El Juzgado de primera instancia N°13 del Fuero en lo Contencioso y Administrativo resolvió ordenar al Gobierno de la Ciudad de Buenos aires que, en un plazo de 24 horas, comunique a todas las escuelas públicas y privadas la vigencia de la cautelar dictada por dicho juzgado. Esta resolución se dictó bajo apercibimiento de sanción sobre la Ministra de Educación por el monto de 50 mil pesos por cada día de retraso.
Esta medida es consecuencia de una presentación judicial realizada, previamente, por el sindicato ADEMYS (Asociación de enseñanza media y superior), en relación con la cautelar contra el DNU 241/2021.
El gremio había demandado la revocatoria de la competencia del Fuero de la Ciudad y, también, la revocatoria contra la resolución de la Cámara de la sala IV Porteña. Solicitaron dejar sin efecto la misma, e interpusieron una excepción de incompetencia.
Además, dirigieron una solicitud al Ministerio de Educación de Ciudad e intimaron a la Ministra Acuña. Le exigieron abstenerse de descontar los salarios de les trabajadores docentes que han adherido a las medidas de acción directa, debido a la decisión del G.C.B.A. de sostener las clases presenciales contraviniendo normativas sanitarias y judiciales.
Por último, enviaron un comunicado al Ministro de Trabajo de la Nación, Claudio Moroni, con el fin de ponerlo en conocimiento del descuento de haberes que sufrirá el personal docente en paro.
Le solicitaron que exhorte al Gobierno de la Ciudad para que se abstenga de esos descuentos, puesto que, los consideran un modo de represalia y de acción discriminatoria por ejercer derechos humanos fundamentales.