No por casualidad la distribución de los ingresos en el país se ha vuelto más regresiva en estos años. Crédito: Libres del Sur.
Finalmente renunció Martín Guzmán producto del visible fracaso de su plan económico y, también, del hostigamiento de que lo hizo objeto en los últimos tiempos el kirchnerismo. Que pasó de apoyar las medidas durante la mayor parte de este gobierno, a la crítica despiadadasolo cuando vio que las consecuencias de las políticas de aquel ministro golpeaban su base electoral en las legislativas del 2021.
Días antes de la renuncia del funcionario, el Cuervo Larroque, vocero de La Cámpora y de Máximo Kirchner, había dicho que “La fase moderada está agotada. A la sociedad hay que ofrecerle una perspectiva de esperanza y la única dirigente que genera eso hoy es Cristina Kirchner. Gobernar es enfrentar al poder económico y se necesita una política fuerte que lo regule para permitir el desarrollo del país y garantizar la justicia social”. Lo que indicaba que la presión K para que hubiera cambios en el gobierno estaba en su punto más elevado.
No es difícil por tanto entrever que, finalmente, el recambio de Guzmán por Silvina Batakis, funcionaria del ministro de Interior Wado de Pedro, integrante también de La Cámpora, fue promovido por la vicepresidenta y aceptado por Alberto Fernández.
Se supone entonces, acorde a todos los últimos discursos de aquella, que es a los efectos de que “use la lapicera en favor del pueblo como hacía el general Perón”. Sacándoles, además, de paso, los planes a las organizaciones sociales, para pasárselos a los intendentes justicialistas, sobre todo bonaerenses, aliados suyos ahora; que de clientelismo la saben lungo.
Pero más allá de todas esas intencionalidades de Cristina, lo concreto es que Batakis será ahora la encargada de llevar adelante la gestión. Se verá entonces si es cierto que va a pensar en los padecimientos populares o, por el contrario, en lo fundamental, contemplará los intereses de los acreedores externos, los grandes grupos económicos locales y extranjeros y de la gente adinerada. Como ha sucedido de hecho y al margen de los discursos “nacionales y populares”, desde que asumió el Frente de Todos.
No por casualidad la distribución de los ingresos en el país se ha vuelto más regresiva en estos años: los asalariados pasaron de recibir el 51,8% de la torta en el 2017, a tener ahora el 43,1%. Con el gobierno de Alberto y Cristina en lugar de recuperar posiciones, perdieron el 3% (pasaron de 46,1 al 43,1%). Como dijo el General: “La única verdad es la realidad”.
Juzgar si Batakis hace lo que dice Cristina que debe hacer, no será muy difícil. Ya que hay algunas cuestiones que definirán, cristalinamente, si continúa el rumbó económico de Alberto y Guzmán, como han señalado desde el gobierno que hará, o si genera modificaciones en favor de los sectores populares, que transitan una enorme crisis que no es necesario describir; que se extiende y agudiza desde el 2012 a la fecha.
En concreto, lo primero que habrá que ver es si se mantiene el acuerdo con el FMI. Que es hoy en día la causa principal del calvario de la mayoría de nuestros/as compatriotas. Ya que no solo ha conllevado la pérdida de la soberanía del país, sino que, además, es la razón del actual ajuste económico, del freno de la economía y el incremento de los precios. O, por el contrario, la ministra hace lo que corresponde en defensa del país y su gente:no convalida la estafa de esa deuda de Macri y lo anula.
En segundo término, si busca disminuir el déficit fiscal recortando gastos en salarios de los empleados públicos, jubilaciones, ayudas sociales e inversión en obra pública, que es lo que plantean el Fondo y el establishment. O, al revés, se incrementa la recaudación para bajar el déficit, con impuestos a los sectores de mayor capacidad económica.
En tercer lugar, habrá que observar cómo aborda la inflación galopante que carcome los ingresos populares. Si la deja correr como viene sucediendo hasta ahora, o peor, se usa la recesión para bajar la demanda, o si se controla a los monopolios formadores de precios y se suben las retenciones para frenar el costo de los alimentos. En definitiva, si se concede una y otra vez al poder económico como viene sucediendo o se lo enfrenta en defensa de los que menos tienen.
El rumbo que ha llevado en estos dos años y medio el gobierno de Alberto, la larga experiencia en el uso del “relato” por parte de Cristina, y las primeras definiciones de la nueva ministra de Economía (“le voy a dar continuidad al programa del presidente”, “tenemos que trabajar de manera conjunta con el FMI, ya que el acuerdo debemos cumplirlo”), no dan para tener muchas expectativas.
Más bien es para pensar que hay mucho de gatopardismo: cambiar algo para no cambiar nada.
Humberto Tumini detalla en qué consisten las propuestas de la derecha, expresadas por economistas, políticos, empresarios, comunicadores y periodistas de todo tipo, para salir de la crisis. Crédito: Santiago Fernández
La Argentina viene en retroceso, con ciertas idas y vueltas, desde mediados de los años ‘70. Basta ver la evolución del producto bruto per cápita y compararlo con el resto de los países de la región, para verlo.
A eso se le agrega que en los últimos 10 años, desde el 2012, esta crisis nuestra se ha agudizado. Llevando el estancamiento productivo, la pobreza, la desocupación, el trabajo informal y la desigualdad en los ingresos, a niveles superiores que en las décadas previas.
El fracaso de este gobierno en encontrar un rumbo de salida, aunque fuera paulatino, vuelve a instalar muy fuerte el debate respecto de cuál es la salida a este drama que agobia a la mayoría de la sociedad, hace tanto tiempo.
Es allí donde la derecha de distinto pelaje vuelve a la carga con sus viejas, interesadas y fracasadas recetas; a las que suele vestir de ropajes nuevos para la ocasión. Como también promoviendo algunos personajes útiles, acorde al momento. Despliega toda esa estrategia gracias a que esta administración y la dirigencia del oficialismo, se lo sirve en bandeja para que lo haga con muchos oídos receptivos; como ya hicieron en el 2015 asfaltándole el camino a Macri.
¿En qué consisten las propuestas de la derecha, expresadas por economistas, políticos, empresarios, comunicadores y periodistas de todo tipo, para salir de la crisis?
Palabras mas, palabras menos, en primer lugar, que hay que achicar el Estado sí o sí; desprendiéndose de Aerolíneas, YPF, AySA, ARSAT y todo lo que sea posible. También, bajar sus gastos en salud, educación, jubilaciones, salarios y planes sociales. Por supuesto, incluyen que hay que acompañar eso sacándoles impuestos a los que mas tienen, de una vez por todas; nunca hablan del IVA, por ejemplo.
En segundo término, que el Estado no debe intervenir en la economía, simplemente hay que dejar esta en manos del “mercado”. O sea, que la manejen los sectores monopólicos, como ya explicó Perón hace 50 años. No explicitan, por cierto, quiénes serían los ganadores de suceder esto.
A lo que agregan la vieja cantinela, de que la falta de inversión se va a resolver dejando que se llene la copa de los ricos, para que luego drene y beneficie al conjunto de la sociedad. ¿Alguna vez sucedió esto en este país? Sería un milagro.
Como así también se explayan largamente respecto de que, para promover la inversión extranjera, hay que darles a las multinacionales todas las condiciones y ganancias que pidan, porque nos hace falta ese capital. Como si concederles lo que solo conviene a sus intereses no agraviara en parte significativa a los de nuestra nación. En términos económicos, porque se llevan mucho mas de lo que traen; en el terreno ambiental, en el caso de los recursos naturales, porque dejan tierra arrasada. Nuestra tierra.
Lo “gracioso”, trágico en realidad, es que nuestra decadencia actual se asienta, esencialmente, en la aplicación que han hecho los gobiernos de derecha desde 1975 a la fecha de esas recetas neoliberales.
¿Acaso la dictadura con Martínez de Hoz, Menem y De la Rúa con Cavallo, y finalmente Macri, no expresaron una y otra vez que ese era el programa que traían para sacarnos de la crisis? ¿Cómo terminó el país después de cada uno de esos gobiernos? ¿Dónde está la génesis de la destrucción productiva y del mercado laboral en la Argentina, con la formación producto de ello de un mar de pobres e indigentes?
Todo eso lo barren debajo de la alfombra y ahora resulta que, según la derecha y sus múltiples voceros, aplicando hoy las mismas políticas que nos trajeron a esta situación haremos un país distinto. Ahí lo tenemos por ejemplo a Macri diciendo que si es presidente haría lo mismo, pero mas rápido; a Milei vociferando que Menem fue el mejor presidente y Cavallo el gran ministro de economía; a Bullrich sosteniendo que hay que cerrar el ministerio de salud y el de educación para ahorrar plata. A todos ellos, además, les escuchamos que hay que sacarles los planes sociales a los pobres, sin empleos que puedan reemplazarlos a la vista; como también oponiéndose cerrilmente a que los ricos paguen mas impuestos.
Que hipócritas y farsantes, de qué salida hablan, solo buscan seguir concentrando los ingresos en las grandes empresas y los pudientes. Aunque eso signifique, como las veces que gobernaron antes, seguir profundizando el país de dos pisos que tenemos y los dramas de la pobreza y la marginación para la mayoría de nuestros compatriotas.
No es por el trillado camino de derecha neoliberal, que nos proponen los poderosos y sus empleados, el camino de salida de la crisis. Es por el lado nacional, popular, progresista. Es por izquierda.
El rumbo necesario, adecuado a los nuevos tiempos de aquí y del mundo, es el que siguió Perón en 1946. Es el que intentó Alfonsín en 1983 y no lo dejaron. Es el que puso en marcha Néstor Kirchner en el 2003 y no fue capaz de mantener Cristina, llevándolo a vía muerta.
Para salir de esta dramática situación económica hay que aumentar fuertemente nuestras exportaciones. Allí tenemos los recursos naturales para ello. Pero no pueden ser para que sus ganancias se la lleven en pala las grandes empresas y los oligarcas del campo.
Con esos recursos hay que reindustrializar el país, sustituir importaciones, fortalecer las pymes y la economía popular y así generar empleo para salir de la pobreza; por ahí va la cosa. No hay que permitir que se saque la plata del país o se use en la timba financiera.
Nada de eso será posible sin un Estado fuerte, que intervenga en la economía, que controle al fuerte y defienda al débil. Eficiente, si, transparente, también, pero fuerte por sobre todo.
Ninguna nación como la nuestra, en semejante crisis estructural, sale adelante de la mano de las multinacionales, las grandes empresas y bancos. Esos solo buscan agrandar sus ganancias. Es el Estado el que debe defender y promover los intereses de la nación y su gente, lo demás es interesada sanata promovida desde las usinas del poder.
Por ahí va la cuestión de gestar otro país en serio. Pero para hacerlo posible hay que construir una fuerza política y una dirigencia que exprese y milite ese proyecto.
Eso hizo Yrigoyen para desplazar a los oligarcas del gobierno que no querían soltar. Eso hizo Perón para cambiarle la cara a la Argentina e industrializarla. Es lo que no fueron capaces finalmente de materializar Alfonsín con su tercer movimiento histórico y Kirchner con la transversalidad; de allí que no pudieron culminar con éxito lo loable que prometieron.
Las organizaciones “piqueteras” son el ámbito donde aquellos marginados del mundo laboral se fueron organizando para pedir por un mínimo de dignidad en la cobertura de sus necesidades básicas – Créditos: LM Neuquén
En nuestro país, hoy en día, hay un sostenido repiquetear de la derecha económica y sus voceros políticos y mediáticos en contra de los planes Potenciar Trabajo, que reciben un millón doscientos mil argentinas y argentinos. Desde adjudicar que dichos subsidios son los responsables del déficit fiscal (nunca nombran, por ejemplo, la evasión de las grandes empresas como una de las causas), a decir que esas personas que los reciben deberían dejar de cobrarlos e ir a trabajar, sin explicar por cierto a dónde están los supuestos empleos esperándolos con los brazos abiertos.
Ni que hablar de las horribles, despectivas y clasistas expresiones que se utilizan para denominar a quienes los cobran; gente humilde en su totalidad.
Para empezar y referido a todo lo anterior, digamos que los responsables de que haya aparecido la necesidad de esos aportes del Estado, que empezaron el 2002 con Duhalde, son los mismos derechistas que hoy claman contra ellos. Fueron ellos los que, desde mediados de la década del setenta, cada vez que llegaron al gobierno, con los militares, Menem y Macri, fueron destruyendo la industria y su entramado productivo en la Argentina.
Es por ello que a finales de la década del ‘90, en medio de un mar de pobres, aparecieron las primeras organizaciones “piqueteras”; que son el ámbito donde aquellos marginados del mundo laboral se fueron organizando para pedir por un mínimo de dignidad en la cobertura de sus necesidades básicas. Y ya no dejaron la escena social, e incluso se hicieron más numerosas. Porque aquel mar de necesitados que generó el neoliberalismo de los ricos, hoy ya es un océano que abarca a 18 millones de compatriotas.
En segundo término, señalemos que, en un sistema capitalista como el nuestro cuando hay crisis se recurre siempre a la intervención del Estado con políticas anticíclicas, keynesianas, para paliarlas. Como los seguros de desempleo tradicionales, la obra pública o, ahora, más cerca en el tiempo, la enorme cantidad de recursos que se volcaron a la economía desde los gobiernos en los países desarrollados por la pandemia del Covid.
Dicho esto, es bueno poner en claro que en nuestro país se arrastra una crisis de crecimiento desde hace por lo menos 10 años; con Cristina, Macri y Alberto. Que se ha profundizado severamente desde el 2018 hasta la fecha, más allá del rebote del 2021 luego del derrumbe del año anterior.
La consecuencia de ello es la expansión de la pobreza y la indigencia. Como así también una durísima situación laboral. Tenemos solo la mitad de las personas en condiciones de trabajar en blanco: 6 millones en el sector privado, 4 millones en el público y 2 millones en forma independiente; de los cuales al menos el 30% tienen salarios por debajo del nivel de pobreza que determina el Indec.
A ello debemos sumarle que en el otro 50% están los que trabajan en negro, en la informalidad, en su enorme mayoría con ingresos bien debajo de los que tienen empleo registrado. Como así también los dos millones de desocupados.
Es en esa realidad laboral concreta que tenemos, que en lo fundamental ha sido gestada por los gobiernos neoliberales, donde radica la enorme pobreza que nos agobia. ¿Adónde va a ir a trabajar entonces, en esta situación, la gente que tiene planes sociales, como plantean los sátrapas de la derecha que piden dejar de otorgarlos?
¿Qué duda cabe que de la pobreza y la marginación actual se sale con trabajo? ¿Qué organización social desconoce eso? ¿O acaso no hay un reiterado planteo de sus dirigentes de que se debe generar empleo para terminar con los planes sociales? Ahora bien, a dónde están hoy las condiciones para hacer ese tránsito ya o en el corto plazo. Solo con manifestar mala fe e intencionalidad encubierta de echarle la culpa a los pobres de lo que pasa en la economía del país, se puede decir eso.
En realidad, los planes sociales, como los Potenciar Trabajo, son una política anticíclica indispensable para no agudizar los tremendos problemas de pobreza por los que atravesamos. No solo hay que mantenerlos, sino incrementarlos en su cantidad y en los montos que se pagan por ellos (miserables 19.000 pesos) para que cumplan su importantísimo rol económico y social.
Claro, para esto hay que tener el coraje de confrontar con las exigencias del FMI y los grandes empresarios, que buscan agudizar en su favor la ya retrógrada distribución del ingreso por estos pagos. No parece que este gobierno timorato esté dispuesto a ello.
El futuro
Esto que sostengo arriba refiere al presente, pero si hablamos de futuro, digamos más claramente aún que la solución al agudo problema laboral de nuestra nación, principal fuente generadora de la pobreza que nos afecta, no va a venir en lo esencial de la mano del mercado como argumentan los liberales. Solo puede provenir de la acción del Estado, o no tendrá arreglo.
Por lo pronto, hay una porción de compatriotas, que son varios millones, que la prolongada crisis de desocupación y pobreza ha arrojado a una situación educativa y cultural que hace muy difícil su inserción en el mercado laboral, aun cuando este se vaya recomponiendo. A esas personas el Estado debe brindarles un piso de ingresos para que no profundicen su realidad de deterioro y marginación. No solo es una obligación moral obrar así, habida cuenta que no son ellos los responsables de estar en el fondo del pozo, sino que es culpa de los gobiernos de turno de décadas a esta parte. Es, además, una necesidad de la sociedad mitigar las consecuencias de todo tipo que se generan para todos, al tener a una parte de sus integrantes en semejantes condiciones.
A ello cabe agregar que el avance de la tecnología significa menos empleos. Particularmente en las actividades económicas importantes y necesarias para insertarse en el mercado mundial, expandir nuestras exportaciones y sustituir competitivamente importaciones. Esto sucede y sucederá aún cuando se genere trabajo en algunas actividades alrededor de las mismas.
Pero eso, de que la tecnología afecta empleos sucede, además, también, en otras actividades que tienen que ver con el mercado interno como las financieras, comerciales, de los servicios, etc.
Por tanto, el camino hacia adelante para resolver los problemas laborales que nos afectan, que también impactan sobre el sistema previsional como es sabido, debe orientarse sí o sí a desarrollar los segmentos económicos que más trabajo generan: las pequeñas y medianas empresas y la economía popular. No solo hay que tener planes para ello, sino que es determinante para que podamos tener éxito el rol que juegue el Estado en su apoyo; seguramente por muchos años. Eso muestran las naciones que han avanzado por ese camino como Italia o Israel.
Ahí, en ese universo de pymes y empresas de economía popular, con el Estado de columna vertebral, reside el corazón de las posibilidades de construir en definitiva otro país. Manifiestamente distinto a éste a que nos condujeron la derecha neoliberal y también el pseudo progresismo timorato los últimos cuarenta y pico de años.
Por supuesto que nada será posible, aun cuando maduren las condiciones mundiales para ello en los próximos tiempos, como todo indica, si no somos capaces de tener un gobierno verdaderamente patriótico, nacional y popular en serio. Con el coraje de enfrentar a los sectores de poder de acá y de afuera que buscan imponernos sus intereses una y otra vez.
“Los sectores dominantes ubican en cada etapa histórica cuál es la fuente principal de recursos en el país y van por ella”, señala Tumini – Crédito: Universidad Calf.
La inflación endémica en la Argentina es, en lo fundamental, el reflejo de la disputa de los ingresos entre los sectores económicamente poderosos y las mayorías populares. Aquellos mantienen o incrementan sus ganancias a través de la suba de precios, mientras los menos pudientes resisten el ataque a los bolsillos exigiendo recuperar lo perdido. Cuando lo logran, los grandes empresarios vuelven a aumentar gracias a la debilidad o complacencia de los gobiernos que lo permiten.
Pero no es la inflación el único mecanismo por el cual se disputa la renta nacional por estos pagos, ni siquiera es el más importante. Los sectores dominantes ubican en cada etapa histórica cuál es la fuente principal de recursos en el país y van por ella; usando los mecanismos diversos que les da su poder, incluyendo la fuerza.
Allá por mediados del siglo 19, producto de la revolución industrial en Inglaterra, del avance en los medios de transporte con los barcos a vapor y de la tecnología con el enfriado de los alimentos, se abrió para la Argentina una gran oportunidad para la exportación de productos agropecuarios. Los terratenientes bonaerenses y los comerciantes porteños decidieron entonces capturar, para sí, dicho negocio.
Lograron finalmente derrotar al interior en la batalla de Pavón (1862), se hicieron del gobierno nacional, establecieron una alianza estratégica con Gran Bretaña, ofreciéndole una parte significativa de las ganancias, y expandieron la frontera agropecuaria hacia el sur. De esa manera, se garantizaron, para sí y para los ingleses, la parte más significativa del ingreso nacional hasta 1945. Nada menos que durante 83 años; sin industrializar el país con ella, como sí hicieron Canadá y Australia.
Más tarde, a mediados de los años cincuenta del siglo 20, estas clases dominantes locales percibieron dos cosas: en primer lugar, que los EEUU habían desplazado a Inglaterra como potencia mundial; en segundo término, que se estaba agotando económica y políticamente la primera parte de la sustitución de importaciones , la cual había sido llevada adelante con capital nacional por los primeros gobiernos peronistas.
En ese contexto se hicieron del gobierno por medio del golpe de Estado de la “Revolución Libertadora”, anudaron una fuerte alianza con los yanquis dejando de lado la tradicional con los ingleses, y fueron por el principal negocio que se abría para ellos: una nueva sustitución de importaciones, pero ahora a través del capital extranjero. El novedoso instrumento político, ya devaluado el partido conservador, fueron los militares; quienes para garantizar el nuevo rumbo volvieron a dar golpes en 1962 y en 1966.
A mediados de los años ‘70 el poder económico local y extranjero percibió que el modelo implantado en su beneficio, de la Libertadora en adelante, estaba también agotado. La industria, si bien había sustituido importaciones, no había logrado aumentar sus exportaciones. Tampoco el campo, estancado en su productividad por el latifundio. Cuando crecía la economía, entraba en problemas el sector externo. Había, entonces, que frenarla. Al poco tiempo se generaba una crisis política que daba lugar al crecimiento de organizaciones revolucionarias y de un extendido sindicalismo combativo. Era, por tanto, hora de cambiar otra vez el modelo de negocios.
Acordaron con los yanquis, acá y en toda la región, que en esa nueva etapa que se abría las ganancias de las grandes empresas, de los oligarcas del campo y las multinacionales debían salir de la súper explotación de los pueblos. Esa es la razón detrás de la sanguinaria dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976, precedida de muchas otras en Sudamérica. Había que derrotar la dura resistencia popular para abonar las posibilidades de capturar una mayor renta, directamente disminuyendo la de una parte significativa de la población. Se iniciaba el camino hacia la sociedad de dos pisos que vemos hoy.
El camino elegido no fue nada sencillo por dos razones. Primero, porque los militares fueron reticentes a avanzar, más o menos rápido, con el achicamiento del Estado y la privatización de las empresas públicas; en cierta medida por razones ideológicas, en parte porque tenían sus negocios allí en alianza con fuertes empresarios locales. En segundo término, porque estaba presente el riesgo, a pesar de la represión, de que se incrementara la lucha popular si había una caída abrupta de los ingresos de las mayorías populares en corto tiempo.
Aunque de la mano de Martínez de Hoz y quienes lo sucedieron en el Ministerio de Economía, lograron trasladar una parte no menor de la renta a los grandes y ricos empresarios, el proyecto económico y político de la dictadura terminó fracasando; lo que motivó, Malvinas mediante, su retirada.
El gobierno débil de Alfonsín fue de transición. Los EEUU y el poder económico local, mientras desgastaban a aquel, negociaban en los marcos del Consenso de Washington un nuevo proyecto para apropiarse otra vez de la parte del león de la renta nacional.
Menem, al derrotar a Cafiero en la interna del PJ y llegar así a la presidencia, fue el dirigente elegido para llevarlo adelante. El objetivo principal eran las empresas del Estado, las joyas de la abuela como quien dice. También, el achicamiento de la industria a los efectos de ser reemplazada por las importaciones de sus productos, que compraríamos a las multinacionales, especialmente norteamericanas. A la búsqueda de que no entrara en crisis en el mediano plazo el sector externo, apostaron a la tecnificación del agro para aumentar su producción y su productividad.
Aprovechando el gran fracaso del gobierno de Alfonsín, tuvieron 10 años para saquear el país. Los bancos extranjeros y las multinacionales, con el FMI atrás y en alianza con las grandes empresas y los oligarcas locales, se la llevaron literalmente en pala. Dejaron un país endeudado, con un Estado muy débil, una industria largamente deteriorada y un tendal de desocupados y pobres. Un avance cualitativo hacia la sociedad de dos pisos que inició la dictadura.
Vino la crisis del 2001, la salida de la misma de la mano del default y la irrupción de los chinos en el mercado mundial elevando a las nubes los precios agropecuarios, en particular de la soja. Se abrió una posibilidad de avanzar con un nuevo proyecto nacional, como la que se le presentó al general Perón a mediados de los años ‘40. Un escenario mundial favorable, capacidad exportadora para aprovecharlo, baja deuda externa por dejar de pagarla primero y por hacerle fuerte quita después, una derecha desprestigiada y muy debilitada políticamente, con los militares fuera de la cancha. No obstante, los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, más allá de medidas acertadas que tuvieron en su momento, terminaron desperdiciándolo.
Producto de ello logró llegar Macri, que se presentó a sí mismo como un nuevo Roca. Es decir, como el presidente que, como aquella “Generación del ‘80”, iniciaría una nueva etapa de supuesto desarrollo del país con gobiernos de su clase social, de las personas pudientes.
¿A qué apuntaba esta gente de fortuna, en un nuevo tiempo histórico, en su permanente objetivo de quedarse, ellos y sus aliados internacionales, con la parte del león de los ingresos? A los recursos naturales en lo fundamental, como en el siglo 19 y la primera parte del 20, por eso mentaban a Julio Argentino.
Solo que ahora, dichos recursos están más diversificados: a la producción agropecuaria se le suman sus derivados industriales (ser el “supermercado” del mundo), el gas y el petróleo de Vaca Muerta, la minería del oro, la plata, el cobre y el litio. Previsiblemente, con altos precios de los mismos por todo un período de tiempo.
El gobierno de Cambiemos inició el camino en esa dirección, la de capturar para los sectores poderosos, en el tiempo, la renta de nuestros recursos naturales. Mientras que en el corto plazo buscaba hacer retroceder los ingresos de los sectores populares, que habían mejorado en cierta medida desde el 2001, en beneficio de aquellos. Pero chocó con la resistencia de los afectados, lo que lo obligó al “gradualismo”; la suba de la tasa de interés en los EEUU también lo puso contra las cuerdas y lo llevó a recurrir al socorro del FMI. Todo ello, condujo a su derrota en el 2019.
No obstante, dejó las condiciones para que el gobierno del Frente de Todos fracasara si no era firme frente al poder económico local e internacional. Recibió aquel una enorme deuda externa, el país sin reservas y en recesión desde abril del 2018, con 35% de pobres, 10% de desocupados y una inflación del 52%. Si no le tocaba los ingresos a los grupos concentrados y se negaba a pagar la deuda al menos en su mandato, consolidando de esta manera el apoyo en la sociedad, era muy difícil de que no chocara el barco y asfaltara así el camino para el regreso de la reacción. De esta manera estaban planteadas las cosas desde un principio. Con la pandemia en el medio, más aún.
Pero el gobierno finalmente, como el de Alfonsín en su momento, se ha mostrado débil frente a los sectores de poder. Incluyendo a Cristina y el kirchnerismo en esto, que toman distancia, ahora, cuando el barco va camino a hundirse y les afecta su capital político; nada dijeron durante los dos años, cuando el rumbo de concesión tras concesión a los poderosos se iba verificando.
Por tanto, le han vuelto a abrir, como en el 2015, la puerta al regreso de la derecha a la Rosada. Incluso, van tomando posiciones políticas que contribuyen a que se introduzcan las ideas de esta en la sociedad. Ya lo habíamos visto en la represión en Guernica, ahora, otra vez, con Zabaleta demonizando a las organizaciones sociales y sus protestas; también con Berni disputando el podio con Milei y Bullrich. Ni que hablar cuando se alinean con los yanquis y la OTAN por lo de Ucrania.
Los sectores de poder de afuera y adentro, agradecidos. Van camino a lograr, gracias a este gobierno, volver a la Rosada con su estrategia de quedarse con la renta de nuestros recursos naturales; la que debiera ser utilizada para reconstruir y darle futuro a la nación desde los intereses de las mayorías.
Ya les dio Alberto una mano, con la negociación que hizo de la deuda que dejó Macri con los acreedores privados y el FMI. Una parte de la renta que aporten en los próximos años las exportaciones del campo, de Vaca Muerta y la minería, irán a parar a manos de aquellos. También en el ajuste de Guzmán y la inflación que permite, se va otra parte de los ingresos de los sectores populares a las grandes empresas. Los reaccionarios solo están esperando llegar al gobierno, aprovechando el fracaso de este, para pegar un mordisco todavía mayor en la renta nacional.
“El aumento de precios está hoy en el centro de los problemas nacionales. Afecta a una enorme mayoría de la sociedad y al propio funcionamiento de la economía”, destaca Humberto Tumini. Crédito: Santiago Fernández.
El aumento de los precios está hoy en el centro de los problemas nacionales. No es casual, afecta a una enorme mayoría de la sociedad y al propio funcionamiento de la economía. El 2019 fue un 54%, el 2020 el 36% y el 2021 volvió a superar el 50%. Este año en curso, acorde a los valores de los primeros tres meses, apunta al 60%.
El FMI, los economistas liberales vernáculos, los grandes empresarios, los políticos de derecha, los medios de comunicación que los expresan y sus lenguaraces, baten el parche que el problema está radicado en que el gobierno emite moneda para cubrir sus gastos y que la principal solución es achicar el déficit fiscal. O sea: recortar los subsidios a las tarifas, hacer otro tanto con las ayudas sociales, con los aportes a las provincias, las obras e inversiones del Estado, jubilaciones, pensiones y los salarios públicos. Supuestamente así frenaríamos el aumento de los precios.
Falso e interesado, por supuesto. Macri llevó adelante esas medidas (por ejemplo, aumentó las tarifas de gas el 1.500% y las de luz un 3.700%) y bajó así el déficit primario del 2019 al 0,44% del PBI. Pero terminó su mandato ese año con el 54% de inflación; la mayor en tres décadas.
Por cierto, eso no significa que, a veces, la emisión monetaria no conlleve inflación. Si un gobierno por causas diversas y razonables, no para satisfacer los intereses del poder económico, se ve obligado a cubrir gastos del Estado con dinero en exceso, pero el aparato productivo no está en condiciones de absorber esos recursos con una oferta adecuada de bienes, tendremos una inflación de demanda.
También puede suceder que los productos indispensables que se importan para el funcionamiento de la economía en algunos países (petróleo, por ejemplo), peguen un salto en sus precios internacionales y eso genere inflación interna; la que se denomina de costos.
En algún otro caso puede pasar que, para mantener competitivo y con superávit su comercio exterior, un país con dificultades allí, como el nuestro, se vea obligado a devaluar su moneda y eso encarezca las importaciones trasladándose a los precios.
Pero, lo real y más allá de esas situaciones que describo, es que la inflación en esencia expresa la puja por los ingresos entre los distintos sectores de la sociedad. En particular en nuestro país, la de los grupos económicos nacionales y extranjeros más concentrados (incluyendo los financieros) con la mayoría de la población (clase media, trabajadores y pobres).
Analicemos esto más en detalle, empezando por el déficit fiscal que, supuestamente, es el culpable principal del aumento de los precios. ¿Qué es lo que encubre la derecha respecto de dicho desfasaje entre ingresos y gastos del Estado?
En primer lugar, que el déficit total tiene dos componentes: el primario, de ingresos y gastos generales, que es donde hacen hincapié los “monetaristas”, y el financiero, que son los préstamos y otras entradas monetarias que recibe el Estado y las deudas que paga (capital e intereses, externas e internas), sobre el que nada dicen estos muchachos a pesar de ser el más elevado claramente; con Macri, por ejemplo, en el 2019 fue del 3,8% del PBI, ocho veces más que el déficit primario.
¿Por qué solo hacen mención a este último? Porque en lo fundamental han sido los gobiernos neoliberales los que han endeudado en dólares al Estado las últimas décadas y porque bajar ese déficit financiero, el mayor, con quita de la deuda, plazos de pago largos e intereses más bajos, afectaría a los grandes bancos y fondos de inversión. Cómo se ve, primera manipulación para adjudicarle sólo a los gastos públicos no financieros el problema de la emisión.
A eso debemos agregarle que una parte no menor de la culpa de que ingresen menos recursos al Estado, y por tanto haya más déficit, es la evasión fiscal. La parte del león de esta la llevan adelante las grandes empresas sobre facturando importaciones y sub facturando exportaciones, con ventas en negro y facturas apócrifas, entre otros mecanismos, y los ricos ocultando ingresos. Plata que, por supuesto, luego la fugan luego al exterior a paraísos fiscales.
A ello debemos agregarle que los sectores adinerados en la Argentina tienen gran experiencia en resistir y evitar que les cobren los impuestos que correspondería acorde lo que ganan. De allí que tengamos un sistema tributario regresivo, donde el IVA, que pagan por igual los pudientes que los pobres, es el impuesto que más recauda. Mientras que otros más justos como ganancias, inmobiliarios rurales, herencia, etc, están por debajo de aquel o directamente no existen. La consecuencia de esta política impositiva es, en concreto, que son menores los ingresos del Estado aumentando el déficit.
Para terminar, digamos que, si en una situación de capacidad ociosa elevada en la economía (por ejemplo, cuando empezamos a salir de la pandemia), un cierto nivel de emisión monetaria produce inflación en lugar de recuperación de la oferta de bienes por mayor demanda, ya sea del Estado o de la gente, es porque los principales mercados están controlados oligopólicamente. En concreto, porque las grandes empresas que los manejan en lugar de aumentar la producción al nivel de la demanda, suben los precios para obtener la misma ganancia con menos gastos e inversión.
En resumidas cuentas, el déficit fiscal, usado como argumento principal del aumento de los precios por la derecha, en realidad no trae en general, por sí mismo, las consecuencias que argumentan. Además, en particular, en nuestro país, tiene otras razones que las que ellos dan. Por ende, cuando dicen que hay que “recortar gastos”, a lo que van en realidad es a afectar los ingresos -directa o indirectamente- de la mayoría de la sociedad para mantener o incrementar los de los sectores concentrados y pudientes.
Pero cabe agregar también, más allá de la sanata interesada de los neoliberales monetaristas, que la inflación tiene múltiples causas. A continuación, voy a señalar sintéticamente dos de la mayor importancia.
La primera está relacionada a los precios internacionales de nuestras principales exportaciones: las agropecuarias. Hace unos meses la sequía, a lo que se suma, ahora, la guerra en Ucrania, han elevado significativamente aquellos. La soja por ejemplo supera los 600 dólares por tonelada. Los mismo sucede con el maíz, el trigo, el girasol y todos sus derivados. Otro tanto con la carne por la demanda creciente de los chinos entre otros.
La Argentina produce alimentos para 400 millones de personas, pero qué sucede. En lugar de que los sectores exportadores vendan a precios internacionales a 356 millones de consumidores externos y a precios locales, más bajos, a los 44 millones de compatriotas, lo que hacen es trasladar al mercado interno aquellos valores, cotizados en dólares. De allí que la inflación en los alimentos es mayor que la general e impacta, claro está, sobre esta. Un verdadero crimen en un país que tiene 38% de pobres y dentro de ellos 3 millones de indigentes.
En concreto, los grandes productores del campo y las empresas exportadoras maximizan su ganancia (hoy aumentada no solo por los precios internacionales sino también por el valor que va tomando el dólar) a costa de la enorme mayoría de la sociedad; en particular de los que menos tienen que son 18 millones de personas.
Nos preguntamos nosotros, sería razonable que los países exportadores de petróleo hoy que el precio del mismo se ha duplicado en el mercado mundial, trasladen ese aumento a los consumidores de nafta y energía de su país. Por supuesto que no, en ningún lugar sucede eso porque sería un escándalo y temblaría el gobierno que lo permitiera. Bueno, acá pasa con los alimentos.
La otra razón de la inflación, que esconden bajo la mesa los grandes empresarios, es la que desarrollo a continuación. La economía argentina está fuertemente concentrada; en la absoluta mayoría de sus grandes ramas pocas empresas manejan porcentajes muy altos del mercado. Ni que hablar de la industria alimenticia. ¿Ahora bien, cómo se mueven estos monopolios? Se anticipan a todo posible aumento de sus costos (por ejemplo, de los salarios o de las tarifas) y suben inmediatamente sus precios para seguir garantizándose elevadas ganancias; las más de las veces muy por encima de lo razonable. Es decir, aprovechándose de su posición dominante, se aseguran para ellos la porción mayor de los ingresos en detrimento del resto de la sociedad.
En síntesis, por detrás del proceso inflacionario que vive el país de hace años, está en lo fundamental el poder económico nacional e internacional que maximiza sistemáticamente su parte de la torta de ingresos a través los precios. Ese es el grave problema que se debe abordar para buscar soluciones reales.
De allí que nuestras propuestas apuntan al corazón de lo que sucede. Hay que subir las retenciones mientras los precios internacionales de los productos agropecuarios estén elevados. Se deben congelar los precios internos por todo un período, en especial de los alimentos, mientras paralelamente se aumentan los ingresos de las mayorías populares para recuperar poder adquisitivo. Combatir en serio la evasión fiscal de las grandes empresas y, al mismo tiempo, modificar el regresivo sistema impositivo actual por uno donde paguen mas los que mas tienen. Reforzar el Observatorio de los Precios (Ley 26.992) a los efectos de que cumpla cabalmente su papel de controlar a los monopolios que los manipulan en su favor. Garantizar en serio la aplicación de la ley de Góndolas.
Finalmente avanzar con una empresa testigo en el mercado de los alimentos, como fueron en su momento la Junta Nacional de Granos y la de Carnes, para romper con el oligopolio actual allí. Algo que debió haber comenzado con la expropiación de Vicentín.
Para desplegar esa estrategia que explicitamos y tomar esas medidas en favor de nuestro pueblo, resolviendo así uno de los grandes dramas que lo agobia, hace falta un gobierno firme ante los poderosos de acá y de afuera. Algo que este visiblemente no ha demostrado. Allí tenemos, entre otros muchos ejemplos, el acuerdo que ha hecho con el FMI aceptando pagar la estafa de Macri e hipotecando el futuro de la nación.
“Mal camino el de contribuir a introducir las ideas reaccionarias y represivas de la derecha en la sociedad”, expresó Humberto Tumini sobre los dichos de Juan Zabaleta. Créditos: LM Neuquén.
La derecha argentina es la responsable directa y principal de que tengamos hoy 18 millones de pobres, de los cuales más de tres millones no cubren sus necesidades básicas, incluyendo la comida.
Esta realidad actual es, en lo esencial, el fruto de los planes neoliberales que implementaron durante largos años la dictadura con Martínez de Hoz, Menem y De la Rúa con Cavallo, finalmente Macri. Que desindustrializaron el país dejando millones de personas en la calle o con empleos en negro y precarios, que concentraron la riqueza en una minoría de ricos que la sacan afuera, que nos endeudaron con el FMI y grandes bancos que se llevan al exterior los recursos que hacían y hacen falta para invertir en nuestra economía, que promovieron la timba financiera en lugar del incremento de las actividades productivas.
No obstante, es esta misma derecha (que incluye políticos, grandes empresarios, intelectuales, medios de comunicación y periodistas afines) la que, con absoluto cinismo y habilidad, siembra en la sociedad sistemáticamente que los culpables de lo que sucede son los propios pobres que ellos generaron. Que son unos “planeros” vagos que no quieren trabajar, que viven del Estado y no pagan impuestos, que son violentos porque ocupan las calles y no dejan ir a trabajar al resto de las personas, etc, etc.
Pero resulta que, al mismo tiempo que se despliega esta infame operatoria de los reaccionarios de toda laya, el gobierno nacional, que no se cansa de vestirse con el ropaje de progresista y defensor de los que menos tienen, pone al frente de Desarrollo Social, la cartera que debería hacerse cargo del drama de la pobreza y la indigencia en la Argentina, a un ministro que le hace el caldo gordo a las ideas que siembra la derecha; contribuyendo a introducirlas más aún en la sociedad.
Dice Zabaleta: “No vamos a ampliar los planes sociales porque la gente debe trabajar”. ¿No sabe acaso este señor que el desempleo es altísimo aun y que los que consiguen laburo están en negro y cobran salarios de miseria con los que no llegan a fin de mes? ¿Desconoce que ese discurso abona el de la derecha, que dice que los pobres quieren vivir del Estado en lugar de trabajar?
Dice Zabaleta: “Les ofrecemos herramientas, máquinas y materiales para que puedan trabajar, en lugar de planes y no aceptan”. ¿Desconoce que en la actual situación económica de crisis profunda los emprendimientos populares, en los que trabajan la gran mayoría de los más humildes, sobreviven a duras penas y requieren de una ayuda del Estado para que las familias lleguen a fin de mes? ¿No sabe que eso que pregona contribuye a que la sociedad compre el retrógrado discurso de que los macristas, respecto de que los pobres son unos vagos y por eso son pobres?
Dice Zabaleta: “No voy a recibir a los dirigentes sociales mientras haya cortes que afecten el derecho de otros a ir a trabajar”. Experimentado dirigente político, ¿no sabe este ministro que el derecho a comer y a vivir con un mínimo de dignidad es un derecho superior al de transitar que se ve afectado, solo en parte, por las movilizaciones? ¿No conoce que ese discurso, que es desde siempre el de la derecha, apunta a abonar el camino de la represión a la protesta social? ¿No se lo explicó Néstor Kirchner hace 18 años atrás, ni vivió los 31 muertos de De la Rúa, ni la represión de Macri en el Congreso el 2017?
Mal camino el de contribuir a introducir las ideas reaccionarias y represivas de la derecha en la sociedad. Indigno de un gobierno que se jacta de defender a los que menos tienen. Siempre termina mal.
Parece que el acuerdo con el FMI que acaban de firmar, no solo trae ajuste a las mayorías populares. Si alguna duda cabe, ahí lo tienen al ministro Juan Zabaleta, escúchenlo.
Según Tumini, el acuerdo con el FMI “obtura en grado significativo las posibilidades de salir adelante como nación, aunque sea lentamente, en los próximos 15 años”. Crédito: Libres del Sur.
La Cámara de Diputados de la Nación acaba de aprobar el acuerdo con el FMI para pagar la fraudulenta deuda que contrajo Macri en el 2018. Seguramente esta semana que viene el mismo será ratificado en Senadores, mas allá del circo que pueda hacer al respecto la vice presidenta. Es bueno entonces, ahora, con los hechos consumados, volver a explicar lo dañino que resultará esta decisión del gobierno (con el apoyo del derechista Juntos por el Cambio); no solo en lo que falta de su mandato, sino para el futuro nacional.
En el corto plazo, este año y el que viene, tendremos alta inflación (por mayor devaluación del peso, aumento de tarifas y de alimentos) que carcome los ingresos de las mayorías populares. Como también un freno a la economía (por deterioro de los ingresos, menor capacidad importadora, encarecimiento del crédito y disminución del gasto y la inversión pública), que le pondrá límites a la lenta recuperación de aquella luego de la pandemia.
Todo ello es muy grave, por cierto, para un país que viene en crisis desde hace diez años. Con estancamiento del PBI, mas del 40% de su población en la pobreza, muy elevada desocupación e informalidad laboral y baja inversión productiva.
Pero allí no termina la cosa, lo peor es para adelante. Ya que este acuerdo con el FMI (y el que se hizo antes con los bonistas privados) obtura en grado significativo las posibilidades de salir adelante como nación, aunque sea lentamente, en los próximos 15 años.
La economía argentina tenía -y tiene- en el centro de sus problemas, como el principal y de mayor impacto en la decadencia que arrastramos de hace décadas, la “restricción externa”. Es decir, como bien explicó Marcelo Diamand en los años ’60, la estructura productiva distorsionada de nuestro país, resumiendo, llevaba a que exportáramos poco e importáramos demasiado. Esto conducía a que sistemáticamente entrara en crisis nuestro sector externo, por lo que había que frenar la actividad productiva para luego, en un par de años, volver a arrancar; lo que se denomina “stop and go”.
Andando el tiempo, aumentada nuestra población, aquel problema se fue agudizando. En particular, gobiernos neoliberales mediante (la dictadura, Menem, De la Rúa, Macri), por un creciente endeudamiento externo; por lo general de plazos cortos e intereses altos. Ni siquiera el aumento de la productividad y la producción agropecuaria (que son la mayor parte de nuestras exportaciones desde siempre) y la mejora de los precios internacionales de los granos y sus derivados, pudo ya destrabar la cuestión; salvo del 2003 al 2011 y ayudados por el default de la deuda del 2001 y la quita de capital e intereses del 2005.
En esencia y fundamentalmente, esta cuestión del sector externo es lo que explica nuestro estancamiento económico desde mediados de los ’70; con crisis recurrentes cada vez más graves y largas. A ello cabe agregar la pandemia que empeoró todo: lo social y lo productivo, como ya sabemos.
Humberto Tumini, presidente de Libres del Sur. Crédito: Santiago Fernández.
¿Qué salida tenía la Argentina de esta traumática situación? De la mano de un gobierno decidido y firme en la defensa de los intereses populares, aunque fuera paulatinamente, ir por el camino de aumentar nuestras exportaciones aliviando así el sector externo. Con los recursos que se fueran generando incrementar la inversión productiva, no solo en los sectores exportadores, sino además sustituyendo importaciones (para también destrabar con ello la balanza comercial y de pagos). Reindustrializando de esta manera el país para revertir de una vez por todas el modelo económico neoliberal que se impuso desde la dictadura en adelante; sin modificarse en lo esencial durante los gobiernos de otro signo que tuvimos.
¿De la mano de qué sectores se pueden aumentar las exportaciones en los años por venir? En lo fundamental del agro, del petróleo y el gas, de la minería. Ya que contamos con esos recursos naturales y, paralelamente, cabe esperar una importante demanda de ellos en el mundo; como también buenos precios, aunque estos tengan oscilaciones.
Ahora bien, en la extracción, transformación y exportación de dichos recursos naturales, referido a la renta de los mismos, tenemos en principio un límite importante a nivel ganancias. En todos ellos predominan largamente (en algunos casi con exclusividad) las grandes empresas locales y, sobre todo, extranjeras. La puja de la renta con ellas es y será permanente. Pero es inevitable, aun recortándoselas en algún grado, que se lleven una parte de las mismas ya que no se puede prescindir de ellas; como indica la experiencia mundial.
Por lo tanto, aún con un gobierno defensor del concepto de que los recursos naturales son para desarrollar nuestra nación, como, por ejemplo, el de Evo Morales en su momento, hay una parte de la renta que produzcan los mismos que quedará en manos de los sectores económicamente concentrados.
No obstante, con el resto de la ganancia se podía, como decimos más arriba con un gobierno firme, nacional y popular en serio, sacar al país y a su gente adelante.
Ahora bien, cómo va a impactar en esas posibilidades el acuerdo con el FMI, que se suma al anterior con los bonistas privados: muy duramente.
Acorde a los propios gráficos que presentó el gobierno, desde el 2025 (que comienzan los pagos fuertes a los bonistas privados) y el 2034 (que termina lo del Fondo) deberemos pagar largamente arriba de 120.000 millones de dólares al FMI, el Club de París, a bancos y fondos de inversión. Hay incluso años en que los pagos superan los 15.000 millones de dólares. Aun cuando haya una parte de esa deuda que se refinancie (con los condicionamientos que eso trae), habrá otra porción de capital e intereses, seguramente no menor, que habrá que abonar sí o sí.
¿Y de dónde saldrá esa plata? Son dólares, por lo tanto, de la renta que den nuestras exportaciones, fundamentalmente de recursos naturales y sus derivados, como explicamos. Por lo tanto, se restará de lo que le quede al país para inversión productiva, descontada la renta de las grandes empresas que producen aquellas exportaciones; lo que afectará directamente el crecimiento por muchos años.
Ese es el enorme daño para el país y sobre todo a los sectores populares, que este gobierno ha aceptado hacer en las negociaciones por la deuda externa que generó Macri y se fugó en gran parte.
Para empezar en las tratativas con los bonistas privados, por una deuda de 66.000 millones de dólares. En esa ocasión, en lugar de hacerle una significativa quita y poner plazos bien largos de pago, como hizo Roberto Lavagna durante el gobierno de Kirchner, Alberto solo pateó un poco para adelante la cosa, y ya del 2025 hay que pagar una enormidad de plata. Nadie del gobierno cuestionó esta negociación, que ya anticipaba hacia dónde marchábamos; tampoco Cristina ni La Cámpora.
Ahora, dicha conducta política débil en la defensa del interés nacional, se continuó en la negociación y el acuerdo con el FMI. En lugar de suspender el pago de lo que a ojos vista constituía una estafa, apenas llegada a la Rosada esta administración la fue legalizando, pagándole al Fondo durante dos años 7.400 millones de dólares de capital e intereses (a lo que no se opuso el kirchnerismo, por cierto). El moño genuflexo, al decir de Yrigoyen, se lo acaban de poner en el Congreso.
Pero las consecuencias de las decisiones de Alberto, Cristina y compañía, apoyadas y aplaudidas por la dirigencia de Juntos por el Cambio, van a recaer sobre las espaldas de los menos pudientes de nuestros y nuestras compatriotas, la gran mayoría. Poniendo nuevamente una losa sobre las posibilidades de recuperación nacional de esta calamidad que hoy nos azota.
Humberto Tumini, presidente de Libres del Sur. Crédito: Universidad Calf.
En una muestra de enorme cobardía política el gobierno argentino, incluida la vicepresidenta Cristina Kirchner (leer su engañoso twit), han condenado la intervención rusa en Ucrania. Contribuyendo de esta manera a avalar a los EEUU y los países de la OTAN que, encubriendo su responsabilidad en lo que sucede, acusan a Rusia y Putín de ser los responsables de que haya en aquel país acciones de guerra.
¿Es cierto esto? Veamos: Los EEUU y los países europeos que componen aquella alianza militar, frente al derrumbe de la Unión Soviética allá por principios de la década del noventa, comenzaron a desplegar una estrategia que, en esencia, apuntaba a desmembrar mas aún lo que quedaba de la antigua URSS; impidiendo así toda recuperación de Rusia, aún cuando ya no era ni sería comunista.
Lo explica de esta manera, en una conferencia de prensa del 2016, el ex ministro de Defensa de Bill Clinton, Bill Perry: “En los primeros años EEUU merece gran parte de la culpa. Nuestra primera acción que realmente nos puso en una mala dirección fue cuando la OTAN comenzó a expandirse, incorporando naciones de Europa del Este, algunas de ellas fronterizas con Rusia. En ese momento, trabajábamos de cerca con Rusia y se estaban empezando a acostumbrar a la idea de que la OTAN podía ser un amigo en lugar de un enemigo. Pero se sentían muy incómodos con tener a la OTAN justo en su frontera e hicieron un fuerte pedido de que no sigamos adelante con eso”.
Agrega al respecto George Kennan, ex embajador de Estados Unidos en Moscú y uno de los mayores expertos estadounidense en Rusia, el 2 de mayo de 1998 (observen la fecha) luego de que el Senado norteamericano ratificara su apoyo la expansión de la OTAN: “Creo que es el comienzo de una nueva guerra fría. Creo que los rusos reaccionarán gradualmente de manera bastante adversa y eso afectará sus políticas. Creo que es un error trágico. No había ninguna razón para esto en absoluto. Por supuesto que va a haber una mala reacción de Rusia, y luego los ‘expansores’ de la OTAN dirán ‘siempre les dijimos que así son los rusos’, pero esto está mal”.
Rusia luego de la caída de la URSS había quedado muy debilitada económica, política y militarmente. Por tanto, se veía imposibilitada de impedir este avance de los EEUU y los países europeos sobre su territorio y seguridad. De todos modos, desde que llegó Putín al gobierno en el año 2000 en reemplazo de Yeltsin, presidente que había aceptado calladamente la subordinación a las potencias occidentales de su país, empezó a reclamar cada vez mas fuerte que Rusia, una nación que a través de su historia fue invadida sangrientamente en varias oportunidades (por los mongoles, los suecos, Napoleón y Hitler), no aceptaría ser rodeada militarmente por otraspotencias.
Los EEUU y la OTAN hicieron caso omiso de dichas advertencias y continuaron sostenidamente en su estrategia de tender un cerco armado alrededor de Rusia. Incorporaron así a la OTAN, con la oposición de aquel país, a Polonia, Hungría y la República Checa. Mas tarde siguieron con Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia y Albania. Acompañaron eso con una sostenida política de desprestigio del gobierno ruso. Como dijo Henry Kissinger: “Para Occidente, la satanización de Vladimir Putin no es una política; es una estrategia y coartada para conseguir aislarlo y desacreditarlo ante el mundo”.
Pero Rusia, en el transcurso de esos años, logró irse recuperando en todos los terrenos. Así fue como ya en el 2008, sintiéndose mas fuerte y luego de hacer advertencias varias, su ejército invadió Georgia, de mucha frontera con aquel país. Lo hizo para evitar que el presidente pro occidental Mikheil Saakashvili reconquistara por las armas el territorio separatista georgiano de Osetia del Sur, un protectorado ruso. Si Saakashvili hubiera tenido éxito en la reunificación de su país fracturado, podría haberse acercado mucho más a su objetivo declarado de hacer de Georgia un candidato viable para unirse a la OTAN.
Pese a esa señal muy clara respecto de que Rusia no iba a aceptar que la OTAN la rodeara, esta, capitaneada por los EEUU, siguió adelante buscando tener a dicha nación cercada con ejércitos. Apuntaron entonces a Ucrania como el próximo objetivo. Algo de mucho mayor riesgo para los rusos por la cantidad de población, por la extensa frontera con su país y por ser, junto con Polonia, el principal corredor militar terrestre desde Alemania.
El 22 de febrero del 2014 las potencias occidentales promovieron un golpe de estado en Ucrania y reemplazaron al gobierno favorable a las relaciones con Rusia por uno amigo de aquellas; que de inmediato pidió sumarse a la OTAN y lanzó la represión con milicias filo nazis a los que apoyaban al gobierno depuesto.
La respuesta del gobierno de Putín no se hizo esperar. Su ejército tomó la península de Crimea, donde está Sebastopol, la principal base naval rusa que opera en el mar Negro y el Mediterráneo desde 1783. Territorio aquel, que recién fue incorporado a Ucrania en 1954 por decisión del entonces presidente de la URSS Nikita Kruschev, donde el 60 % de la población sigue siendo rusa.
Paralelamente, también en respuesta al golpe de estado promovido por los EEUU y la OTAN, apoyó el gobierno ruso a los opositores de Kiev en la región del Donbass, de las provincias de Donetsk y Lugansk. Y amenazó intervenir militarmente en Ucrania por primera vez.
Eso obligó al nuevo gobierno de este país a sentarse y negociar un acuerdo con Rusia. El mismo se firmó en la ciudad de Minsk, e incluía entre otras cuestiones un alto el fuego inmediato, el cese del hostigamiento del gobierno de Ucrania sobre las regiones pro rusas del país y sobre Crimea, la retirada de las milicias paramilitares y de los mercenarios amparados por aquel gobierno, como también ayuda económica para la reconstrucción de la región del Donbass.
No obstante, a poco de andar el gobierno de Ucrania violó abiertamente este acuerdo y comenzó en forma sostenida a hostigar con militares y paramilitares (muchos de estos de clara filiación nazi, como se puede observar por sus proclamas y el uso en sus banderas de la cruz esvástica) a sus opositores prorusos. En el transcurso de estos ocho años hubo 14.000 muertos en la región independientista del Donbass.
Pero las cosas no quedan allí, en abril del 2021 el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pide directamente y en abierta provocación a Rusia el ingreso a la OTAN. “Es hora de dejar de hablar y de tomar decisiones, porque no podemos seguir indefinidamente en la sala de espera”, les dice a los gobernantes de la alianza atlántica. Estos no le dicen que sí, pero tampoco que no.
A partir de ese momento la situación en la región se va tensando. El gobierno de Putín exige el respeto a los acuerdos de Minsk de parte de Ucrania, lo que no sucede. Como así también una declaración de los EEUU y la OTAN de que no sumaran a aquel país a dicha alianza militar, a lo que tampoco acceden.
Producto de todo ello es que Rusia, primero reconoce la independencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y luego, el pasado 14 de febrero, invade militarmente Ucrania. Con las siguientes exigencias expresadas por el presidente Putín: la “desmilitarización” y “desnazificación” del Estado ucraniano, la promesa de mantener su “estatuto neutro” en lugar de unirse a la OTAN y el reconocimiento de la independencia de Crimea expresada en el referéndum del 2014.
Agregando que la resolución del conflicto “solo era posible si los intereses de seguridad legítimos de Rusia eran tomados en cuenta sin condición”. Es decir, en concreto, si la OTAN abandonaba de una vez por todas la estrategia de rodearlos militarmente.
En resumidas cuentas, esas son las razones de la invasión actual de Rusia a Ucrania. Una medida claramente defensiva de su parte frente a una estrategia ofensiva y agresiva de las potencias de la OTAN con los yanquis al frente, de hace 30 años a esta parte. Que buscan encubrir, como es habitual, poniéndose de víctimas.
Es por ello una vergüenza que el gobierno argentino acepte formar parte del coro de la comparsa acompañante de los EEUU y la OTAN (la alianza militar que en defensa de los intereses de las potencias que la integran participó de las guerras de agresión en Yugoeslavia, Irak, Afganistán y Libia), en común con la derecha vernácula.
De la misma manera que debería caérseles la cara de vergüenza a aquellas fuerzas y dirigentes progresistas, de acá y otros lugares del mundo, que condenan a Rusia por defenderse de la agresión imperial, sin explicar qué debería haber hecho. ¿Acaso ponerse de rodillas y aceptar lo que le dicten para su futuro nacional los dueños de poder mundial?
Nosotros repudiamos, como lo hemos hecho siempre, la política imperial de los EEUU, sus aliados europeos y su brazo armado, la OTAN. Y reivindicamos el derecho de las naciones agredidas a defenderse. En este caso el de Rusia.
Humberto Tumini, presidente de Libres del Sur. Crédito: Santiago Fernández.
En estos días un ministro y un alto funcionario de presidencia hicieron declaraciones, cuestionando los pedidos de mayor ayuda social a los más necesitados. Como así también, las medidas de protesta que llevan adelante las organizaciones sociales que representan a gran parte de aquellos.
Juan Zabaleta dijo recientemente que “No va a haber más altas de planes sociales y no admitiré la extorsión. Sería bueno encontrar otro método de protesta que los cortes de calle, los que van a trabajar también tienen derechos”.
Por su parte Fernando “Chino” Navarro, del oficialista Movimiento Evita, declaró en el mismo sentido respecto de las movilizaciones sociales, sosteniendo que “es exagerada la virulencia del reclamo,no me gustan este tipo de protestas que afectan a los ciudadanos”.
Es visible que, desde el gobierno, para ser simpáticos a la clase media influenciada por la derecha, en su cuestionamiento a los más humildes y a su manera de resistir que los empujen a la miseria, como también para disimular la agachada que han tenido frente al Fondo, compraron los argumentos que ha difundido el macrismo respecto de lo que significan las ayudas, subsidios y planes, las organizaciones sociales y las movilizaciones que demandan soluciones.
El manual de Juntos por el Cambio al respecto (también de los supuestos “libertarios”), tan difundido, ahora ha pasado a ser usado por el gobierno del Frente de Todos. Notable y lamentable, por cierto.
Aunque algunos adelantos ya habíamos tenido en la palabra del Cuervo Larroque, cuando el desalojo de Guernica el 2020, o antes aún, cuando Berni llevó detenidos a compañeros y compañeras de Barrios de Pie a Campo de Mayo, no nos deja de asombrar.
De todas maneras y más allá del rechazo liso y llano a estas prácticas de, como el tero, poner el grito en un lado y los huevos en otro, es bueno responder a las argumentaciones usadas por estos funcionarios de Alberto.
Empecemos por los planes Potenciar Trabajo, que dicen no van a ampliar porque serán reemplazados por laburo genuino. En la Argentina de hoy dichos planes, de apenas 16.000$ mensuales, son una muy limitada ayuda a solo una parte de quienes no tienen ningún ingreso (un millón doscientas mil personas en la actualidad) o cuyas entradas producto de changas o trabajos muy precarios (dos millones de personas) están bien por debajo de la línea de pobreza. Solo en el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP) hay dos millones cuatrocientas mil personas anotadas, que viven esa situación. Recordemos que el IFE, hace apenas un año y medio atrás, lo cobraron 11 millones de compatriotas pobres.
En concreto, esa es la realidad de la Argentina actual. Más del 40% en la pobreza, de ellos el 10% en la indigencia, miles de pymes cerradas en los últimos 4 años, la inversión productiva en el subsuelo. Y los funcionarios dicen que ya no habrá más planes, los que serán reemplazados por trabajo digno. Falso, sabiendo que este es un objetivo muy genuino que todos compartimos, esconden, atrás de lo irrealizable de lograr esto en el corto plazo en la situación de la economía del país, que el FMI les exige bajar el gasto público. Esa es la verdad de la milanesa, que, como siempre sucede, saldrá a luz inevitablemente con el pasar de los meses.
Pero a esa despreciable mentira, le agregan veladas amenazas a los más humildes si protestan y se movilizan. Resulta que ahora para estos señores, al igual que para la derecha, el derecho a transitar está por encima que el derecho a tener lo indispensable para vivir. Falta que aplaudan las tapas de los diarios que tanto critican, cuando frente a la movilización social ponen en letras destacadas: “Caos de tránsito en la ciudad”.
“No nos gustan las marchas que cortan calles, deberían encontrar otra forma de protestas” dicen. Sería bueno que indiquen cuál podría ser. Algo a la japonesa, por ejemplo, encerrarse cada manifestante con su familia en su casa o casilla a pasar hambre un par de días. Que cinismo.
Cuando los trabajadores se organizaron en nuestro país, allá por finales del siglo 19 y principios del 20, empezaron a hacer huelgas en reclamo de sus derechos. Los gobiernos y patronales de aquel entonces los tildaban prácticamente de terroristas, para usar una palabra de actualidad hoy. Argumentando que sus huelgas eran una afrenta a la sociedad e irracionales. Ilegalizaban sus organizaciones, los reprimían, metían presos o echaban del país, ley de Residencia mediante. Los mataban también, como el coronel Ramón Falcón en Plaza Lorea o en los talleres Vasena y los campos de la Patagonia.
Pero la historia no se detuvo. Los hijos y nietos de aquellos trabajadores, no solo continuaron peleando, fortaleciendo y extendiendo sus organizaciones, logrando el reconocimiento legal de ellas, sino que conquistaron el rango constitucional para el derecho a huelga (Artículo 14 bis CN). Aunque cuando se ejerce inevitablemente afecta, las más de las veces, otros derechos. Acá y en todo el mundo, ya se sabe.
Ahora bien, los trabajadores se defendían y defienden con la huelga. ¿Y cómo protegen su derecho a una vida digna los más humildes, que no pueden hacer huelga en su enorme mayoría por no pertenecer ya desde hace muchos lustros a la clase trabajadora organizada? Se movilizan por calles y avenidas para hacer visibles sus reclamos.
No lo hacen como lo hicieron los propietarios rurales, en contra de la 125 que afectaba sus enormes ganancias. Tampoco como los macristas, en rechazo de las vacunas para el Covid. Ni repudiando a la Corte Suprema que, supuestamente, no funciona. Lo hacen para poder vivir: para alimentar a sus hijos, para vestirse, comprar medicamentos, pagar el colectivo y la garrafa de gas. Y afectan el tránsito, claro, aunque a Zabaleta y Navarro no les guste.
En resumidas cuentas: acuerdan con el FMI, preparan el ajuste que va a afectar a muchos millones de compatriotas y, al mismo tiempo, critican a los más humildes que defienden su dignidad y su familia con argumentos de la derecha. Una verdadera vergüenza.
Humberto Tumini sostiene que «se legitima y legaliza del todo una estafa (ya lo venían haciendo desde que asumieron), como fue el préstamo a Macri». Crédito: Universidad Calf.
Como sabemos, después de abonarle desde que asumió 7 mil millones de dólares de capital e intereses, el Gobierno nacional decidió finalmente acordar con el FMI el pago de la totalidad de la deuda que contrajo Macri en el 2018. Desde ahora hasta el 2024, en 12 cuotas trimestrales, el Fondo proveerá unos U$S 45.000 millones a través de un préstamo Stand-By, para que el Gobierno le vaya pagando al propio Fondo; es decir, en criollo, un pasa mano. A partir de allí y por diez años, hasta el 2034, en otro acuerdo denominado de Facilidades Extendidas, la Argentina irá saldando la nueva deuda con aquella institución.
¿Qué significará para el país y la mayoría de su gente este acuerdo con el FMI que el gobierno del Frente de Todos se apresta a aprobar, seguramente en marzo y con el apoyo de la oposición de Juntos por el Cambio (acá no hay grieta), en el Congreso?
Hay cuestiones que están muy a la vista y han sido explicitadas con claridad públicamente. En primer lugar, que dada la magnitud de la baja exigida del déficit fiscal y de la emisión monetaria, sumado a los 5 mil millones de dólares que hay que acumular de reservas por año, a una mayor devaluación y a la suba de la tasa de interés también acordada, tendremos, aunque el Gobierno lo niegue, un ajuste acompañado de un freno de la recuperación económica luego del impacto de la pandemia.
En segundo término, que se agrede nuestra soberanía política al aceptar que cada tres meses venga una delegación del Fondo a controlarnos las cuentas y ver si hacemos bien los deberes.
Finalmente, que se legitima y legaliza del todo una estafa (ya lo venían haciendo desde que asumieron), como fue el préstamo a Macri. Otorgado por razones políticas (intentar que fuera reelecto) y que mas tarde no fue usado para resolver los problemas del país, sino que terminó en manos de bancos, grandes empresas y gente rica; como el propio Fondo ha reconocido.
Pero estas consecuencias, con la gravedad que ameritan, no es, muy probablemente, lo peor para la Argentina de este acuerdo que se va a extender, de piso, hasta el 2034.
Como sabemos, el gobierno de Macri no solo se endeudó con el FMI, sino también con fondos de inversión y grandes bancos extranjeros. La totalidad de la deuda que contrajo estuvo por encima de los 100.000 millones de dólares.
La que correspondía a los acreedores privados, U$S 66.000 millones, la negoció Guzmán en el año 2020. Lo que hizo al respecto, con la aprobación de Alberto, Cristina y el resto del gobierno, fue simplemente patear dicha deuda para adelante después de mucha alharaca. Sin ninguna quita de capital y pagando intereses ya desde el 2021; muy lejos de lo que hicieron en el 2005 Néstor Kirchner y Lavagna.
Esa deuda con los privados comienza con pagos cada vez mayores desde el 2025 y se extiende hasta el 2035. Es decir, que se superpone con lo que hay que pagar al FMI durante el mismo período. En los años de mayores erogaciones, del 2027 al 2032, las mismas estarán cómodamente por encima de los 15.000 millones de dólares anuales.
¿Qué significa esto y por qué es lo mas grave que nos va a suceder? Nuestro país tiene un problema severo en el sector externo que, por falta de exportaciones y demasiadas importaciones, se vuelve deficitario reiteradamente. Cuando eso sucede, se viene la crisis, hay que frenar la economía, devaluar la moneda y todo lo que sabemos.
¿Cuáles son los sectores exportadores que pueden generar divisas en el futuro mas o menos cercano, para intentar resolver ese drama que tenemos de hace muchísimo tiempo? El campo, la agroindustria, el petróleo y el gas de Vaca Muerta, la minería, litio incluido; en menor medida la pesca y la industria del conocimiento. El resto de la industria exporta bastante, un tercio del total, pero también importa significativamente, por lo que no aporta divisas.
Ahora bien, en todos los sectores con capacidad exportadora, actual o en los próximos diez años, que ingresan o ingresarán dólares, hay una parte de la ganancia que se la quedan las empresas multinacionales y se la llevan al exterior a sus casas matrices. Otra porción va a la mano de los capitalistas vernáculos, que en una cierta proporción la destinan también, de diversas maneras, a sus negocios fuera del país.
Los dólares que restan y restarán de dichas exportaciones son los necesarios para cubrir importaciones imprescindibles para el desarrollo económico, como bienes de capital y muchos intermedios. También para la inversión en el país, de manera, entre otras cosas, de sustituir productos extranjeros y favorecer otras actividades exportadoras. Es la posibilidad para ir por un rumbo de desarrollo y superar la restricción externa en el tiempo.
¿Ahora bien, cómo vamos a lograr esto si tenemos que pagar una enorme deuda externa de acá al 2035? No es posible, tendremos una losa puesta encima de las posibilidades de crecimiento por mas de una década, por lo menos.
¿Qué ha negociado este gobierno de la deuda que dejó Macri, con los privados primero y con el FMI después? Nada mas y nada menos que, de los dólares que el país puede esforzadamente generar para salir adelante, solo el 20% sea para inversión productiva aquí y el 80% restante se lo lleven los acreedores externos. No hay salida para la Argentina con este acuerdo, no solo en el corto plazo, sino tampoco en el mediano y largo. Por eso nos oponemos rotundamente al mismo.
