El pasado miércoles 5 de abril, la Cámara de Diputados de Chaco aprobó un proyecto de ley que limita el uso de celulares en las cárceles de la provincia. Esto causó un cambio de paradigma en los regímenes de comunicación en las instituciones carcelarias. La resolución contó con 23 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones.
El proyecto, impulsado por el diputado Livio Gutiérrez, busca establecer una limitación del acceso a Internet y aparatos electrónicos como celulares, para reducir los ilícitos que se realizan desde las entidades penitenciarias. A su vez, el autor de la normativa expresó que para garantizar los derechos de comunicación de las personas detenidas se instalarán teléfonos públicos.
Aunque en el recinto judicial la mayoría votó de manera afirmativa, desde la oposición chaqueña expresaron su descontento con la legislación.
En este sentido, la diputada Teresa Cubells manifestó que “la norma propuesta sería una clara regresión, un retroceso sobre el estado actual de las cosas” y propuso que la normativa regrese a comisión.
En la misma línea, y tras haber pedido cuarto intermedio, Nicolás Slimen expresó: “Es necesario mejorar un poco el texto del proyecto de Ley porque varios de los fundamentos que hizo el legislador tienen que ver con una resolución que es la 676/22, que fue del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, que plantea un protocolo interpoderes que se está aplicando y que entendemos nosotros tiene muchos vínculos con este proyecto”.
Actualización de la Resolución N° 676
La nueva ley actualiza la Resolución N° 676 del Ministerio de Seguridad y Justicia del Chaco, la cual establecía un protocolo para el uso de teléfonos celulares por parte de las personas privadas de su libertad. En el documento manifestaba que “toda persona que ingrese en cualquiera de las dependencias policiales o establecimientos del Servicio Penitenciario Provincial y cuente con un teléfono celular deberá declararlo ante el personal a cargo de su recepción”.
Además, agregaba que “la posible participación en un delito penal mediante la utilización del dispositivo móvil dará lugar a la incautación del mismo y al labrado de las actuaciones y/o denuncias penales correspondientes”. En este punto se incluía “amenazas, delitos informáticos, estafas, desobediencia judicial, grooming, pornografía infantil”.
De este modo, el impulsor del proyecto aclaró la consistencia de la nueva legislación. “Entendemos que hay que garantizar las cuestiones constitucionales de comunicación, pero como hacen los países del primer mundo”, comenzó. Y agregó que estos lo hacen “con sistemas de comunicación directa y si fuera con comunicación inalámbrica, se realiza a través de sistemas en los cuales uno pueda inhibir las llamadas que no sean llamadas autorizadas por la autoridad de aplicación”.
En este sentido, remarcó: “Nosotros queremos garantizar no solo la comunicación de la gente que está detenida, sino también las libertades que necesita tener la gente afuera”. El diputado reconoció que las personas sufren “extorsiones con secuestros virtuales, estafas bancarias, y la mayoría de estas situaciones se dan desde las cárceles”.
Asimismo, especificó que la comunicación entre les familiares del detenido o la comunicación de urgencia se realizará sin percances. “Si hay que hacer una llamada de urgencia, llamar a un familiar del detenido o lo que fuere o una situación especial el inhibidor va a decir de qué teléfono se va a poder llamar”, indicó.
Por su parte, la presidenta de la Cámara, Elida Cuesta, comentó que los aparatos podrán estar abocados al estudio de las personas privadas de su libertad “pero no para cometer ilícitos como lo están haciendo porque no hay control dentro de las cárceles”.
Por último, remarcó que “aquel que llame a un familiar tienen que salir grabación que diga si aceptas la llamada y de donde proviene, para que haya un mayor control”.