La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) de la provincia de Buenos Aires intimó, el pasado martes por la noche, al establecimiento privado Magno College de Pilar. El motivo de la medida fue la decisión de las autoridades de la institución de no matricular a ocho estudiantes con diversas discapacidades. Tras la advertencia de la cartera educativa, deberán retrotraer esa determinación en un plazo de 48 horas.
El pasado 30 de septiembre, las autoridades del colegio Magno, ubicado en Villa Rosa, había notificado a padres y madres de ocho estudiantes con diversas discapacidades, que no matricularían a sus hijes para el período 2023.
Frente a la inesperada medida, las familias tienen previsto realizar, el próximo jueves, un abrazo simbólico a la escuela del partido bonaerense; además de solicitar la revisión del caso.
Esta semana el instituto fue intervenido con pasacalles que portaban leyendas como “Colegio Magno. Basta de discriminación”. Les niñes y adolescentes afectades cuentan con características que van desde dificultades para el aprendizaje hasta trastornos del espectro autista (TEA); por lo que varies de elles cuentan con el acompañamiento de maestras integradoras.
Como respuesta, este jueves por la mañana, las familias afectadas se expresarán en rechazo a la medida, bajo la consigna “¿Diferentes? Somos todos”.
Los insólitos argumentos del Colegio Magno de Pilar
Luego de conocerse la medida de las autoridades escolares, las familias de les estudiantes damnificades mantuvieron, el pasado lunes, una reunión con uno de los dueños del colegio, Sebastián Boix Mansilla. El equipo directivo sostuvo la decisión de apartar a les alumnes, con argumentos que profundizaron un mayor descontento entre la comunidad educativa.
El medio local “Pilar a Diario” relevó testimonios acerca del contenido del encuentro efectuado entre las familias y los administradores del establecimiento. “El dueño nos dijo que nuestros hijos bajaban la vara del resto del aula, dado que sus tiempos en el proceso de aprendizaje demoraban al resto de sus compañeros”, indicó una madre.
En dicha reunión, las autoridades del colegio afirmaron que se trata de una decisión tomada e irrevocable y que “él (el dueño) dispone de lo que quiere para su colegio, sin importarle si nos gusta o no su respuesta”. El responsable del instituto graficó a modo de pregunta: “¿Alguna vez alquilaron una casa? Yo en este caso vendría a ser el dueño de la propiedad y decido a quién se la alquilo”.
Con una postura más audaz y de acuerdo con el testimonio de familiares, se particularizaron situaciones con nombre y apellido con el fin de ser más elocuentes. “Ningún colegio tomaría a (nombre del alumne)” que “…no puede estar en esta escuela porque no sabemos qué hacer con él”; y “Ninguna empresa contrataría a (nombre del alumne)”, argumentó uno de los dueños del Magno College.
Las acciones del Gobierno Provincial
El organismo de la Provincia de Buenos Aires difundió un comunicado acerca de la normativa a la que deben sujetarse las instituciones educativas. “Son espacios de conocimiento, aprendizaje e inclusión que de ningún modo pueden ser comprendidos en las leyes del mercado”, expresó; y agregó que “en una buena escuela no tiene lugar la discriminación ni la exclusión hacia ningún estudiante”.
Además, la entidad oficial destacó que la disposición de la Escuela Magno “incumple con la Ley de Educación Provincial N°13.688, que establece los lineamientos para todo el sistema educativo tanto de gestión privada como pública y con los principios éticos que deberían ordenar las decisiones de toda institución educativa”.
La Dirección de Cultura y Educación destacó que “la ley prescribe la responsabilidad de la Provincia a través de su DGCyE de proveer, garantizar y supervisar una educación integral, inclusiva, permanente y de calidad para todos sus habitantes. Asimismo, su Decreto 552/12 reglamentario establece que podrá iniciarse el procedimiento sumarial ante su no cumplimiento”.
La postura del Gobierno Nacional
El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) informó que recibió una denuncia por parte de las familias de les estudiantes. “Desde INADI analizamos si la situación es discriminatoria o no, y para ello nos basamos en los derechos de la Convención sobre los derechos de personas con Discapacidad y en la Convención sobre los derechos del niño”, explicaron.
Asimismo, advirtieron que van a intervenir “como en todas las denuncias. Primero intentaremos algún tipo de gestión con la que procuraremos lograr que les den las vacantes, y si no, se avanzará respecto al dictamen como una conducta discriminatoria”, según consignó la Agencia Nacional de Noticias Télam.