Las tarifas eléctricas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registraron incrementos de hasta diez veces en los últimos dos años, en un escenario marcado por la reducción de subsidios y la actualización de cuadros tarifarios. Sin embargo, el aumento de costos no estuvo acompañado por una mejora homogénea en la calidad del servicio.
Así lo revela un informe elaborado por el Instituto Argentino de Estudios Técnicos, Económicos y Sociales, que analizó el primer año de aplicación de la Revisión Quinquenal Tarifaria (RQT) 2025-2030 para las distribuidoras Edenor y Edesur en el AMBA.
El estudio señala que, durante este período, las tarifas aumentaron entre un 29% y un 34% nominal, levemente por encima de la inflación acumulada del mismo lapso, estimada en 29%. Sin embargo, mientras una distribuidora logró cumplir con los estándares regulatorios, la otra mostró un deterioro en sus indicadores de calidad.
Dos realidades opuestas
El servicio eléctrico en el AMBA se divide entre Edenor y Edesur. Según el relevamiento, Edenor consiguió ajustarse a las exigencias regulatorias vigentes y mantuvo niveles aceptables de prestación.
En cambio, Edesur evidenció un desempeño inverso: pese a aplicar tarifas más elevadas, registró un empeoramiento en la frecuencia y duración de los cortes de suministro.
Desde el IAETES calificaron este fenómeno como una “paradoja regulatoria”, al advertir que el inicio del nuevo período tarifario no solo no mostró señales de mejora, sino que incluso presentó peores resultados que el cierre del esquema anterior.
Creditos: Agencia NA / IAETES
Cómo se mide la calidad del servicio
El análisis se basa en dos indicadores utilizados por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad: el SAIFI, que mide la frecuencia promedio de interrupciones, y el SAIDI, que registra la duración de los cortes.
Para el Semestre 58 —que abarca de marzo a agosto de 2025 y constituye el primer tramo bajo la nueva RQT— Edenor debía cumplir con un SAIFI de 2,64 y un SAIDI de 5,04 horas.
Los resultados fueron mejores a los exigidos: la distribuidora del norte operó con un SAIFI de 1,45 y un SAIDI de 3,52 horas, ubicándose por debajo de los límites regulatorios.
La situación de Edesur fue muy distinta. Debía respetar un SAIFI de 2,07 y un SAIDI de 3,81 horas, pero terminó operando con valores de 5,04 y 11,06 horas, respectivamente, superando ampliamente los parámetros establecidos.
Creditos: Agencia NA / IAETES
El impacto en las facturas
El informe también advierte sobre las consecuencias que estos aumentos tuvieron en los usuarios, especialmente tras la redefinición de categorías impulsada por la Secretaría de Energía.
En mayo de este año, el costo efectivo de la energía para los usuarios del segmento N2 se incrementó un 80,8%, más de tres veces por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mismo período. En contraste, para los usuarios N3 la suba fue de apenas 8,7%.
De este modo, vecinos con consumos similares —298 kWh mensuales— atravesaron realidades tarifarias completamente diferentes, según su categorización.
El estudio remarca además que el esquema de subsidios vigente genera distorsiones: como el beneficio se calcula en función del consumo, quienes más electricidad utilizan reciben mayores descuentos nominales, incluso cuando no necesariamente son los sectores con mayor vulnerabilidad.
Municipios más afectados
El informe identificó que los mayores incumplimientos en la calidad del servicio se concentran en el segundo y tercer cordón del conurbano bonaerense, zonas con mayores niveles de vulnerabilidad social y menor densidad de usuarios por kilómetro de red.
Entre los casos más críticos aparece San Vicente, que registró el SAIFI más alto de toda el área de concesión: 22,67 interrupciones promedio por usuario durante el semestre, lo que equivale a un corte cada ocho días.
Por su parte, Cañuelas presentó el mayor SAIDI, con 38,57 horas acumuladas sin servicio, casi seis veces por encima del límite regulatorio.
Según el IAETES, esta concentración territorial no sería casual, sino resultado de un patrón histórico de subinversión en áreas donde el costo de ampliar o sostener la red eléctrica resulta más elevado y menos visible desde el punto de vista político y económico.
El informe concluye que el desafío para los próximos años no solo será contener el impacto tarifario sobre los hogares, sino también garantizar que el incremento de las boletas se traduzca efectivamente en mejoras concretas del servicio.