Desde el 10 de marzo les trabajadores del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires se encuentran en asamblea permanente con retención de tareas en reclamo de mejores condiciones laborales. El martes de esta semana, les empleades llevaron adelante un paro frente al edificio, ubicado en 44 entre 4 y 5 en la ciudad de La Plata.
Para conocer más al respecto de la situación, Nota al Pie dialogó con Luis Gratti, trabajador del Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense.
Un salario por debajo de la Canasta Básica
Les trabajadores reclaman una recomposición salarial, basada en la Ley convenio 10.295 de Escribanía General del Gobierno, que establece el carácter de técnico. En esta línea, pelean por el adecuamiento de los adicionales que son parte del salario según las tareas que realizan. Además, exigen la jubilación ejecutiva de varies compañeres y el pago de los 6 meses de liquidación.
Los reclamos continúan, inclusive, tras la discusión paritaria del sector que se cerró el pasado 4 de abril. El gobernador Axel Kicillof y les representantes de los gremios de trabajadores estatales acordaron una paritaria del salario medio entre $90.000 y $135.000 según el régimen horario. Con estas cifras, les estatales se posicionan por debajo de la canasta familiar, la cual, en enero, fue estimada en $253.647 por la Junta Interna de la Asociación de Trabajadores del Estado del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).
El origen de los reclamos
“Hace varios años nos pusieron a los empleados del Registro de la Propiedad en la órbita de cualquier empleado de cualquier Ministerio, desconociendo el carácter técnico de la tarea que se realiza acá”, manifestó Gratti.
En consecuencia, se desconocen los riesgos jurídicos y penales que corren les trabajadores del Registro de la Propiedad Inmueble. Sobre todo, el entrevistado afirmó que se desestima “el fundamento principal de la Ley 10.295, que fue creada para tecnificar, modernizar y proveer todos los instrumentos necesarios para la tarea registral”.
En ese marco, según Gratti, la ley hoy está “deshuesada en una increíble cantidad de instituciones que nada tienen que ver con esto”. Además, está siendo administrada por el Colegio de Escribanos de la Provincia que “se lleva nada menos que el 7% de lo que recauda sólo por ese trabajo”, lo que caracteriza como “una enormidad”.
La asamblea permanente como mayor medida de fuerza
“Las asambleas son el instrumento de los Trabajadores de registro para exponer distintas problemáticas, a veces, más puntuales o, como estas, generales”, manifestó Gratti. No obstante, agregó: “Siempre hay asambleas más o menos concurridas de acuerdo a quienes involucran los reclamos”.
Sin embargo, según detalló el entrevistado, tras “varios meses de silencio y negación al diálogo de las autoridades del ministerio”, la asamblea registró altos números de participación. Así, de acuerdo con Gratti, en este momento su persona es “solo un mero interlocutor, ya que no tiene poder de decisión alguno”.
Sobre cómo seguirá todo, el director del Registro de la Propiedad Inmueble aseguró que el plan es continuar debatiendo las propuestas que “hoy en día, sí llegan desde las autoridades” . Luego, en base a eso, “ir resolviendo las medidas a tomar”.
Las repercusiones
Desde marzo se vienen coordinando reuniones con les representantes del Ministerio de Hacienda y Finanzas conducido por Pablo López, como Analía Tello, subsecretaria de Administración, Técnica y Legal de la cartera bonaerense. No obstante, aún no alcanzaron un acuerdo que permita a les trabajadores dejar atrás las asambleas. Desde el organismo de Hacienda pretenden “consensuar una propuesta final que permita la total normalización del funcionamiento del organismo”.
Por su parte, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) presentó a la Mesa Técnica Salarial una propuesta de aumentar un 35% las bonificaciones que reciben les trabajadores, la cual implicaría una suba de entre 40 y 50 mil pesos. El pedido debía haberse evaluado el martes pasado frente al paro de les trabajadores por el Ministerio de Trabajo y el de Hacienda, pero todavía no hubo respuesta.
Días atrás, el Colegio de Escribanos difundió un comunicado acerca de las consecuencias de las medidas asamblearias. “Se dificulta el funcionamiento de la dependencia y se afecta de manera importante la prestación del servicio registral, generando demoras en la expedición de informes, certificados e inscripción de las escrituras”, indicaron. Además, aseguraron que se hace “imposible establecer plazos ciertos” y que esto genera “incertidumbre en los diferentes trámites notariales”.