La Comisión de Juicio político contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) avanzó en la citación de testigos y la ampliación de pruebas. Durante la cuarta reunión del espacio se definieron los nombres de quienes serán los primeros testigos citados para el próximo jueves a las 11 hs.
En ese marco, hubo fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición por el pedido de entrecruzamientos telefónicos de los investigados y por la citación del ministro porteño, Marcelo D’Alessando y Silvio Robles, socio del magistrado Horacio Rosatti.
Cronograma de testigos
La comisión perteneciente a la Cámara de Diputados realizó a las 11 horas una nueva reunión en la que elaboró un cronograma para la citación de testigos, como parte del procedimiento que tramita contra los integrantes de la Corte. A su vez, se dio inicio a la apertura del sumario con el propósito de acumular pruebas que sostengan la acusación contra los jueces y la ampliación de pedido de pruebas.
Entre los citados para dar testimonio el próximo jueves destacan dos jueces federales: Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos. Este último fue el juez de Comodoro Py que dictó el “archivo” de la denuncia de Axel Kicillof contra Robles y D’Alessandro por los “delitos de tráfico de influencias” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Por el contrario, Ramos Padilla sostiene que debe investigarse la denuncia del gobernador. De este modo, la comisión pretende escuchar ambas versiones en torno al tema que dinamitó el inicio del juicio.
Además de los dos jueces involucrados alrededor del escándalo de los “chats filtrados” fueron convocados seis funcionarios de la CSJN, entre elles se encuentran: Cristian Abritta, Sergio Rubén Romero, Silencio Poncio Ruiz, Alejandro Daniel Rodríguez, Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Vilanotti, quienes deberán presentarse en la próxima reunión de la comisión.
La presidenta del espacio, Carolina Gaillard, sostuvo que “los testigos están obligados a comparecer ante la comisión diciendo la verdad” y sugirió que, en caso de que se resistan, apelarán a la fuerza de seguridad. Además, la diputada entrerriana agregó que “los jueces y los funcionarios judiciales están obligados a comparecer oralmente”.
Cuarta jornada de trabajo de la Comisión
El trabajo de la comisión se inició el jueves 26 de enero cuando el oficialismo logró el quórum necesario para iniciar el debate, pese a que Juntos por el Cambio quería que fracase su comienzo. La última jornada, el 9 de febrero, el Frente de Todos sumó 16 votos para avanzar en la acusación a los jueces, imponiéndose a la oposición, que cosechó 15 votos planteando la inadmisibilidad en dos expedientes diferenciados.
La de este jueves fue la primera de la etapa de investigación del jury a la Corte, vinculada a la producción de la prueba contra los cuatro acusados. A lo largo de la sesión, la oposición cuestionó las medidas de prueba solicitadas por el oficialismo, factor de fuertes cruces entre los miembros de la comisión. En efecto, se aprobó un pedido del diputado oficialista Rodolfo Tailhade para que se conozcan con quiénes se comunicaron telefónicamente Robles y D’Alessandro en el marco de los supuestos chats.
Asimismo, se solicitó el listado de los llamados de Robles y José Torello, asesor de Macri cuando la Corte benefició al represor Luis Muiña con el “2×1”, uno de los causantes de mal desempeño que denuncia el Frente de Todos. La comisión también aprobó una segunda ronda de testimonios para el jueves 2 de marzo en la que se presentarían colaboradores de Ricardo Lorenzetti y Luis Rosatti.
Por último, se hizo lugar al pedido de la Coalición Cívica (CC) para que en esa misma jornada sea convocado Héctor Marchi, socio de Lorenzetti y miembro de la secretaría general de Administración de la Corte.
Perspectivas para que avance el proyecto
En caso de que el proceso en la comisión prospere en favor del Frente de Todos, los proyectos estarían en condiciones de ser analizados por el plenario de la Cámara. Sin embargo, el oficialismo no tiene intención de trabajarlo allí, ya que no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación: los dos tercios de sus miembros.
Aún así, tampoco representa un gran problema porque el dictamen de la comisión tiene tres años de validez, con lo cual el Frente de Todos evalúa mantenerlo en reserva a la espera de un escenario legislativo más favorable.
Por otro lado, Juntos por el Cambio deberá resolver si se une al proceso citando a sus propios testigos o si se aparte y toma otra iniciativa política. A medida que van avanzando las jornadas de trabajo, el escenario se vuelca en favor de un oficialismo que, al inicio de la situación, no tenía buenas perspectivas. El involucramiento de diferentes figuras políticas alrededor del juicio abroqueló posiciones en la oposición, que sabe que perder una batalla judicial sería un gran revés de tono electoral.