La titular del Juzgado Federal N°2 de San Martín, Alicia Vence, resolvió que los fusilamientos ocurridos el 9 de junio de 1956 en los basurales de José León Suárez constituyen crímenes de lesa humanidad. El fallo, emitido en el marco de un juicio por la verdad, reconoció la responsabilidad del Estado en las ejecuciones y dispuso una serie de medidas reparatorias orientadas a preservar la memoria de los hechos.
La sentencia llega a siete décadas de uno de los episodios más emblemáticos de la violencia política argentina, inmortalizado por Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre.
Un fallo con valor histórico
Tras tres audiencias realizadas en el auditorio “Hugo del Carril” de la Municipalidad de San Martín, la jueza federal Alicia Vence dio lectura al veredicto, que calificó los hechos como allanamiento ilegal, privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado por alevosía en cinco casos, además de tentativa de homicidio en otros siete.
Aunque la resolución no tiene efectos penales por el fallecimiento de todos los responsables materiales e intelectuales, el fallo establece que, de estar vivos, deberían haber recibido prisión perpetua.
Además, la Justicia determinó la responsabilidad del general Pedro Eugenio Aramburu y del almirante Isaac Rojas como máximas autoridades que ordenaron los fusilamientos, junto con el coronel Desiderio Fernández Suárez, el inspector Rodolfo Rodríguez Moreno y el subjefe Cuello como ejecutores operativos.
La noche de la masacre
Los hechos ocurrieron en el contexto del levantamiento encabezado por el general Juan José Valle contra la dictadura de Aramburu, que reclamaba elecciones inmediatas, libertad para presos políticos y garantías para la prensa.
Esa noche, una vivienda donde se organizaba parte de la resistencia fue allanada por efectivos policiales. Allí fueron detenidos diez militantes, además de un vecino ajeno a la organización, Miguel Ángel Giunta. Más tarde se sumaron otros dos detenidos.
Poco después, una orden telefónica dispuso la ejecución inmediata. Como el Liceo Militar de San Martín se negó a colaborar, los prisioneros fueron trasladados a los basurales de José León Suárez, donde se concretó el fusilamiento.
En el lugar fueron asesinados Nicolás Carranza, Carlos Lizaso, Vicente Rodríguez, Mario Brión y Francisco Garibotti. Otros siete hombres sobrevivieron a los disparos, entre ellos Julio Troxler y Juan Carlos Livraga, quien actualmente reside en Estados Unidos y aportó su testimonio por escrito.
La lucha por la verdad y la memoria
El juicio fue impulsado por familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos, tomando como antecedente el juicio por la verdad sobre la Masacre de Napalpí, que en 2022 también fue reconocida como crimen de lesa humanidad.
Laura Lagar, integrante del Movimiento de Derechos Humanos de San Martín y exmiembro de la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de ese distrito, destacó la importancia del fallo.
“Esta sentencia sirve para que los familiares y la comunidad tengan un espacio donde recordarlos y para que estos hechos empiecen a formar parte de la enseñanza escolar y de la historia colectiva”, sostuvo.
Según relató, el proceso judicial representó un fuerte impacto emocional para las familias, que durante décadas sostuvieron el reclamo en soledad, sin el acompañamiento institucional que sí tuvieron otros procesos de memoria vinculados a la última dictadura.
Reparación histórica y educación
Entre las medidas reparatorias, la jueza Vence exhortó al Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires y a la Secretaría de Educación de la Nación a incorporar estos hechos en los programas escolares.
También instó a la creación de un espacio de memoria en el predio donde funcionaban los basurales de José León Suárez, con el objetivo de preservar el recuerdo de las víctimas y resignificar el lugar.
Con esta resolución, la Justicia incorporó los fusilamientos de 1956 dentro de una matriz más amplia de violencia estatal y persecución política que marcó la historia argentina y que tendría su máxima expresión con la dictadura iniciada en 1976.
Para los familiares y organismos de derechos humanos, el fallo no solo representa un reconocimiento judicial, sino también una reparación simbólica frente a décadas de silencio.
“Recuperar la memoria es fundamental. Que la sociedad conozca lo que pasó, que los nombres de las víctimas dejen de estar negados y que estos hechos sean parte de la historia oficial ayuda a cerrar una herida abierta desde hace 70 años”, concluyó Lagar.