elena de Liberatori aclaró a Télam que esta medida cautelar continuaba firme.