Desde 2013 Europa Laica, un conjunto de organizaciones laicas europeas, instauró el 9 de diciembre como el Día Mundial del Laicismo y la Libertad de Conciencia. La conmemoración es en homenaje a la misma fecha de 1905 cuando Francia aprobó la Ley de Separación de las Iglesias y Estado; y de 1931, cuando se aprobó la Constitución de la II República Española. Ambas leyes consolidaron la separación y la neutralidad de sus respectivos Estados de las instituciones religiosas existentes sin otorgar ningún tipo de privilegio a ninguna.
Por otra parte, el 10 de diciembre de 1948, en París, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) por la cual establece en su Art. 18 que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión”.
A pesar de estos antecedentes, existen en el mundo países donde las instituciones religiosas coartan la plena libertad de pensamiento y conciencia. Por eso la importancia de un día como este en la construcción de sociedades más libres, justas y democráticas.
Laicismo y libertad de conciencia en Argentina
Argentina suscribió a la DUDH en 1948. En 1992, a través de la Ley 24.080, estableció que todos los actos y hechos referidos a tratados o convenciones internacionales en los que la nación tuviera parte pasaban a tener fuerza de ley; y en la reforma de la Constitución Nacional de 1994 fueron incorporados, al Art. 75 Inciso 22, el conjunto de declaraciones, tratados y pactos internacionales sobre Derechos Humanos. Además garantiza la libertad de culto a través del artículo 14 de la Constitución.
Sin embargo, no puede considerarse al Estado argentino como plenamente laico dado que continúa manteniendo privilegios para la Iglesia Católica, por sobre otras instituciones religiosas.
Privilegios históricos
A la historia de los beneficios preexistentes de la Iglesia Católica, se suman los privilegios que perduran en la actualidad y que fueron otorgados, en su mayoría, por la última dictadura cívico militar.
Entre ellos se encuentran la Ley 21.959 (1979) de asignación mensual a la jerarquía eclesiástica; la Ley 22.162 (1980) de asignación mensual para el sostenimiento del culto Católico Apostólico Romano; Ley 21.540 (1982) de asignación vitalicia para jerarquías eclesiásticas; la Ley 22.950 (1983) de régimen de sostenimiento de la iglesia católica, por la cual “se otorga para contribuir a la formación del clero diocesano, sostenimiento mensual por cada alumno de nacionalidad argentina del seminario, el equivalente al monto que corresponda a la categoría 10 del escalafón del personal civil de la administración públicanacional”; y el art 146 del Código Civil y Comercial que declara a la iglesia católica como persona jurídica pública, colocándola al nivel del Estado.
Otra contradicción que impide reconocer al Estado argentino como un verdadero Estado laico es el artículo 2 de la Constitución Nacional, vigente desde 1853, por el cual se declara que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano». Cabe destacar también que hasta 1994 existió la condición constitucional de profesar la religión católica como requisito excluyente para ser presidente de la nación.
Por estas razones, podría decirse que Argentina conserva un Estado confesional; que promueve la libertad religiosa y de conciencia,pero elige darle prioridad a una institución religiosa: la iglesia católica apostólica romana.
Iglesia y Estado asuntos separados
Taty Barranco es la joven salteña que, en 2018, en el marco del debate por la Ley de Interrupción del Embarazo (IVE), impulsó la Campaña Federal por la Separación del Estado y la Iglesia conocida por el característico pañuelo naranja que enarbola como bandera la leyenda “Iglesia y Estado Asuntos Separados”.
A partir de las actividades de difusión y de los encuentros regionales de trabajo en comisiones temáticas, las adhesiones a nivel nacional crecieron de forma acelerada y, este año, la Campaña Federal junto con alrededor de 50 organizaciones unieron fuerzas en la coalición Organizaciones Laicistas Argentinas (OLA) dispuestas a visibilizar los privilegios de la iglesia católica en la Argentina, con el fin de abrir el debate para la derogación de todas las leyes que los sostienen, y avanzar en un proyecto de ley que permita separar de forma definitiva la iglesia del Estado.
Al mismo tiempo, también reclaman la necesidad de juzgar la participación de la iglesia católica en la última la dictadura militar; juicio y castigo para los delitos cometidos contra las infancias por todas las jerarquías eclesiásticas; y control para que las instituciones clericales respeten la Ley de Identidad de Género y la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en sus establecimientos educativos.
Desde OLA sostienen que en tanto todo esto no ocurra, no se podrá hablar de un verdadero Estado laico.