Legisladores oficialistas y opositores, asociaciones de juristas y de Derechos Humanos y abogados expusieron este mediodía en el marco de la segunda reunión de la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados hacia la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Allí, 12 expositores pusieron en común su perspectiva sobre las más de 60 acusaciones contra los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. Los 14 expedientes serán útiles para determinar si existen argumentos para aceptar la admisibilidad del juicio político y empezar la etapa de recolección de pruebas.
Doce expositores, 14 proyectos
La reunión que comenzó a las 11 horas fue presidida por Carolina Gaillard, diputada nacional del Frente de Todos por la provincia de Entre Ríos. Por su lado, Claudio Rocca, titular de la Asociación Americana de Juristas, planteó que su organización presentó en 2022 el juicio político por mal desempeño “en el marco de la multisectorial por la democratización”.
Por otro lado, Nora Cortiñas de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora explicó que participan del juicio para empujar los proyectos que más convengan. “Si los jueces tuvieran un mínimo de dignidad, estarían renunciando al cargo que tienen”, sentenció.
Federico Méndez, de la Asociación Civil Exigir, explicó que denuncian por la causal de mal desempeño “por haber manipulado un expediente judicial y por haber utilizado información privilegiada, mediante una maniobra ilegal, a Lorenzetti y Rosenkratz”.
La denunciante particular Patricia Isasa expuso sus fundamentos en contra de Rosatti, a quien acusa de haber encubierto a su torturador durante la última dictadura militar. A su vez, Pablo Llonto también lo denunció pero por inacción por no haber convocado a la Comisión de Interpoderes para evaluar delitos de lesa humanidad.
Asimismo, el diputado oficialista Eduardo Valdés sostuvo que los cuatro magistrados “distribuyeron recursos públicos violando la Constitución Nacional”, en alusión al fallo por coparticipación que benefició a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Luego de varios testimonios, Gaillard dio por finalizada la jornada anunciando que el próximo jueves 9 de febrero se analizará la admisibilidad de las pruebas, y en caso de que se vote favorablemente, se realizará la apertura del sumario. Tal proceso involucra el pedido de documentación, la convocatoria a los acusados y la cita a testigos.
Los cuatro causales
Los 14 proyectos que se encuadran en la iniciativa Solicitudes de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación son motivados por cuatro causales presentados por legisladores y particulares. El fallo por la Coparticipación y del Consejo de la Magistratura, por un lado, y los pedidos de juicio político por el fallo del “2×1” que pretendió beneficiar represores y también por “mal manejo de la obra social”.
Bajo la denuncia general de “mal desempeño en sus funciones” las acusaciones apuntan a discrecionalidad por parte de la CSJN, que falló en favor de CABA ordenando que Nación le devuelva el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables.
Esta última y particular denuncia ganó fuerza luego de que se revelaran chats entre el vocero de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, anticipando la medida que beneficiaría a Rodríguez Larreta.
Por otro lado, el Ejecutivo acusa a la Corte por reponer después de 16 años la ley que regía el funcionamiento del Consejo de la Magistratura con una composición de veinte miembros, salteando la reforma impulsada por la actual vicepresidenta.
En relación al fallo por el “2×1”, se cuestiona al máximo tribunal por haber legitimado en 2017 el cómputo para que el represor Luis Muiña accediera al beneficio de libertad condicional. En paralelo, el cuarto causal son una serie de “irregularidades, incumplimientos y desmanejos” en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (Ospjn), que es administrada por la propia CSJN.
Las estrategias de los bloques políticos
Al igual que en la primera reunión realizada el jueves pasado, los legisladores de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal no bajaron a la reunión a la espera de que el oficialismo logre el quórum de 16 miembros para iniciarla. La oposición definió que el Frente de Todos lo garantice, ya que impedirá por todos los medios posibles que desistan de promover el juicio a los miembros del tribunal.
El kirchnerismo sabe que no tiene los votos para que el juicio avance en el recinto y por eso aprovechará cualquier ventaja que le dé la oposición para sacar rédito propio. En ese sentido, valoraron positivamente que la Coalición Cívica haya incorporado su denuncia contra Lorenzetti.
Si bien el bloque de Elisa Carrió procuró exponer “con sus propios ejes políticos”, el planteo expresa una fractura dentro de la estrategia de Juntos por el Cambio. De hecho, la diputada oficialista, Vanesa Siley, resaltó en una conferencia posterior a la reunión que “muchos de los cargos atribuidos en la denuncia coinciden con los expuestos por los diputados Valdés y Martínez”.
El próximo jueves 9 de febrero se desarrollará la tercera jornada de la comisión. En esta se evaluará que estén reunidas las condiciones formales para el inicio del proceso de investigación. Dicho proceso resulta fundamental, ya que se somete a la votación del conjunto de la comisión, garantizando el debido proceso, así como también dando cumplimiento a lo prescrito por la Constitución y el Reglamento de la Comisión.