Con 139 votos afirmativos y 97 negativos, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto enviado por el Gobierno de Javier Milei para avanzar en el pago a los dos últimos grupos de acreedores que mantienen demandas activas contra el Estado argentino por el default de 2001.
La iniciativa obtuvo la sanción definitiva y habilita la formalización de acuerdos de conciliación con los tenedores de deuda, a pocos días del vencimiento del plazo establecido para concretar los pagos.
Cómo será el pago a los acreedores
El acuerdo contempla un desembolso total de US$171 millones. De ese monto, US$67 millones serán destinados a Bainbridge Ltd. y US$104 millones al grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
La operatoria se realizará bajo el mecanismo denominado Entrega contra Pago (DVP), mediante el cual los fondos serán liberados al mismo tiempo que se cancelan los bonos.
Además, se estableció que los acreedores asumirán los costos judiciales del litigio y se incorporó una cláusula de standstill, que les impide iniciar nuevas acciones legales o interferir en operaciones financieras argentinas hasta que se complete la operación.
Se levantan embargos sobre activos argentinos
Con la aprobación legislativa, quedarán sin efecto medidas judiciales dictadas en Estados Unidos que pesaban sobre activos soberanos de la Argentina, entre ellos acciones del Banco de la Nación Argentina y de Aerolíneas Argentinas.
La medida también se enmarca en compromisos asumidos por Milei durante febrero en el contexto de acuerdos bilaterales con Donald Trump.
El respaldo del oficialismo
Durante el debate, el diputado Alberto Benegas Lynch defendió la iniciativa y sostuvo que el pago busca cerrar “una herida de deshonra internacional” que se arrastra desde hace más de dos décadas.
Además, destacó que en la negociación se logró una quita del 30% sobre el remanente reclamado y remarcó que los acreedores renunciaron a impulsar nuevas acciones legales.
La oposición cuestionó la falta de precisiones
Desde Unión por la Patria, el diputado Germán Martínez rechazó el proyecto y criticó la falta de información sobre el valor original de los bonos, lo que, según argumentó, dificulta evaluar la conveniencia del acuerdo.
En la misma línea, Miguel Ángel Pichetto advirtió que la ley no especifica cuál será la fuente de financiamiento para afrontar los pagos, mientras que Néstor Pitrola reiteró su postura de desconocer la deuda y romper con el Fondo Monetario Internacional.