El 11 de octubre una coalición internacional integrada por representantes de distintos países como México, Estados Unidos, Chile, Ecuador y Argentina emitió un comunicado para informar sobre una denuncia realizada ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH). Esta es por la violación al derecho a un ambiente sano; los daños a la salud y la contaminación que producen este tipo de mega fábricas en los distintos países donde se instalaron. La petición fue apoyada por 127 organizaciones y 151 personas académicas, expertas e interesadas.
La representante de Conciencia Solidaria e integrante del Colectivo Somos Monte Argentina, Nora Gimenez, explicó que en la provincia del Chaco, Argentina, en 2020 el poder ejecutivo firmó un convenio con la empresa Feng Tian Foodentro de un Acuerdo de Asociación Estratégica con China para la instalación de complejos integrados de producción porcina. Esto generó mucha resistencia en la población, que organizó movilizaciones. En este sentido la representante dialogó con Nota al Pie sobre los detalles de este convenio.
Tengo entendido que las negociaciones con la empresa de China continuaron con las autoridades provinciales. ¿En qué estado se encuentran estas negociaciones?
Aparentemente las negociaciones continúan, si nos guiamos por las obras de infraestructura en algunas localidades del interior.
Del estado de las negociaciones no tenemos ninguna información oficial.
¿Cree que este avance que se dio en pandemia tiene relación con la crisis económica? ¿O hay un aprovechamiento de la situación por parte de las empresas?
Este tipo de convenios entre la República Argentina y la República Popular China son consecuencia de un Acuerdo Marco firmado en el 2012; y en ese período se ejecutaron varios en distintas materias. En realidad, la pandemia pudo haber retrasado esta embestida comercial.
Según mencionan en un informe, las condiciones de los acuerdos que se están llevando a cabo son favorables a China. ¿Podría explicarnos en qué consisten estas condiciones?
En principio, lo que surge del Convenio firmado entre el Gobernador del Chaco y la Empresa Feng Tian Food –servicios de asesoría y contactos comerciales- es que sí, es más favorable para esta empresa que hace de intermediaria, no para las partes. En primer lugar porque es exclusiva sólo para el Chaco, es decir, la comercialización de los proyectos concretados. No para FTF, quien sí tendrá participación económica durante la ejecución de esos proyectos.
Por lo demás, no existe relación laboral, ni de agencia, ni de distribución, ni de cualquier otro tipo. Y la jurisdicción, en caso de conflictos, es la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional.
¿No les están brindando la información necesaria para poder debatir y decidir sobre estas cuestiones?
Nunca se brindó información oficial, sólo en los amparos iniciados, copia del Convenio firmado con Feng Tian Food. Por esa razón están condenados en astreintes- multa que imponen los jueces por incumplimiento de decisiones judiciales.
¿Presentaron una acción de amparo ?
Se iniciaron acciones de amparo, dos referidas específicamente a la factorías porcinas y otra a la de producciones de frutales, también de capitales chinos y dentro de ese marco contractual.
La experiencia mexicana
Por su parte, el integrante de la Organización No Gubernamental Indignación, Alberto Velazquez, contó a Nota al Pie los detalles de la experiencia con estas fábricas en México.
¿Cuáles son los derechos que se vulneran con este tipo de producción?
En realidad existen diversos derechos. Por ejemplo, en el caso de Yucatán, donde la mayoría de las fábricas de cerdos están asentados dentro del territorio de comunidades mayas, es decir de un pueblo indígena, se requiere su consentimiento. Para ninguna de las más de 300 granjas que existen se ha realizado una consulta previa, libre e informada con el fin de obtener el consentimiento del pueblo maya; lo cual ya es una violación a la libre determinación y autonomía del pueblo maya.
Ahora, muchas de las granjas tampoco cuentan con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) la cual es requisito indispensable; y muchas veces incluso contando con estas, no dan cuenta en realidad de los impactos negativos al ambiente. Al respecto puede verse el estudio que realizó Greenpeace México sobre la industria porcícola en la península de Yucatán. Aquí hay una violación del derecho a la salud, a un ambiente sano, al agua y a una vida digna.
El derecho al agua además es de suma importancia dado que las granjas en gran parte están asentadas sobre la Reserva Geohidrológica Anillo de los Cenotes, la cual es una de las principales reservas de agua dulce en el continente; y que el tipo de suelo (kárstico) significa que se filtran una gran cantidad de contaminantes al agua. Además del agua que extraen para estar bañando a los cochinos constantemente durante un día. En síntesis estamos hablando de derechos indígenas y ambientales.
¿Cómo es el caso de la experiencia de allí en México con estas fábricas en relación a las comunidades aledañas; si lograron instalarse y qué consecuencias tuvieron?
Hay diferentes estados donde se están realizando granjas. En el caso de Yucatán, existen alrededor de 300 fábricas de cerdos. En algunos casos como en el pueblo maya de Kinchil donde ya se ha documentado la contaminación, ya hay lagunas negras, que afecta no solo a la vegetación dado que todo el alrededor ya ha muerto; sino que además afecta directamente a las abejas y por tanto a productores de miel, la cual es una actividad económica importante.
También la presencia de nitratos y nitritos y otros metales pesados que está contaminando el agua (aunque aún no hay muchos estudios al respecto) y las autoridades ambientales apenas están empezando a ver el tema debido a la presión de organizaciones civiles. También ya hay organizaciones que están realizando sus propios muestreos de agua.
Desde luego, en muchos pueblos como Sitilpech, Chapab, Homún, Kinchil, Calcetok, San Fernando, se habla de que desde que llegaron las granjas incrementó la presencia de moscas verdes y de malos olores, que se incrementa aún más durante la temporada de lluvias.
Hubo una organización de las comunidades indígenas para rechazar estas mega granjas, ¿cómo se lleva a cabo esta resistencia al avasallamiento de sus derechos?
En Yucatán el primer caso inició en 2017 en el pueblo maya de Homún, un pueblo que se dedica al ecoturismo de cenotes. A partir de la llegada de la granja se organizaron como pueblo maya como kanan ts’ono’ot (guardianes de los cenotes) y convocaron a una consulta autónoma ante la negativa del gobierno ya que nunca la realizó. El caso sigue en litigio pero en 2018 ganaron una medida cautelar que logró paralizar a la granja, la cual únicamente estuvo en funcionamiento cuatro meses (un ciclo de cochinos). Se puede ver en el dossier del caso de Homún.
A partir de que este pueblo levanta la voz, otros pueblos empiezan procesos jurídicos, algunos acompañados también por Indignación, y en otros casos por otras organizaciones de defensa de derechos humanos. Por ejemplo, en 2020 presentamos junto con Greenpeace México y Artículo-19 oficina para México y Centroamérica, una denuncia regional popular, que fue firmada por 52 personas de 21 comunidades mayas.
Y en julio pasado, tres comunidades (Kinchil, Celestún y San Fernando) convocaron a sus autoconsultas, como parte de un ejercicio a su derecho a la libre determinación. En dos de ellas ganó el no, sin embargo, en una de ellas ganó el sí debido a la fuerte presencia de la empresa porcícola.
¿Qué alternativas sustentables hay y alguna que se lleve a cabo allí, en México?
El principal problema es la magnitud, espacios intensos que albergan entre 40 y 90 mil cochinos. Ante esto, organizaciones como la Escuela Agroecológica U yits ka’an (rocío del cielo) está promoviendo la cría en solares (traspatío) del cerdo pelón (cerdo indio) el cual tiene otros cuidados y que incluso, puede aprovecharse. Lo importante es evitar a toda costa la gran escala.
Sobre todo que los intereses de la industria porcícola obedece al mercado exterior ante la alta demanda de carne en Asia. Esto ha generado que el Estado mexicano promueva la industria porcícola como parte de su plan de desarrollo.
¿Hay algo más que quiera agregar o destacar de la experiencia en México?
Retomando directamente la solicitud de la audiencia para la CIDH me parece importante destacar que es una problemática que atraviesa a todo el continente. El hecho que se sumen organizaciones de Estados Unidos, que ya han documentado las afectaciones directas al ambiente y a la salud, al igual que las experiencias de Argentina, Chile y Ecuador, ayudan a visibilizar que es una problemática general y que hace falta subir los estándares y reglamentaciones sobre la presencia de fábricas de carne en general (cerdos, vacas, pollos, borregos).
Recientemente la fundación Böll publicó un Atlas de la Carne el cual tiene datos interesantes que precisamente ilustran la magnitud del problema en torno a la industria de la carne.
Algo además importante también es ver que la industria de la carne sigue siendo parte de una política colonial que afecta principalmente a pueblos indígenas, como en el caso mexicano donde las fábricas están asentadas dentro de territorios indígenas y que el Estado ha sido completamente omiso en respetar el derecho a la libre determinación, al mismo tiempo en que las normas ambientales siguen teniendo criterios obsoletos que son necesarios de modificar. Hay que subir los estándares y reglamentos para el cuidado del ambiente, más allá de los intereses empresariales.
19 organizaciones son peticionarias:
ARTICLE 19 México y Centroamérica; Acción Ecológica; Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires; Center for Biological Diversity; Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Colectivo de Derechos Humanos Yopoi; Conciencia Solidaria; Earthjustice; Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Indignación); Kanan Derechos Humanos; Guardianes de los cenotes “Kanan Ts’ono’ot”; Greenpeace México; Movimiento Socioambiental Valle del Huasco; Museo del Hambre; Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA); Representantes de la Infancia de Homún; Seminario sobre el Derecho Humano a la Alimentación Adecuada de la Facultad de Derecho de la UBA; y Waterkeeper Alliance.