El 22,3% de la población vive en hogares que reciben transferencias del Estado dirigidas a sectores de bajos ingresos, que se conocen de manera popular como planes sociales. Así lo determinó un informe del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP) que se publicó a fines de junio.
Pero, a diferencia de lo que piensa la opinión pública argentina, esas ayudas representan solo el 17,6% del ingreso total de esa parte de la población. Mientras, lo que ganan por trabajar formal o informalmente significa el 69,6% del ingreso total.
El informe se basó en los datos que se obtuvieron en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al cuarto trimestre de 2021. Esto choca de manera directa con el discurso circundante que afirma que los planes sociales fomentan vagancia y que afectan a la “cultura del trabajo”.
En este marco, Nota al Pie dialogó con Claudio Lozano, dirigente de Unidad Popular, coordinador del IPyPP y director del Banco Nación. Al respecto, afirmó que “los discursos de empleo formal versus planeros se dan de patadas con la realidad de Argentina”.
¿Cuál es el verdadero efecto de los planes sociales en la sociedad argentina?
¿Asistencialismo o Estado presente?
La visión negativa de la asistencia social circula de forma usual en los medios hegemónicos de comunicación. Quien reavivó el debate en las últimas semanas fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en un discurso que pronunció el 20 de junio.
“El Estado nacional debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas”, opinó Cristina Fernández. “Es el Estado el que debe tener el monopolio”, continuó.
Luego de esas declaraciones, el presidente Alberto Fernández contestó con su visión. “Las organizaciones sociales no se llevaron la plata de los más vulnerables, sino que los acompañaron, los alimentaron y se asociaron al Estado”, aludió.
Este ida y vuelta presidencial reavivó el debate mediático sobre los planes sociales. Abundan los discursos que afirman que una familia tipo puede vivir de la “suma” de prestaciones estatales. Según esas opiniones, estas ayudas fomentan la vagancia y perjudican la cultura del trabajo.
Pero, ¿realmente es así? Claudio Lozano no está de acuerdo. Afirmó que todo se desprende de una situación económica general. A partir de los datos oficiales, se conoce que “un hogar donde dos personas tienen un trabajo en blanco ni siquiera cubre una canasta familiar para llegar a fin de mes”, según explicó.
“Para quienes reciben planes, estos representan el 17% del total de lo que reúnen como ingresos para sobrevivir”, ilustró. “El resto lo obtienen trabajando, de changas, en situación de autoempleo, rebuscando de diferentes maneras pero trabajando”.
Muchas veces, esos empleos son en situación de precariedad. “Lo que eso muestra es que hay que reestructurar el conjunto de problemas económicos en general”, afirmó.
Planes sociales: los números
El informe del IPyPP afirma que según la EPH, el 49,3% de personas indigentes reciben subsidios. En la población pobre lo hace el 43,1% de la población pobre. Mientras que en la población no pobre, el porcentaje desciende al 10,5%.
Lo interesante del informe es que analiza la relación trabajo / plan social. Sostiene que el 90,5% de las personas pobres cuyos hogares reciben subsidios, también obtienen ingresos a través del trabajo.
Esa balanza se divide de la siguiente forma. Las ayudas estatales o de otro tipo en los hogares sólo representan en promedio el 9,4% del ingreso total, contra un 71.3% de ingresos laborales. En el caso de quienes se encuentran en pobreza extrema la división es 39,7% para las primeras y 60,3% para los segundos. Y en los hogares no pobres, el peso de los ingresos no laborales es casi la cuarta parte del ingreso total.
Estos números tiran por la borda los discursos que afirman que la emisión de ayuda estatal promueve pobreza y desinterés en la búsqueda de trabajo.
Además, se suma la cuestión de que a nivel de presupuesto nacional, la previsión social no es un número decisivo. “La relevancia del gasto social en el presupuesto es mínima”, explicó Lozano.
“El sistema provisional tiene ingresos propios: aportes, contribuciones e incluso impuestos que se destinan exclusivamente a la previsión”, continuó el especialista. “El gasto social en general (con jubilaciones incluidas) está por detrás de los subsidios económicos a la energía , del pago de deuda pública, entre otros”.
El Potenciar Trabajo y la función de las organizaciones sociales
Desde 2021, una nueva herramienta generó adeptes y opositores en la sociedad argentina. Se trata del Potenciar Trabajo, un programa que brinda una remuneración económica a cambio de empleo, terminalidad educativa o formación laboral.
En los últimos meses, diferentes organizaciones sociales realizaron reclamos masivos para que el Ministerio de Desarrollo incluya nueves beneficiaries del Potenciar Trabajo. Porque si bien el gobierno actual es proactivo en cuanto a las ayudas económicas por parte del Estado, tiene el aliento del FMI en la nuca.
Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie- Libres del Sur, forma parte del sector social que conoce el día a día de los barrios más marginados. Por eso, brindó su opinión acerca de la existencia de los planes sociales y la propuesta del dirigente Juan Grabois junto al partido Patria Grande de la existencia de un salario universal.
“Estamos de acuerdo, más en un marco en el que hay una cantidad muy importante de personas con ingresos informales”, reflexionó la dirigente social. “Creemos que ese ingreso debería ser de la mitad del salario mínimo vital y móvil”, explicó.
A su vez, se refirió al programa Potenciar Trabajo. Lo definió como una herramienta, a universalizar, ya que conlleva una contraprestación laboral, de capacitación o de estudios. “Nos parece importante que tenga esa condicionalidad”, confirmó Saravia.
También se refirió a la masividad de los planes sociales. “No creemos que la extensión del salario universal o del Potenciar Trabajo tenga que ser permanente con la masividad que se necesita”, puntualizó. “Sino que a medida que crea el trabajo genuino evidentemente esa herramienta va a disminuir la cantidad de gente a la que tiene que llegar”.
Sobre el tema, también se expidió Claudio Lozano. “Para nosotros la necesidad de poner en marcha un ingreso universal es la solución al problema”, explicó. Se refirió no solo a la economía en general sino al clientelismo que podría haber de parte de organizaciones sociales e intendentes a la hora de asignar los programas.
“La única manera que eso no ocurra es universalizar”, repitió. “Es la lógica para un país enorme donde prácticamente más de la mitad de la población laboral está en situación de informalidad”.
El salario universal estaría destinado a las personas entre 18 y 65 años que no perciben ningún ingreso formal. “Al igual que el Potenciar Trabajo, debería mostrar un carácter universal para todo aquel que quiera sumarse a un área de economía social”.
Así, ambes demostraron lo que el IPyPP explicaba en su estudio. Los planes sociales no permiten a sus beneficiaries vivir exclusivamente de ellos. Y quienes más subocupades (o en la búsqueda desesperada por trabajo) están, son les más pobres.