Persecución a la prensa en Chaco
El caso denominado como G.K.C tomó una gran repercusión en la provincia del Chaco, no solo por los trasfondos políticos existentes, sino también por la feroz intervención policial con la que agentes de la fuerza trasladaron una abogada hacia el hospital local, alegando que tenía problemas de salud mental.
Todo inició el lunes 7 de octubre cuando un cinematográfico operativo policial irrumpió en el domicilio de una abogada del barrio Provincias Unidas de la capital chaqueña. Allí, agentes armados y con chalecos antibalas ingresaron a la vivienda de la letrada G.K.C y la trasladaron de manera involuntaria hasta el Hospital Perrando.
Esto provocó un gran despliegue no sólo de la fuerza, sino también de distintos medios de comunicación que comenzaron a seguir el caso. Luego de permanecer alrededor de diez días internada, sin poder regresar a su domicilio, finalmente le dieron el visto bueno para que pueda regresar a su hogar.
Pero, esto abrió el abanico para que la causa tome otra notoriedad, distintos medios acudieron a hablar con la letrada, mostraron imágenes de su rostro, domicilio e incluso tomaron las declaraciones de la mujer.
Cabe mencionar que, inmediatamente después de una internación no voluntaria de la mujer, la Justicia debió iniciar un proceso denominado como “control de legalidad”. El fin de este procedimiento es corroborar la situación del paciente y verificar si era realmente necesaria la hospitalización del mismo, sin que caiga en un abuso contra la persona.
A priori, la magistrada indicada para realizar dicho procedimiento era la jueza de Familia N° 4, pero los abogados de G.K.C elevaron un pedido de recusación debido a presuntas cercanías con Alicia Alcalá, Defensora General quien habría pedido que se active el protocolo de salud mental.
Es entonces cuando el juez de Niñez, Adolescencia y Familia, Juan Pablo Lubary, entra en escena y asume el caso. Según la información brindada por Litigio, el magistrado no resolvió la cuestión de la legalidad de la internación en sí misma, sino que se limitó a señalar que el caso era “abstracto” debido a que la paciente ya había sido externada.
“Teniendo en cuenta que la usuaria se encuentra externada, no existiendo necesidad de proteger a persona alguna contra la privación arbitraria de la libertad a los fines de tratamientos médicos, no dándose los extremos legales conforme a las previsiones de la Ley 26.657 que amerite la intervención judicial, es que concluyo que el control de legalidad dispuesto por las normativas precitadas deviene abstracto”, sentenció en el fallo del 22 de octubre.
Cabe mencionar que los abogados de la paciente de salud mental no apelaron la decisión del juez para determinar a ciencia cierta cuál fue el motivo de internación de la trabajadora, sino que solamente redactaron un nuevo escrito en donde denunciaban una suerte de complot.
Allí expresaron un convenio entre el co-director de Litigio, Bruno Martínez; la jueza de familia Vilma Almirón; la Defensora General Alicia Alcalá; y el abogado penalista, Paulo Pereyra; para difundir “información privada, vulnerando el derecho a la intimidad”, según explicó el artículo de Litigio.
Hipótesis y trasfondos del caso
Existen dos fuertes miradas sobre el caso de la letrada G.K.C. Una de ellas, sostenida por medios cercanos al oficialismo, donde expresaron que la hospitalización fue una excusa para someterla a una evaluación psiquiátrica, solicitada por la Defensoría General del Poder Judicial, institución en la que la letrada trabajaba y donde había presentado una denuncia por acoso laboral.
Según esta versión, y en un aparente acto de “venganza”, se ordenó el operativo, aunque la supuesta denuncia nunca se hizo pública. Por otro lado, según la publicación del medio judicial, Martínez expresó que se trata de una clara “operación política que busca socavar la imagen de la Defensora General”.
Además, el co-director de Litigio explicó que la información dada a conocer por los medios cercanos al poder es “confusa, extremadamente adjetivada, tendenciosa y amarillista” y que ocultan la intención del Gobierno de “desplazar a Alcalá” de su cargo y “poner a alguien afín”.
Es preciso resaltar que, ante esta primera hipótesis, el periodista Martínez buscó conseguir esa primera denuncia que sustenta el argumento de dos medios locales en particular. Ante ello, se comunicó con el abogado de G.K.C, Alejandro Laregina, para consultarle sobre el descargo judicial.
Allí, el propio periodista fue cuestionado sobre cómo accedió a un expediente. A lo que, se defendió en un derecho constitucional de la labor que es la protección de las fuentes. Finalmente, Laregina elevó un escrito al juez, en donde Lubary se pronunció y expresó:
“Directamente asesora a los abogados de la paciente para que inicien acciones judiciales contra los mencionados e incluso detalla en dónde hacerlas. Hacer saber a los letrados que la doctora G.K.C. podrá iniciar acciones civiles por daños y perjuicios y/o cualquier otra que considere pertinente por la vulneración de su intimidad. Las denuncias de conductas irregulares de magistrados o funcionarios judiciales podrán ser remitidas a la Fiscalía o al Consejo de la Magistratura”.
Según explica la publicación de Bruno Martínez, co-director de la revista judicial, Litigio estuvo entre los pocos medios que preservó la identidad de la abogada y que se basó en las buenas prácticas periodísticas para hacer mención de la paciente de salud mental, que nunca dieron a conocer su nombre, rostro o algún dato sensible de la mujer a diferencia de los demás medios locales.
Sobre G.K.C
G.K.C tiene 42 años y trabajaba como escribiente en la Mesa Informatizada bajo la órbita de la Defensoría Oficial, y según afirman había denunciado maltrato laboral tiempo antes de ser sometida a esta medida. La información brindada por Diario Chaco expresa que el primer intento de evaluación se produjo el viernes 4 de octubre en su domicilio, pero no se concretó.
Según su defensa, “C” solicitó mayor información sobre el procedimiento sin oponer resistencia, lo que llevó al equipo médico, acompañado por la policía, a retirarse. Sin embargo, el lunes 7 de octubre, se llevó a cabo un operativo sorpresa donde la trasladaron a la fuerza hasta el Perrando.