La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires suspendió los desalojos administrativos de inmuebles destinados a vivienda, tras hacer lugar a un amparo presentado por legisladores de Fuerza por Buenos Aires, vecinos afectados y la Asociación Civil Centro de Estrategias y Acción por la Igualdad (CEyAI).
La resolución fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N°2 y ordena al Gobierno porteño abstenerse de ejecutar desalojos sin respetar las garantías mínimas previstas por la ley. Además, establece la obligación de notificar de manera inmediata a la Justicia cuando existan situaciones vinculadas a riesgo edilicio.
El fallo exige soluciones habitacionales
La medida cautelar dispone que el Gobierno de la Ciudad debe garantizar una “respuesta habitacional transitoria, inmediata y efectiva”, ajustada a las necesidades de cada grupo familiar afectado, especialmente cuando el desalojo impida que las personas puedan permanecer en sus hogares.
A su vez, la Justicia convocó a una audiencia con todas las partes involucradas para analizar el alcance de la problemática y avanzar en posibles soluciones.
Más de 1.200 personas afectadas
El amparo advierte que entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 más de 1.200 personas fueron desalojadas de hoteles familiares, pensiones e inquilinatos bajo el argumento de “peligro de derrumbe”, sin orden judicial y sin respetar el debido proceso.
Según la presentación, durante 2026 el 56% de los desalojos se concretaron bajo esta modalidad, sin que existieran previamente alternativas habitacionales adecuadas para las familias.
Cuestionamientos al Gobierno porteño
La legisladora Victoria Freire, presidenta de la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña, destacó la importancia de la resolución judicial.
“Es fundamental que la Justicia ponga un límite a la prepotencia de Jorge Macri, que viene utilizando herramientas administrativas para avanzar con desalojos y dejar a cientos de familias en la calle”, sostuvo.
Además, remarcó que una de cada tres personas desalojadas son niños y niñas, y denunció un vaciamiento de las políticas públicas vinculadas al acceso a la vivienda.
“Un paso hacia el respeto de la ley”
Por su parte, Alejandro Salvatierra, conocido como “Pitu” Salvatierra y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento y Prevención de la Violencia Institucional, consideró que el fallo “pone cordura” frente al avance de este tipo de procedimientos.
El legislador aclaró que no cuestionan la restitución de inmuebles a sus propietarios, pero advirtió que no puede hacerse vulnerando la normativa vigente.
“Lo que marca este fallo es que no se puede desalojar sin una orden judicial y que la Justicia debe intervenir en cada proceso, porque detrás de esos inmuebles hay familias que necesitan garantías y protección”, afirmó.
El debate por el derecho a la vivienda
La resolución reabre la discusión sobre el acceso a la vivienda y el rol del Estado en contextos de emergencia habitacional. Organizaciones sociales y sectores de la oposición advierten que los desalojos administrativos se han convertido en una práctica cada vez más frecuente en la Ciudad, en un escenario marcado por el aumento de la pobreza y la precarización habitacional.
Con este fallo, la Justicia fija un límite a esos procedimientos y refuerza la necesidad de garantizar derechos básicos antes de cualquier intervención.